La Marcha Mundial de la Marihuana es un evento que se realiza año a año en decenas de países. En Argentina, su convocatoria cada vez es más masiva. La juventud de Izquierda Socialista participó el 2 de mayo con un volante público, señalando: “Decenas de miles de jóvenes reclaman, simplemente, que no se los persiga más por fumar un “porro” o por tener una plantita de cannabis en su casa, mientras denunciamos que policías, jueces y políticos patronales hacen la vista gorda o son escandalosamente “socios” de los narcotraficantes [...]

nos pronunciamos tajantemente a favor de la legalización, no sólo de la marihuana, sino del conjunto de las sustancias psicoactivas llamadas “drogas”. Porque la ilegalidad y el prohibicionismo sólo ha llevado a perseguir a los consumidores (en su mayor parte jóvenes, y más fácilmente judicializables si son de sectores populares), mientras que ha asegurado superganancias a las mafias y bandas de narcos que lucran con esa situación de “ilegalidad”. Declarar “ilegal” una sustancia como sostienen el gobierno de Cristina Kirchner y los Scioli, Macri y Massa abre el juego a las organizaciones clandestinas que crecen y se fortalecen mientras “arreglan” con el poder de turno. El dinero multimillonario que obtienen, a la vez, luego es “blanqueado” con la complicidad de bancos y grandes corporaciones multinacionales. “Legalizar” no significa fomentar el uso descontrolado de sustancias psicoactivas de ningún tipo (ni las hoy ilegales, ni las actualmente permitidas como el alcohol, el tabaco o las drogas de venta farmacéutica) [...] Su uso controlado y en cantidades moderadas nunca generó problemas. La particularidad del capitalismo imperialista es que cada vez más hay sectores sociales son llevados a un consumo compulsivo como única forma de sobrellevar una vida vacía de sentido y sumida en la superexplotación [...] la lega- lización terminaría con las redes clandestinas de narcotraficantes y sus consecuencias de vio- lencia, inseguridad y muertes. También porque la regulación de la producción y distribución por parte del estado permitiría determinar qué es exactamente lo que se va a consumir y realizar campañas de prevención explicando las consecuencias de su uso abusivo (como las que se realizan actualmente con el tabaco). Y, por sobre todo, porque haría que aquellos que sufren adicciones reciban, como corresponde, tratamiento del sistema de salud pública y no “penalizaciones” policiales, como sucede actualmente [...]”