En un juicio plagado de irregularidades y arbitrariedades inaceptables, los compañeros Ernesto Apendino, Juan José Vera, Diego Reyes y Ramón Arteaga fueron condenados a penas de 1 y 3 años de cárcel acusados falsamente por el incendio del edificio de Planeamiento, ocurrido en 2013 en una jornada de protesta de los trabajadores de ATE. 

Como todos ya cumplieron un año en prisión desde ocurrido el hecho hasta este infame juicio, fueron excarcelados. La quinta compañera detenida, Patricia Benítez, fue absuelta. Si bien es motivo de alegría que los cinco se encuentren por fin en libertad, se sienta un precedente muy peligroso para todos los luchadores obreros y populares. Nuevamente, la lucha por salario y condiciones de vida dignas, es vista como un delito según los ojos de jueces, fiscales, del gobierno de Santa Cruz y el gobierno nacional.

Durante las audiencias del juicio fueron desechados varios testimonios que exculpaban a los compañeros de ATE y señalaban la presencia de infiltrados en el lugar de los hechos, mientras eran aceptadas las versiones de los propios policías que reconocieron haber liberado la zona para que se produjeran incidentes. El tribunal tampoco atendió las denuncias de torturas y vejámenes contra Diego Reyes para forzar una confesión, ni las adulteraciones de las declaraciones de los testigos. A los compañeros se los sentenció además a realizar cursos de ecología y trabajo comunitario en espacios verdes para que “compensen el daño al medio ambiente” por el incendio que no provocaron. Un castigo por demás irónico, justo en la provincia donde las megamineras contaminan sin control ni sanciones.

Este juicio configura un nuevo salto en la criminalización de la protesta social que se suma a las condenas a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras (este 12 se cumple un año de la misma), la detención y judicialización de los municipales del SEOM en Jujuy, el pedido de desafuero a los delegados del ferrocarril Sarmiento, el armado de causas a los estatales de Tierra del Fuego, represión a los despedidos de LEAR, entre tantos casos.

Cristina y sus laderos como Berni o Capitanich, junto a los Macri, Scioli, Massa, Binner y compañía, sólo hablan de regular las protestas sociales, criminalizar a los que cortan rutas o hacen paros, vulnerando así el legítimo derecho a la protesta. Mientras tanto, ya suman 6000 los luchadores obreros y populares procesados por distintas acciones de protesta.

Desde Izquierda Socialista nos sumamos a la campaña nacional contra la criminalización de la protesta, tomando como base la coordinación que ya funciona con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y con el Encuentro Sindical Combativo. Para que se apruebe el proyecto de ley por el desprocesamiento de los 6000 luchadores populares que acompañó el FIT en el Congreso Nacional. Por la anulación de las condenas a los procesados y la libertad inmediata de todos los presos políticos.