A partir del 1 de agosto entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, un “logro” que el actual gobierno K gusta atribuirse. Una de las reformas más controvertidas fue la eliminación del carácter de “calle o camino público” que tenían con el anterior Código los denominados “caminos de sirga”. Esto significa que las franjas costeras de los ríos y lagos navegables de todo el territorio nacional son ahora propiedad de los privados que poseen los terrenos. Antes, había que dejar libres 35 metros contados desde la máxima crecida habitual del agua. No se podía construir ni alterar el ecosistema y se debía permitir el tránsito de terceras personas.

Según especialistas, se trata de la mayor privatización de tierras de la historia (aproximadamente 208.000 hectá- reas) que quedan libradas a la especulación inmobiliaria o a la siembra de soja y el uso indiscriminado de agrotóxicos. El nuevo Código ha aumentado el poder del propietario costero retrocediendo en el derecho de los particulares al disfrute de las costas y haciendo virtualmente impracticable el ejercicio del derecho de disfrutar de los ríos y lagos como bienes públicos.