Más de 150.000 personas se manifestaron el pasado sábado 3 de mayo exigiendo la legalización de la marihuana y el cese de la persecución a los consumidores y autocultivadores. El gobierno mira para otro lado.

Escribe: José Castillo

La Marcha Mundial de la Marihuana es un evento que se viene realizando todos los primeros sábado de mayo desde el año 2009 en decenas de países del mundo. En Argentina, su convocatoria es, año a año, cada vez más masiva. Decenas de miles de jóvenes reclaman, simplemente, que no se los persiga más por fumar un “porro” o por tener una plantita de cannabis en su casa, mientras denuncian que policías, jueces y políticos patronales hacen la vista gorda o son escandalosamente “socios” de los narcotraficantes.

Desde Izquierda Socialista nos pronunciamos tajantemente a favor de la legalización, no sólo de la marihuana, sino del conjunto de las sustancias psicoactivas llamadas “drogas”. Porque la ilegalidad y el prohibicionismo sólo ha llevado a perseguir a los consumidores (en su mayor parte jóvenes, y más fácilmente judicializables si son de sectores populares), mientras que ha asegurado superganancias a las mafias y bandas de narcos que lucran con esa situación de “ilegalidad”. Declarar “ilegal” una sustancia abre el juego a las organizaciones clandestinas que crecen y se fortalecen mientras “arreglan” con el poder de turno. El dinero multimillonario que obtienen, a la vez, luego es “blanqueado” con la complicidad de bancos y grandes corporaciones multinacionales.

Por eso es tan hipócrita el llamado “combate al narcotráfico” que dice sostener el imperialismo, principalmente yanqui, que lo utiliza como excusa para intervenir militarmente en países semicoloniales, mientras se ha descubierto que la propia CIA (Central de Inteligencia yanqui) llegó a estar involucrada en la distribución de crack en las calles de Los Angeles. Por otra parte, fue en el mismísimo Estados Unidos de la década del 20 donde se dio el mayor fracaso de la política prohibicionista, cuando se instauró la “Ley Seca” que prohibía la venta y consumo de alcohol. El florecimiento de las mafias, la destilación clandestina y el propio aumento del alcoholismo, llevaron a los mismos yanquis a tener que dar marcha atrás diez años después. Sin embargo, mientras que hoy el alcohol, el tabaco y montones de psicofármacos que generan millonadas son considerados “legales”, hipócritamente se mantiene en la “ilegalidad” a otra serie de sustancias, tal el caso de la marihuana.

“Legalizar” no significa fomentar el uso descontrolado de sustancias psicoactivas de ningún tipo (ni las hoy ilegales, ni las actualmente permitidas como el alcohol, el tabaco o las drogas de venta farmacéutica). A lo largo de la historia de la humanidad, todas las sociedades han tenido distintas sustancias estimulantes que se utilizaron para diversas prácticas (rituales, espacios de experimentación, o usos medicinales). Su uso controlado y en cantidades moderadas nunca generó problemas. La particularidad del capitalismo imperialista es que cada vez más hay sectores sociales son llevados a un consumo compulsivo (y de ahí a la adicción y autodestrucción) como única forma de sobrellevar una vida vacía de sentido y sumida en la superexplotación.

Ante la realidad del consumo de estas sustancias, la legalización es la única salida. Porque terminaría con las redes clandestinas de narcotraficantes y sus consecuencias de violencia, inseguridad y muertes. También porque la regulación de la producción y distribución por parte del estado permitiría determinar qué es exactamente lo que se va a consumir y realizar campañas de prevención explicando las consecuencias de su uso abusivo (como las que se realizan actualmente con el tabaco). Y, por sobre todo, porque haría que aquellos que sufren adicciones reciban, como corresponde, tratamiento del sistema de salud pública y no “penalizaciones” policiales, como sucede actualmente.

¿El gobierno lucha contra el narcotráfico?

El Secretario de Seguridad, Sergio Berni, hace poco reconoció que en la Argentina hay 500 pistas clandestinas a disposición de las redes del narcotráfico. La ciudad de Rosario ya hace un par de años aparece como “tomada” por los grandes carteles internacionales. En varias villas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se replican las estructuras existentes en los barrios marginales de Brasil, Colombia o México, con “puestos de venta” fijos, controlados por “soldados” (pibes marginales a los que normalmente se le paga con paco), que a la vez cuidan las “cocinas” de la droga. En los últimos meses llegó a nuestro país, incluso, la triste realidad de los “sicarios”, con sus muertes por encargo. No es un fenómeno nuevo. Acaba de trascender que la muerte del hijo de Carlos Menem en 1995 en un supuesto “accidente” de helicóptero estuvo relacionada a supuestas deudas y traiciones vinculadas al lavado de dinero del narco colombiano Pablo Escobar. La propia Zulema Yoma, ex esposa de Carlos Menem, aseguró que el ex presidente habría reconocido que fue un atentado.

En este marco suena ridícula la “puesta en escena” de Berni, quien llegó a decir que con sus operativos en Rosario “ahora la población está tranquila y puede volver a tomar mate en la puerta de su casa”. El gobierno de Cristina va desde el “pase de la pelota” de Capitanich, que sostiene que “la inseguridad es competencia de las provincias”, a directamente negar que sea un problema, mientras todas las encuestas afirman que es una de las principales (o la principal) preocupación de la sociedad.

No hay verdadera lucha contra el narcotráfico, ni combate a la inseguridad, si no se parte de reconocer la complicidad entre las fuerzas de seguridad (policías, gendarmería y prefectura), los jueces corruptos y los gobernantes de todos los niveles (desde el kirchnerismo a nivel nacional, pasando por el “socialismo” santafesino, la Córdoba “narco” de De la Sota o los barones del Conurbano). Por eso se impone desmantelar estos aparatos, castigar y condenar a los corruptos y apelar a la autoorganización de los vecinos y a la elección popular de jueces y comisarios.

J.C.