Escribe: Angélica Lagunas • Diputada Izquierda Socialista/FIT

Un importante debate se ha desatado en la provincia y el país sobre la futura Ley de Hidrocarburos, ya que el descubrimiento de las reservas de petróleo y gas no convencional (hidrofractura) en la formación geológica neuquina llamada “Vaca Muerta”, podría transformarse en la producción de energía más importante de cara al futuro para evitar el pago anual de 14.000 millones de dólares en la importación de combustible. La urgencia del gobierno llevó a la firma del acuerdo secreto con Chevron, aprobado en el Congreso Nacional y en la legislatura neuquina tras una jornada de gran represión. Allí, Cristina y Sapag entregaron a esa multinacional yanky una porción de Vaca Muerta hasta el año 2048. Ni el gobierno nacional ni el provincial defendieron la renta petrolera. Estuvieron unidos en la entrega.

Hoy, ante la profundización de la crisis económica, empezó la discusión de fondo, de cómo hacer el negocio petrolero. Y surgieron diferencias entre el gobierno provincial y el nacional, ya que el proyecto nacional de nueva ley de hidrocarburos hace hincapié en el control total de YPF sobre la firma de los contratos con las multinacionales imponiendo un tope a las regalías y a los impuestos provinciales. Mientras el provincial exige que se acepte la participación de la empresa provincial Gas y Petróleo en las negociaciones y se le autorice el cobro de algún impuesto local como ingresos brutos, canon ó “acarreo” (participación en las ganancias).

El debate ha entrado en la legislatura provincial. Los diputados oficialistas del MPN quieren sacar una resolución oponiéndose al proyecto nacional por las diferencias mencionadas. Desde la banca del FIT no apoyaremos esa resolución porque no nos engañamos: ni YPF defiende los intereses del pueblo argentino, ni GyP el de los neuquinos. Unos y otros, lo que discuten, es quién entrega la renta petrolera a las empresas internacionales (Chevron, Total, Wisenthal, Panmerican Energy, Esquenazi) para quedarse con una porción menor de la misma, vía exiguas regalías o bajísimos impuestos provinciales. Pero ni Cristina ni Sapag se proponen el control de la gran torta de la renta petrolera que seguirá en manos de los privados, y que encima, en nuestro país, son los que miden y contabilizan la cantidad de metros cúbicos de gas y petróleo extraídos, y a partir de esos registros liquidan para el país las regalías más bajas del mundo. No habrá ninguna mejora para el pueblo argentino y neuquino mientras las dos terceras partes del negocio de gas y petróleo sigan en manos de los privados. Para recuperar realmente el control de la renta del petróleo y el gas necesitamos la estatización total de la industria petrolera, quitando todas las concesiones e integrando todos los pozos y las refinerías en una nueva YPF 100 por ciento estatal, que debería tener el control de los trabajadores y el monopolio en la contratación de servicios.