Los pagos al Club de París de una deuda que viene de la dictadura. Las declaraciones antiobreras de la presidente y su ministra Débora Giorgi en apoyo a la multinacional Gestamp, proponiendo una salida represiva contra los trabajadores despedidos. Y la brutal corrupción del vicepresidente de la Nación Amado Boudou citado por un juez para tomarle declaración indagatoria, muestran a las claras el sendero que le toca recorrer al kirchnerismo en su tramo final.

Los pagos de la deuda externa al Club de París (en beneficio de gobiernos imperialistas, multinacionales y banqueros), con el apoyo de la oposición patronal de los Macri, Massa y compañía, haciéndolo pasar como un “excelente y gran acuerdo”, es una nueva entrega a manos de los pulpos extranjeros. Cristina sigue de este modo con la política de los gobiernos anteriores. El propio gobierno reconoce que hubo una participación determinante para lograr el acuerdo de “grandes empresas de los países acreedores que vienen haciendo buenos negocios en el país” (Página 12, 1/6). ¿De quiénes habla? De Volkswagen, Mercedes Benz, Bayer, Adidas, Monsanto, Johnson y Johnson, Honda, Fiat, Shell, Fiat, Iveco… ¡Las mismas que están suspendiendo y despidiendo trabajadores y saqueando al país! ¡Mientras Cristina y La Cámpora hablan de “combatir a las corporaciones”! ¡Mentirosos!

El mismo Kicillof dijo que esto no va a garantizar que vengan capitales extranjeros (lo único seguro es que van a salir capitales de Argentina). Y es un verso que el acuerdo fue “sin el FMI”. El FMI actúa en tándem con el Club de París. Su propia titular, Christine Lagarde, ha dicho “esperamos que Argentina continúe así”.

Las declaraciones de Cristina Kirchner y su ministra Débora Giorgi llamando a no acatar la conciliación obligatoria decretada inicialmente por el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, han demostrado una clara política antiobrera del gobierno peronista K. De complicidad con una multinacional negrera. Ahora, con la anulación de la conciliación por parte del ministerio bonaerense, queda claro que Scioli es parte de esta misma política.

La ministra Giorgi se preguntó “cómo puede ser que los trabajadores no acepten las suspensiones?”. ¡Quiere decir que está a favor de la desocupación! Y por si fuera poco, el gobierno se manifestó por una salida represiva, en consonancia con la conducción del Smata. Trató de “ilegalidad y extorsión” a 9 trabajadores desesperados que se subieron a un puente grúa para defender sus puestos de trabajo y el de sus compañeros. En complicidad con el burócrata oficial del Smata, Ricardo Pignanelli, y sus delfines (internas y delegados de grandes fábricas que le responden) quienes, mediante una solicitada, hablaron de terminar con la “irracionalidad, violencia y anarquía”… ¡cuando es el propio gobierno nacional y la empresa Gestamp quienes están en la ilegalidad sin respetar la primera resolución del ministerio! Es un verso del gobierno cuando dice que “defiende las fuentes laborales”. Lo mismo hicieron Cristina y Randazzo hace poco con los ferroviarios, tildándolos de extorsionadores por hacer trabajo a reglamento en defensa de sus derechos y y por deudas no pagadas por el gobierno.

A esto se suma la corrupción de Boudou. Que, como siempre dijimos, no se trata solo de un problema “personal” del delincuente vice presidente, sino que la corrupción es esencialmente del “modelo” kirchnerista. En este caso, comprometiendo a todo el gobierno nacional y a sus funcionarios ya que, para quedarse con la empresa que imprime billetes, Cicconne, todo el kirchnerismo actuó como una verdadera asociación ilícita para pergeñar el negociado y beneficiar a Boudou. Este gobierno se está mostrando como uno de los más corruptos de la historia. Sus funcionarios defienden un modelo económico al servicio de las multinacionales y el imperialismo. Hoy es Boudou. Igual que Lázaro Báez. O los negocios del zar del juego, Cristóbal López. La corrupción y desidia ante la masacre de Once provocada por las privatizaciones menemistas que este gobierno prosigue. Jaime, De Vido, la ex ministra de Economía, Michelli, a quien le encontraron una bolsa de dólares en el baño, entre un largo etcétera. Boudou tiene que ir preso como cualquier hijo de vecino. “Indagarlo” y que dé un paso al costado, es seguir dejando a los delincuentes de guante blanco en la impunidad, como Menem, Cavallo o De la Rúa, mientras se persigue a los que luchan.

Ante este modelo “corrupto, antiobrero y entreguista” que está descargando la crisis sobre las espaldas de los trabajadores (con salarios y jubilaciones de pobreza, suspensiones y despidos, pagos de la deuda externa, devaluación y aumentos de los alimentos y bebidas, generando más pobreza e indigencia), es necesario seguir luchando. Como lo están haciendo cientos de miles de trabajadores. De las automotrices, bancarios, químicos, metalúrgicos. Ante ello, Caló, titular de la UOM y de la CGT oficial, ha pedido que se pasen los despidos para dentro de unos meses. ¡El titular de la CGT está a favor de que se ataque la estabilidad laboral! Su prédica de que hay que resignar salario para cuidar los puestos de trabajo es un verso. Aunque la situación lo ha obligado a apoyar el paro de los metalúrgicos de Córdoba del miércoles pasado.

Pero lo más lamentable es el rol de la CGT opositora de Hugo Moyano, que se limita a hacer declaraciones en los diarios, jactándose de que en sus gremios no tiene cabida la izquierda “porque luchan”, a diferencia del avance del sindicalismo combativo en los gremios industriales de la CGT oficial. Pero no mueve un dedo para frenar las suspensiones y despidos. Dejando solos a los trabajadores de Gestamp, Lear y demás automotrices, cuando miles de ellos pararon ante el llamado al paro general del 10 de abril.

Hay que reclamar desde cada lucha y lugar de trabajo que Moyano abandone sus marchitas y le dé continuidad al paro del 10 (ver páginas centrales). Que convoque urgente a una gran marcha a Plaza de Mayo. Y llame a un nuevo paro general de 36 horas como parte de un plan de lucha nacional. Para frenar los ataques antiobreros del gobierno, contra el ajuste de Cristina y para que la plata que se usa para pagar la deuda externa vaya a trabajo, salario, jubilaciones, salud, educación y viviendas populares.