Multitudinarias marchas que terminan en asambleas y votan tareas muestran la indignación que ganó a la población de Carlos Paz y el Valle de Punilla luego de dos nuevos asesinatos, que suman a una larga lista de otros aún impunes, a arbitrariedades policiales, hechos de corrupción, narcotráfico, trata y prostitución. Carlos Paz no es lo que parece.

Escribe: Marcela Martin

Carlos Paz ya no será la misma. Contará la historia que ésta ciudad se levantó indignada e irrumpió en las calles una tarde de marzo. La furia contenida por tantos atropellos de la policía local y la fiscalía regional llegó a su límite. El viernes 13 de marzo es un antes y un después por la aparición sin vida en el Cerro La Cruz, del fotógrafo Hernán Sánchez, desaparecido desde el pasado 19 de diciembre y encontrado por casualidad, mientras buscaban a Andrea Castana, otra desaparecida que finalmente también apareció muerta, unas horas más tarde en el mismo predio. La búsqueda de Hernán fue interrumpida casi antes de empezar, porque focalizaba la visión nacional en esta ciudad, perjudicando el negocio turístico y farandulero; los negocios narcos y la prostitución. Todo decorado con luces de ciudad serrana.

Cinco mil personas, una enormidad, marcharon al grito de justicia. Las calles, como mares de bronca contenida, fueron recorridas una y otra vez durante tres días, exigiendo la renuncia del comisario departamental Quevedo y el fiscal Mazzuchi.

El femicidio de Andrea Castana asesinada, desnuda y con signos de ahorcamiento, acrecienta las altas estadísticas del Valle de Punilla en este tipo de crímenes, porque además de la concepción patriarcal y machista de las instituciones que deben actuar para protegernos, el gobernador De la Sota ahorra personal para acelerar la actuación ante los acosos o episodios de violencia a los que estamos expuestas. Su única política es comprar botones antipático como solución tardía del problema, cuando ya está instalada la posibilidad de la muerte.

Esta Unidad Regional de la policía es la misma que ha encubierto los asesinatos, caratulados como “suicidios” de jóvenes del Valle, como los casos de Brian Palomeque (2012) en La Falda y Jorge Reyna (2013) en Capilla del Monte, cuyos crímenes se encuentran impunes y el sospechado comisario Juan Castro, trasladado a la sede en Carlos Paz, es protegido por sus superiores. Todo esto sin olvidar a Pablo Jossen y Ian Durán, cuyos asesinatos desde hace 13 años reclaman investigación y castigo.

Villa Carlos Paz no es la pureza serrana que todos conocen, y tampoco será ya la misma. Porque esta vez los vecinos dijeron basta de impunidad y corrupción. Y apuntan contra el máximo responsable de esta situación, el gobernador De la Sota, quien nombró en su cargo al jefe de los fiscales, el doctor Moyano, que es quien evitó la búsqueda de Hernán en medio del turismo de verano y encubre todo tipo de arbitrariedades policiales. Por eso la última movilización votó cortar la autopista de entrada a la ciudad el próximo sábado a las 14 horas y seguir exigiendo la renuncia de los todos los funcionarios actuantes y su imputación por incumplimiento de sus deberes, así como también una profunda investigación de estos hechos y el castigo a los culpables.