Las recientes elecciones en Brasil, Bolivia y Uruguay, fueron interpretadas por el periodismo superficial como que “sigue ganando la izquierda” en Latinoamérica. Sin embargo, la dinámica de esos gobiernos, y otros supuestos “progresistas” latinoamericanos, incluyendo a Maduro y Cristina Kirchner, es cada vez más hacia la derecha a favor de las transnacionales y banqueros.

El caso más importante, por su enorme peso económico y demográfico, es el de Brasil. Dilma Rousseff fue reelecta y su contendiente en segunda vuelta fue el derechista Aecio Neves del neoliberal PMDB. Temiendo perder por el gran descontento popular producto de la desatención a la salud y educación públicas, así como la inflación. Dilma hizo una campaña “de izquierda” por su reelección, con el apoyo del ex presidente Lula. Rousseff denunció que Neves era “el retroceso neoliberal” porque bajaría el gasto público y que esto afectaría al pueblo. Afirmó que ella, por el contrario, reafirmaría el rol del estado, para reactivar la economía y “redistribuir el ingreso”. Muchos opositores de izquierda llamaron a votar por Rousseff “para que no gane la derecha”.

Ganó Rousseff. Pero igual ganó la derecha. Después del triunfo del PT, fue designado como nuevo titular de Economía el banquero Joaquim Levy, apodado “Manos de Tijera” por su obsesión de recortar el gasto público (por supuesto para destinar más a pagarle la deuda a los banqueros usureros, que ya se lleva el 50% del presupuesto nacional). Levy era, hasta hace unos días, gerente de la banca Bradesco, el segundo banco privado en importancia. Antes fue alto funcionario del FMI, el BID y el Banco Central Europeo, con un doctorado en la tristemente célebre Escuela de Chicago. En Agricultura fue nombrada Katia Abreu, una de las más grandes propietarias sojeras de Brasil y dirigente de los agroindustriales de la soja (como si en Argentina nombraran ministro de agricultura a Grobocopatel, el rey de la soja).

Evo del brazo de los terratenientes y banqueros

En Bolivia Evo Morales ganó con una mayoría aplastante, el 61% contra el 25% del segundo, un empresario de derecha. Para ganar, apeló a elementos de fraude y a la alianza directa con derechistas y golpistas del 2008, como el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández. También corrompió a la conducción de la Central Obrera Boliviana para que abandonara e impidiera la legalización del Partido de Trabajadores que, fundado en 2013, hubiera sido la única oposición de izquierda. Por otro lado, la ley electoral proscriptiva hizo imposible que se inscribiera un partido indígena opositor. Las transnacionales de los hidrocarburos y la minería, banqueros, y agroempresarios sojeros ganan más que nunca. Recientemente el vicepresidente Alvaro García Linera se sinceró en una entrevista: “antes éramos más socialistas comunitarios, pero ahora abrazamos el modelo cruceño (por Santa Cruz de la Sierra) que es capitalista”. La Cámara Agropecuaria de Oriente (CAO), -terratenientes rabiosamente golpistas hasta el 2008 -, hizo actos públicos con García Linera en plena campaña electoral (el vicepresidente les hizo entrega de títulos legalizando sus tierras robadas a los indígenas en complicidad con las dictaduras).

¿Quién pagará la crisis?

La crisis mundial capitalista entró en Latinoamérica. Se acabaron las “vacas gordas” de los altísimos precios de las materias primas de exportación, soja, minerales, hidrocarburos, que ahora están bajando de precio. Comenzó en las economías más grandes como Brasil y Argentina la baja de la inversión extranjera y se fugan capitales. Bolivia y Uruguay también comienzan a sentir los efectos. Ante el achicamiento de la torta hay dos salidas posibles: o cortar la hemorragia de la deuda externa y nacionalizar sin pago la banca y las grandes empresas energéticas y mineras, o favorecer aún más las ganancias capitalistas, para que “por favor” inviertan, y ajustar a los trabajadores y al pueblo. Los gobiernos latinoamericanos “progresistas” que asumieron el poder en la década pasada, empujados por grandes movilizaciones populares, con promesas de “acabar con el neoliberalismo”, y que dieron algunas concesiones “redistributivas”, ahora se están sacando abiertamente la careta y han comenzado, o se disponen a aplicar duros ajustes antipopulares. Por eso es necesario que los sindicatos y organizaciones populares rompan con estos gobiernos cada vez más derechistas y luchen unidos para que la crisis la paguen los capitalistas. E impulsar alternativas políticas junto a los trabajadores y la izquierda para enfrentar a estos gobiernos del doble discurso.

M.L.