“Los que quieran ganar con la devaluación que esperen otro gobierno”, dijo Cristina en 2013. Una maniobra distraccionista para ir avanzando en ese sentido, que terminó ahora con un verdadero mazazo al llevar el dólar a 8 pesos. Un golpe devaluacionista que genera más inflación y bajos salarios, ocasionando un verdadero saqueo popular, como lo mostramos en páginas centrales.

¿A quién culpa el gobierno de sus medidas?

“Son los mismos de siempre... los bancos... los que nos llevaron al 2001 ...”, agregó la presidente. La ministra Débora Giorgi dijo que fue “un ataque a los argentinos”. Capitanich, de los “grupos concentrados”. Lo mismo D ́Elía. Y el ministro sin cartera Hugo Yasky fue aún más explícito (ver página 3). Hablan de un supuesto intento de golpe para justificar llevar el dólar a 8 pesos. Sabemos que la campaña oficial puede generar confusión sobre si hay en curso “una mano negra” que quiere desestabilizar al gobierno o que se adelanten las elecciones. Nada más alejado de la realidad.

Algunos recuerdan al gobierno de Raúl Alfonsín de los 80, que se fue en medio de saqueos y la hiperinflación, o la Alianza en 2001. Entonces, la UCR culpó a “un golpe de mercado”. Todo para encubrir que los radicales aplicaron diversos planes de ajuste al servicio del FMI y el imperialismo para pagar una deuda externa usuraria. Aunque en otra situación, lo mismo se quiere hacer ahora.

No hay que dejarse engañar. El gobierno se pone en víctima para encubrir que acaba de protagonizar una medida de ajuste clásico, beneficiando a los monopolios formadores de precios y a los grandes exportadores (en su gran mayoría multinacionales).

El gobierno vino hablando de “desestabilización” desde siempre. Volvió a reflotar la idea con el reciente reclamo salarial del personal policial de bajo rango -fogoneado por sus salarios miserables-. Antes, acusó de “complicidad con los bonistas de la deuda” a los trabajadores del INDEC, para justificar la intervención. Y así podríamos seguir.

Además, los Massa (y el resto del peronismo anti k) y los Alfonsín, Binner, Carrio, Cobos, Pino Solanas (Unen/UCR/FAP), han dicho mil veces que quieren que Cristina llegue al 2015. Nadie fogonea un reemplazo presidencial ahora. Porque quieren que sea el kirchnerismo el que aplique el ajuste, y porque la propia tropa opositora no ha generado ninguna alternativa sólida para seguir garantizando las ganancias empresariales como se vino haciendo en estos años. Su “plan alternativo” es pedir acelerar el ajuste (“sincerar la economía”) y la baja de retenciones a las patronales del campo. No tienen una diferencia de fondo con el gobierno, solo de ritmos.

Lo que empezó a hacer el kirchnerismo, ahora más claramente, es aplicar “la agenda” de lo que él mismo viene denunciando como reclamada por “la derecha”: devaluar, subir tarifas, achicar el gasto público, pagarle al Club de París, indemnizar a Repsol, pagar los juicios en el Ciadi a multinacionales supuestamente perjudicadas en 2001 y hacer buena letra con el FMI (actual socio nac and pop en la confección del nuevo IPC).

Y la burocracia sindical, que siempre refleja a sectores patronales, sea la oficial (CGT-Caló y Yasky) o la opositora (Moyano-Barrionuevo), tampoco quieren agitar olas.

Aunque pudiéramos admitir por un segundo que la versión de la desestabilización es cierta, nos preguntamos... Si son los bancos, señora presidente, ¿por qué no los nacionaliza y solo se limita a labrar algunas actas a los “arbolitos” de calle Florida? Si los empresarios suben impunemente los precios ¿por qué no les aplica la ley de abastecimiento que permite multarlos, decomisarlos, cerrar sus establecimientos y hasta ponerlos presos? Si 10 multinacionales cerealeras que concentran el 96% de las ventas al exterior acaparan en silobolsas, ¿por qué no se las frena declarando el monopolio estatal del comercio exterior?

Estas medidas no están -ni estuvieron, ni estarán- en la agenda del peronismo kirchnerista. Porque su “modelo” está para lo opuesto. Para que hagan fortuna los bancos (los que más ganaron en esta década), las petroleras (Repsol, ahora Chevron); la Barrick, las grandes automotrices, los pooles de siembra, las cerealeras (Cargill, Dreyfus, Aceitera General Deheza); los empresarios privatizadores del ferrocarril (Cirigliano, Metrovías); Telecom y Telefónica; Edesur y Edenor. No se explica, si no, cómo el kirchnerismo concentró y extranjerizó aún más la economía que gobiernos anteriores.

Las riñas en el gabinete no son para ver cómo mejor enfrentar a los supuestos “desestabilizadores”, sino que obedecen: 1) a qué manotazo de ahogado apelará el gobierno ante la crisis del “modelo” económico que tiene como norte juntar dólar sobre dólar para pagar una deuda externa usuraria, financiar el saqueo energético y seguir subsidiando las ganancias empresarias; 2) a la crisis política que embarga al kirchnerismo desde la derrota electoral que enterró las ansias reeleccionistas de Cristina y no tiene figura de recambio. Scioli es resistido por el riñón oficialista; Insaurralde quedó fuera de pista; a Capitanich lo jugaron a lo Messi, pero quedó más devaluado que el peso y otro que viene detrás, como el entrerriano Uribarri, solo puede ser recibido con aplausos en alguna fiesta pueblerina del interior de su provincia, pero dista mucho del carisma necesario para abortar otra segura derrota en 2015.

La campaña oficial del golpe tiende a meter miedo, para que los trabajadores acepten el ajuste y no salgan a pelear. En esto está el kirchnerismo, la oposición patronal y todas las alas de la burocracia sindical. Así fue el discurso de ayer (ver recuadro).

Todos están unidos para librar una cruzada contra la clase obrera, para que “sea responsable” en los reclamos salariales. ¿Pero qué herramienta tienen los trabajadores para enfrentar este nuevo saqueo si no es la organización y la lucha?

Hace falta un plan de lucha, por una suma fija de 3.000 pesos y 10.000 de básico para todos los trabajadores; frenar los despidos y suspensiones; el tarifazo y ajustazo en curso; que se elimine el impuesto al salario y se los impongan a los de arriba, y se termine el trabajo en negro y precarizado. Denunciando y exigiendo a los dirigentes sindicales que rompan la tregua y llamen a luchar.

Ante la crisis, como lo ha señalado el Frente de Izquierda, hay que tomar medidas de fondo. Las mismas a las que se niega el gobierno y también la oposición patronal. Solo el Frente de Izquierda propone un plan económico alternativo al servicio de las mayorías populares. Que se deje de pagar la deuda externa, la cual sigue desangrando al país desde hace 40 años. Que se nacionalice la banca y el comercio exterior. Que se reestaticen las privatizadas bajo control obrero. Poniendo los resortes fundamentales de la economía en manos de los trabajadores y el pueblo, no al servicio de las grandes patronales, multinacionales y el imperialismo.

En ese marco, seguir impulsando la construcción de una alternativa política de los trabajadores y la izquierda. El FIT ya fue una referencia electoral obteniendo un millón doscientos mil votos en octubre. Izquierda Socialista llama a fortalecer al FIT, con una política unitaria, para preparar una salida de fondo ante futuras crisis, luchando para que las paguen los grandes empresarios, no los trabajadores.

1 millón de nuevos pobres

Con los aumentos de precios de octubre a enero, los pobres ya son un millón más. El total de pobres ya alcanza los 12,5 millones de personas.