Escribe: Mónica Schlotthauer • Candidata a diputada nacional Provincia de Buenos Aires

El 22 de Febrero de 2012, 51 pasajeros, una de ellas embarazada, murieron al estrellarse el tren Sarmiento contra la estación Once. Los ferroviarios nos habíamos cansado de denunciar la falta de mantenimiento, los vagones oxidados y los desvíos de subsidios millonarios que hacían los hermanos Cirigliano (TBA). Todo bajo la “vista gorda” de quienes debían controlar: la Secretaría de Transporte (Jaime y Schiavi) y la CNRT (Sícaro).

Las cuatro querellas dieron ya sus alegatos y ahora es el turno del fiscal Arrigo. Las querellas 1 y 2 de a poco dejaron de culpar a los funcionarios, para descargar toda la responsabilidad en Marcos Córdoba, el maquinista. Las querellas 3 y 4, en cambio, pidieron penas que van de 10 a 18 años y la absolución de Córdoba por considerar que “le entregaron un material inadecuado para el servicio”. El abogado Menguini de brillante alegato, reveló un mail del propio jefe de talleres que 5 días antes del 22 fatídico informaba que el tren chapa 16 y otro debían salir de circulación porque eran irreparables. También nuestros delegados mecánicos Ferrari y Cavallone testificaron sobre la mala situación del tren, fueron testigos clave por el conocimiento y porque lo revisaron la última noche.

Los vídeos publicados en el programa de Luis Majul reviven escenas del infierno que padecieron nuestros pasajeros, atrapados en el primer vagón, entres hierros retorcidos y que, quienes estuvimos ese día ayudando a socorrer a las víctimas, no olvidaremos jamás.

Cuando trabajadores y familiares de las víctimas decimos “la corrupción mata”, no exageramos. Las imágenes dan un significado más potente a las frases de los alegatos valientes de quienes no se dejaron comprar por el gobierno; “quedó demostrado el fraude y la administración fraudulenta de la empresa fantasma Cometrans” o “Hacían caja, no mantenían los trenes”. Asesinos: “sacaron el peor tren, el peor día, (primer día hábil después de un fin de semana largo), en la peor hora” denuncio Menguini en su alegato. Despreciaban la vida de los trabajadores y el pueblo.

A lo largo del juicio se demostró que los ferroviarios teníamos razón. Las pericias técnicas y contables probaron la falta de mantenimiento, el desvío de fondos, la fiesta de los subsidios, en definitiva, la corrupción. Y se demostró que los empresarios y funcionarios estaban al tanto de todo. Los peritos de TBA mintieron y terminaron acusados de falso testimonio.

El fallo tiene que ser condenatorio y las penas, ejemplares. Y debe quedar absuelto el maquinista porque es una víctima más. Además, esta lucha tiene que servir para cambiar de raíz la política ferroviaria de este gobierno y del que venga. Nunca hicieron nada por el ferrocarril hasta ocurridas las masacres evitables de Once y Castelar. Lo que vino después, la supuesta “revolución Randazzo”, fue más despilfarro sin control y el mismo desmanejo de las empresas privadas, con persecución gremial a los que denunciamos y desprecio por los familiares de las víctimas.

Que vayan presos los Cirigliano, Schiavi, Jaime, Sícaro y compañía. Que se investigue a Julio De Vido y que se reestatice todo el sistema ferroviario bajo control y gestión de trabajadores y usuarios.