El gobierno de Cristina abonará 5.000 millones de dólares (con intereses suman casi 12.000) por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Lo hará aumentando el endeudamiento externo.

Por José Castillo

Lejos, muy lejos, quedaron las bravuconadas del doble discurso de Axel Kicillof en abril de 2012, tal como "no le pagaremos un peso a Repsol" o "si nos preguntamos cuánto es la valuación de las acciones expropiadas, tenemos que restarle los 'pasivos ambientales' (daños por desastre ecológico) causados por Repsol, y el endeudamiento que nos deja".

Ahora, en un espectacular giro, es el mismo Kicillof el que anuncia y firma con los españoles el nuevo y definitivo acuerdo: el gobierno argentino le pagará a Repsol 5.000 millones de dólares. Para ello emitirá bonos de la deuda que, por supuesto, tendrán su respectivo interés. Pero la multinacional española no tendrá que esperar a su vencimiento para hacerse del efectivo. Está autorizada por el acuerdo para vender los bonos en los mercados especulativos internacionales ya mismo. Y sí, al hacerlo, éstos cotizan menos que su valor nominal, el estado argentino, en una cláusula sin precedentes que quedará en los anales del entreguismo, le dará a los españoles nuevos bonos, hasta que estos efectivamente se hagan de los 5.000 millones de dólares "cash".

Lo que sucederá en la realidad es que el gobierno terminará emitiendo nuevos bonos de deuda por valor de 6.000 millones de dólares que, sumados a los intereses que éstos generarán, aumentarán la deuda externa argentina en casi 12.000 millones de dólares. Así, de un saque. ¿Dónde quedó el viejo "discurso del desendeudamiento"? 

Sin que se le caiga la cara de vergüenza, el gobierno de Cristina argumenta que "la compra de YPF" terminó saliendo "barata". ¡Mentira atroz! Repsol tenía en sus libros esas acciones de YPF por un valor de 2.300 millones de dólares. ¡Menos de la mitad de lo que va a recibir! Además, el gobierno argentino renuncia a cualquier juicio por daños ambientales o a reclamarle a Repsol por las incontables inversiones no cumplidas.

Todo esto es el capítulo final de la vulgar mentira que la expropiación del 51% de las acciones de YPF garantizaría la nueva "YPF nacional y popular", en el camino de recuperar la soberanía y el autoabastecimiento. Apenas quitada la mayoría de la empresa a los españoles (que, sin embargo, aún conservan el 18% de las acciones), el kirchnerismo colocó como presidente a un hombre que había estado comprometido con los primeros años de la privatización menemista y que luego trabajó para los pulpos petroleros británicos: Miguel Gallucio. La empresa, ya sin los españoles, jamás fue "reestatizada", sino que se le mantuvo el status de empresa privada (Sociedad Anónima). La gestión kirchnerista salió a asociarse en los negocios con las transnacionales del petróleo yanquis, y lo consiguió con el acuerdo con Chevron. Así se firmó el escandaloso pacto entreguista de Vaca Muerta, que no sólo autoriza al más absoluto saqueo, sino que abre en nuestro país el permiso para la utilización de la contaminante tecnología del racking, denunciada cientos de veces en todo el mundo.

Se ha consumado ahora un nuevo capítulo de esta escandalosa entrega. El acuerdo tendrá que ser refrendado por el Congreso. Los diputados del Frente de Izquierda denunciarán todo esto y se opondrán firmemente. Desde Izquierda Socialista, a su vez, planteamos la necesidad de luchar por la reestatización de todo el negocio gasífero-petrolero, expropiando al 100% de los accionistas de YPF sin indemnización, rescindiendo también los contratos de las otras empresas que saquean el gas y el petróleo en la Argentina, nacionalizándolas, para construir una gran empresa estatal integrada, gestionada por sus trabajadores y técnicos, una verdadera YPF al servicio de las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo.

Cristina defiende la privatización menemista

No fue una declaración más. En el ámbito institucional del discurso de inauguración de las sesiones del Congreso, la presidente Cristina Fernández de Kirchner recordó, por primera vez, lo que hace años venimos denunciando: que Néstor Kirchner, entonces gobernador de Santa Cruz, fue un actor fundamental para la aprobación de la privatización de YPF por el menemismo. 

Lo "nuevo" es que ahora Cristina no sólo lo reconoce, sino que lo defiende, afirmando que la privatización fue "muy buena para las provincias". Además del saqueo que casi nos deja sin gas ni petróleo, ¿habrá sido "muy buena" para los trabajadores de Las Heras, que lucharon años contra la superexplotación y enfrentan hoy causas con cadena perpetua? ¿O para los habitantes de Cutral-Có o Tartagal, que vieron a sus ciudades convertirse en pueblos fantasmas? Quizás, sí, "muy buena" para los Kirchner y sus testaferros, que se embolsaron cientos de millones de dólares en regalías depositadas en bancos suizos de las que, aún hoy, se desconoce su destino.