Escribe: Rubén “Pollo” Sobrero • Candidato a Vice gobernador Provincia Buenos Aires

La Corte Suprema de Justicia de la Nación está próxima a emitir un fallo que afecta directamente la libertad de los gremios para convocar paros. Este derecho, que ni siquiera debería estar puesto en duda, intenta no ser reconocido por varios sectores empresarios que despiden trabajadores por ir a la huelga. Uno de estos casos llegó a la Corte. Se trata de un trabajador injustamente despedido por el Correo Argentino en 2011, por haber participado de una huelga convocada por un sindicato minoritario en ese sector. Todas las instancias judiciales nos dieron la razón a los trabajadores: el derecho a huelga no puede depender de si un sindicato tiene o no personería gremial.

Los ferroviarios del Sarmiento y de la Lista Bordó Nacional, junto a otros referentes del sindicalismo combativo como Carlos “Perro” Santillán y el cuerpo de delegados de la línea 60, enviamos una carta a la Corte con nuestra posición. En ella decimos: “Es claro que en nuestro país desde hace años se viene dando un cambio de hecho en el modelo de sindicalismo nacional, basándose el mismo en la participación directa de los trabajadores con los delegados de base, que sujetos a un sistema democrático eligen a sus representantes ante los empleadores [...].”

Y agregamos: “Nos encontramos en estos momentos con un estado que lleva adelante una política de ajuste que recae, inexorablemente, sobre los trabajadores. Como ejemplo tenemos conflictos que duraron más de 30 días, tal son los casos de los compañeros aceiteros, los de la línea 60, donde el Ministerio de Trabajo no intervino en tiempo y forma, acompañando las políticas patronales. En este sentido, y en sintonía con el ataque a los trabajadores, está la represión a los trabajadores de LEAR, o como sucedió en Jujuy con el SEOM, donde han sido reprimidos por fuerzas parapoliciales, que disparando balas a la cara muchos han inclusive perdido la visión.

Otro caso son los compañeros de Gestamp, quienes fueron engañados por el Ministerio de Trabajo quien dictando una conciliación obligatoria, una vez levantado el conflicto revocó la medida, o lo que es peor no homologó acuerdos salariales, como son los casos de aceiteros, Uatre, empleando una política salarial a la baja de los trabajadores llevada a cabo por el gobierno.”

Finalmente reclamamos: “Que el derecho a huelga no entre en dudas cuando se trata de un colectivo laboral en conflicto, por lo que debe ser garantizado, no solamente por la justicia, sino además, por el Ministerio de Trabajo, quien en su rol de autoridad de aplicación, tiene la costumbre de hacer oídos sordos a los reclamos laborales cuando estos provienen de los trabajadores que no están alineados con las burocracias sindicales. En tal sentido, reclamamos que el máximo tribunal que ustedes integran, ratifique los decisorios anteriores.”

Llamamos a estar alerta y seguir movilizados. La huelga es un claro derecho constitucional que ningún poder del estado puede cercenar.