En medio de su pelea con Clarín, el kirchnerismo modificará la Ley de Medios para permitir el acceso de las telefónicas al negocio de la televisión por cable 

Escribe: José Castillo

Cuando se discutía la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), en el año 2009, muchos advertimos y denunciamos que, lejos de fomentar la “pluralidad de voces”, estaba la intención del gobierno de privilegiar a las privatizadas telefónicas, abriéndoles el negocio de poseer canales de televisión, radios y empresas de cable. El kirchnerismo, que en aquel momento tenía una apretada mayoría en el Congreso, negoció con la centroizquierda (fundamentalmente con Binner y Claudio Lozano) poner en la ley un artículo que prohibía expresamente a las telefónicas el ingreso a este negocio. Así, obtuvo los votos para aprobarla.

Pero el gobierno nunca dejó de buscar la forma de privilegiar a las telcos (multinacionales de la telefonía). De hecho, todos estos años, y a pesar de que estaba expresamente prohibido, es un secreto a voces que Telefónica fue y es la dueña de Telefé. Ahora, y en el marco de la continuidad de su enfrentamiento con el Grupo Clarín, el gobierno lanza el proyecto de ley “Argentina Digital”. Formalmente, tiene el objetivo de actualizar el marco legal para las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Pero lo central es que modifica el artículo 25 de la Ley de Medios (¡justamente ese que había otorgado “a cambio” del apoyo de la centroizquierda!), para permitir que las telefónicas puedan brindar el servicio de televisión e internet, utilizando su propio tendido de redes digitales.

La primera gran beneficiada será Telefónica de España, que ahora podrá retener a Telefé. Pero no será la única. También Claro, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, que podrá quedarse con Radio Continental. En Telecom se da la situación de que uno de los accionistas es el fondo Fintech, del mexicano David Martínez, accionista a la vez de Cablevisión y uno de los mayores tenedores de bonos de la deuda externa argentina. Martínez es citado por muchos como “el caballo de Troya” del kirchnerismo dentro del Grupo Clarín. Si sale la nueva ley, Fintech podrá estar en el negocio de la telefonía (con Telecom) y en el del cable (con Cablevisión) a la vez, abriendo el camino para una hipotética “toma” del cable del Grupo Clarín por parte de Telecom.

La privatización de Entel propiciada por el menemismo a principios de los 90 fue un escandaloso negociado. Prácticamente se regaló la empresa, mientras se dolarizaban las tarifas y se las subía astronómicamente. Pero aún esa entreguista privatización al menos prohibía a las empresas privatizadas del sector ingresar al negocio de la radio y la televisión. Después se abrió el negocio de la telefonía celular, otro “bocado” que se comieron las telcos. Pasaron los años y tanto en telefonía fija como celular, tenemos uno de los peores (y más caros) servicios del mundo. Hoy se les regala en mano a los pulpos de las telecomunicaciones todo el negocio de la convergencia tecnológica: telefonía fija y celular, televisión por cable e internet.

Como si todo esto fuera poco, esta semana también se le dio otro regalito: la subasta del espectro de telefonía 4G. Los “ganadores” fueron los de siempre. Se lo repartirán entre Telecom Personal, AMX Claro y Telefónica Movistar, con la entrada, como “nuevo jugador” de Airlink (del Grupo Vila-Manzano, otro amigo del gobierno).

El gobierno quiere disfrazar esta entrega mayúscula acusando a todo aquel que la denuncia como “agente de Clarín”. Aclarando que los socialistas no tenemos nada que ver con Clarín, sabemos de sus intereses patronales y del silenciamiento que hace de las luchas obreras y populares y de las voces de la izquierda (política que también aplica la red de Medios Públicos), decimos claramente que detrás de la “polvareda anti-Clarín” se está gestando un gigantesco negociado al servicio de las empresas monopólicas de la telefonía.

Para romper con la “herencia de los 90”, la verdadera y única salida pasa por la reestatización de las telefónicas, poniéndolas bajo control y gestión de sus trabajadores y usuarios. Y por garantizar el derecho democrático del acceso a comunicaciones e información por medio de un Triple Play estatal, para que el conjunto de la clase trabajadora tenga acceso a teléfono, televisión e internet en un solo pago a precios accesibles.