Hace un mes atrás, el gobierno de Cristina Kirchner polemizó duramente con Héctor Méndez, titular de la UIA (Unión Industrial Argentina). Este dijo que los empresarios solo ofrecían un 20% de aumento salarial. El kirchnerismo aprovechó la volada para decir que siempre los empresarios fueron avarientos, que el gobierno está con los trabajadores y que no va a interferir en las paritarias las cuales deben ser, según sus dichos, sin piso ni techo. Ahora ha quedado clara la maniobra (ver página 3). Mientras el vice de la UIA, Funes de Rioja, dijo “imagino un ajuste entre el 20% al 25% y por etapas” (Clarín, 11/5), el gobierno está obligando a pactar por un 26 a 28%. ¡Los empresarios y el gobierno se han unido contra los trabajadores! ¡Quieren un techo salarial por debajo de la inflación!

El acuerdo vergonzoso del burócrata de Comercio (Cavalieri) al firmar por el 26% por orden del gobierno, es repudiable por donde se lo mire. Dicen que es un gran aumento porque se va a pagar de una sola vez. Demostrando que los pagos en cuotas, como se vienen haciendo, son por mucho menos de lo que se anuncia. Por lo mismo podría firmar la Uocra (Gerardo Martínez), aunque no se descartan pagos en cuotas (12 y 14% propone la patronal). Firmar por un 26% cuando la inflación va a rondar el 30 por ciento anual (es mentiras que se está desacelerando como dice el gobierno), no solo será un nuevo golpe al bolsillo popular, sino que esto se suma a lo 13 de mayo de 2015 que ya le fue robado a los trabajadores el año pasado, donde se firmaron acuerdos por el 30% cuando la inflación rondó el 40.

En ese tono está la mayoría de la burocracia oficial. La UOM de Caló está en un callejón sin salida, porque pide un 32% y nunca llevó a cabo el paro de 36 horas que votó el congreso de dicho gremio en Mar del Plata. El gobierno dictó la conciliación obligatoria y Caló la vio con buenos ojos, tiempo que utilizará el a la vez titular de la CGT oficial para hacer algún arreglo con alguna cuota fija que permita mostrar ante el conjunto del movimiento obrero que el porcentaje en las paritarias “no puede llevar un 3 adelante”, como piden Cristina, Tomada y Kicillof.

El parcial e insuficiente anuncio de rebaja del impuesto a las Ganancias no ha podido frenar el reclamo de algunos gremios. Este martes se dio un paro total de los bancarios que desconocieron la conciliación obligatoria. Reclaman el 30% de aumento, que las patronales se hagan cargo del impuesto a las Ganancias y se reabra la paritaria que ya venció hace más de cuatro meses. Siguen de paro por tiempo indeterminado los aceiteros, quienes reclaman un 42%. Gastronómicos pide un 35%. Y amenazan con salir los petroleros.

Este martes se reunieron los gremios del transporte. Ni siquiera habían obtenido una respuesta a la carta que le enviaron a Cristina para que los reciba, más que un sello de la mesa de entradas de la Casa Rosada.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunció un paro nacional por 24 horas para la primera semana de junio, ante la “falta de respuestas del gobierno al reclamo por Ganancias, por un aumento de emergencia a jubilados y contra la inflación”, según dijeron.

A su vez pedirán “a las cinco centrales obreras que acompañen la protesta”. La CGT Moyano tiene la palabra. Lamentablemente no le ha dado hasta ahora ninguna continuidad al paro general del pasado 31 de marzo, a pesar que fue exitoso. Por eso el sindicalismo opositor nucleado en el Encuentro Sindical Combativo exige 36 horas y un plan de lucha nacional.

Es Barrionuevo quien está actuando como vocero de Moyano diciendo que a éste “se le estaría cruzando por la cabeza una nueva medida nacional”.

Hay que exigir desde ahora a la CGT Moyano para que junto a la CTA Micheli transformen el anunciado paro del transporte en un nuevo paro general como parte de un plan de lucha nacional. Con consignas claras: ¡Paritarias sin techo! ¡Por un aumento salarial de emergencia al valor de la canasta familiar! ¡Abajo el impuesto al salario (Ganancias) y el trabajo en negro! Solo así se podrá abrir el camino para romper la imposición de las patronales y el gobierno de que los trabajadores sigan firmando salarios a la baja.