Escribe Laura Marrone - Docente y pre candidata a Diputada Nacional CABA

El reciente caso de Agustín, alumno de la sala de 5 años de un jardín de infantes en el barrio de Flores de Ciudad de Buenos Aires, asesinado a golpes por su padrastro, duele hondo. Hace solo dos meses murieron Rolando y Rodrigo en el mismo barrio, en el incendio de un taller textil clandestino.

Estas muertes ponen al rojo el desamparo que viven muchas niñas y niños de nuestro país: víctimas de violencia intrafamiliar e institucional, explotación sexual y laboral, abuso, hacinados, a merced del narcotráfico o las adicciones del entorno familiar o barrial, inseguros emocionalmente por la desocupación de sus familias o la falta de un techo estable. Solo en el mes de marzo 2015 el 40% de las denuncias por violencia al Programa de Violencia del Ministerio de Justicia fueron de menores de 18 años.

La niñez maltratada es el eslabón más débil de la cadena de violencia que corroe nuestra sociedad. El hecho de que 4,7 millones de nuestros niños vivan en la pobreza y 1,1 millón en la indigencia, que 2,3 millones tengan problemas de vivienda o que los hospitales pediátricos estén colapsados, aumenta su vulnerabilidad y desvalimiento. Pero la violencia o el abuso trascienden la pobreza y aparecen en diferentes sectores sociales, dejando secuelas para toda la vida, en la salud física y psíquica de sus víctimas, hipotecando incluso el futuro de nuevas familias. Es, sin duda, la cara más triste y vergonzosa del patriarcado como forma de dominación entre los seres humanos bajo el capitalismo.

En los últimos años se han sancionado leyes como la N°114 en Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 26.061 a nivel nacional que establecen lo tutelado en la Convención Internacional de Derechos del Niño. Pero tanto el gobierno nacional como los de las diferentes jurisdicciones no sostienen políticas públicas que garanticen esos derechos.

El Sistema de Protección Integral de Niñez expresado en los efectores y Organismos del Estado con la tutela de las leyes mencionadas se encuentra vaciado. Sus organismos de control para la promoción de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente como el CDNNyA carecen de recursos y políticas públicas para responder, acorde a la legalidad y criterios de la Ley 114. Los equipos técnicos de las Defensorías deben responder a una demanda de casos para los cuales no tienen recursos, profesionales y administrativos suficientes. En el caso del Cordón Sur y Sudoeste de la Ciudad la situación es catastrófica: cada equipo, muchas veces incompleto, tiene a su cargo más de mil casos, que tienen doble judicialización en sede civil y penal, siendo que el máximo de casos que pueden responder, acorde a la ley, ronda los 150.

Necesitamos más equipos técnicos, carrera administrativa y concursos, para que haya psicóloga/os, trabajadoras/es sociales, psicopedagoga/os que acompañen a la docencia. Más pediatras y recursos en los hospitales. Medidas de protección a las víctimas. Leyes que reglamenten el derecho al traslado inmediato de lugares de trabajo para protección de las víctimas. Facilidades para la mudanza de viviendas ante las emergencias. Campañas educativas contra la violencia en las escuelas y en los medios de prensa. Que se pueda garantizar una respuesta integral a cada problemática.

La reciente movilización del 3 de junio mostró que la sociedad comenzó a decir basta a la violencia de género, a los femicidios. Sumemos a esta lucha el reclamo contra la violencia hacia la niñez, cuya mortalidad es la más silenciada, muchas veces víctima del mismo círculo de perversión.