Escribe: Laura Marrone (Legisladora electa por Izquierda Socialista en el FIT)

Casi 17.000 alumnos en la incertidumbre sobre su futuro escolar en Ciudad de Buenos Aires. En el 2013, el Ministerio de Educación de Ciudad contrató una empresa para realizar la inscripción on line de alumnos, función que siempre ejercieron los docentes en cada escuela. Dilapidó 16 millones de pesos y de este modo continuó con la política de tercerización laboral de la ciudad.

Al quitar la decisión de la matrícula a las escuelas y centralizarla en el ministerio, apuntó a reducirla, por ejemplo, impidiendo el acceso de alumnos que vienen de provincia de Buenos Aires, a la par que sobrecargaba con más de 30 alumnos algunas secciones de grado y cursos con el propósito de cerrar otros.

El resultado fue un desastre. Quedaron afuera hermanitos, no tuvieron en cuenta la continuidad en el mismo establecimiento en el pase de un nivel a otro, por ejemplo de inicial a primaria, o dieron vacantes a kilómetros de la residencia. Desesperadas, muchas familias fugarían hacia escuelas privadas por un lado, y otros, por sus escasos ingresos, quedarían desescolarizados. El caso ha dejado visibilizado que, tal como reclaman desde hace años familias y docentes, faltan escuelas en la zona sur donde hay crecimiento poblacional y ninguna planificación urbana y en el nivel inicial de toda la ciudad. Familias y docentes organizaron una multisectorial. Concentraciones, asambleas y mesas en los parques ardieron durante el caluroso verano. La respuesta del gobierno ha sido confirmar que entre 7 y 9.000 chicos quedarán sin vacantes en el nivel inicial. Para otros habrá 41 aulas contenedores que costarán más de 26 millones de pesos. ¡En total 41 millones de pesos dilapidados que pudieron haber servido para construir al menos 6 escuelas completas!

En Ciudad no falta plata. Solo para educación privada el gobierno deriva 2.000 millones de pesos que, re-direccionados a la educación pública servirían para construir escuelas, pagar buenos salarios a docentes y no docentes, revirtiendo así el proceso de privatización y fortaleciendo la educación pública para toda la población.

Desde el Bloque de la Legislatura del FIT, que hoy desempeña Marcelo Ramal del PO, presentamos un proyecto de ley que propone la conformación de una comisión integrada por sindicatos docentes, familias y supervisores escolares cuya función será controlar la inscripción de la matrícula de este año para que ningún alumno o alumna quede sin vacantes en la escuela pública, así como un plan de construcción de aulas y escuelas de acuerdo a la demanda no satisfecha 2014 y la que se prevea para el 2015.