A días de finalizar su mandato, la gobernadora kirchnerista Fabiana Ríos y su justicia corrupta escribieron un capítulo más en la historia de la criminalización de la protesta social. El tribunal desestimó las irregularidades denunciadas y los testigos falsos, haciendo lugar al pedido del fiscal, dictando condenas de entre 2 y 4 años de prisión. Llamamos a redoblar la campaña por su absolución. A tal fin, entrevistamos a Horacio Catena, dirigente del Sutef, uno de los dirigentes condenados.

Por Antonio Farés

La marcha nacional educativa llevada a cabo el jueves 3 de diciembre en Capital, convocada por sindicatos docentes opositores y el apoyo de la izquierda, tomó como uno de sus puntos centrales el reclamo por la anulación de las condenas a los 28 docentes y camioneros fueguinos. Tan es así, que fue parte de la cabecera de la misma, Horacio Catena, secretario general del Sutef (sindicato de docentes fueguinos) y de la CTA provincial. Además, su recorrido pasó por la casa de Tierra del Fuego en Capital, donde varios oradores repudiaron el fallo del tribunal. Jornada de la que fue parte nuestro partido, solidarizándose nuestro compañero Juan Carlos Giordano.

Al finalizar la marcha conversamos con Horacio sobre estas condenas y las tareas que tenemos por delante.

“Lo primero es agradecer la invitación a participar de esta marcha nacional educativa, nos parece que es un punto de inflexión. En el día de ayer (por el miércoles 2), 28 de los 33 procesados hemos sido condenados. Las condenas tienen que ver estrictamente con la criminalización de la protesta. Vamos a unir la lucha por la absolución con el resto de nuestras reivindicaciones, porque de nada sirve que nos absuelvan si no reformamos el régimen jubilatorio ni perforamos el techo salarial en las paritarias”, señaló Catena.

Al referirse al gobierno de Fabiana Ríos, Catena explicó que “la gobernadora Ríos se muestra como progresista, pero tiene el record de pedidos de desafueros a delegados gremiales, aplicando a fondo la política educativa del kirchnerismo en la provincia: precarización pedagógica, laboral, contratos basura. Hemos resistido a esa política, no la aceptamos de manera mansa y tranquila, y por eso nos han condenado”.

Justa lucha, juicio trucho

En 2013 la pelea salarial llevaba más de 40 días estancada. Docentes y camioneros pidieron ser recibidos en la casa de gobierno y en cambio fueron reprimidos por la policía provincial. Esto desembocó en la toma del edificio por diez días. Finalmente impusieron la negociación salarial y obtuvieron el aumento merecido, confirmando así lo justo del reclamo. Sin embargo, se les inició un proceso judicial por lesiones y destrozos durante la represión de la cual fueron víctimas. Al respecto Catena señaló: “El aumento no lo dieron por complacientes, lo impusimos con la lucha y con la toma de la casa de gobierno tras derrotar la represión. Los destrozos que nos imputaron los produjeron los propios policías, rompiendo vidrios cuando lanzaban los gases lacrimógenos desde adentro del edificio. Fabiana Ríos observaba todo desde su despacho. Hemos aportado un video que demuestra todo esto”.

En el juicio hubo falsos testimonios de policías y funcionarios, en particular el del ex Secretario de Asuntos Registrales, Diego Boxer. Catena nos contó que “Boxer mostró cómo estaban arreglados los testimonios, a partir de una cadena de mails que mandaban desde casa de gobierno. A él mismo lo citaron en casa de gobierno y de ahí lo llevaron en un patrullero a declarar. Ahora va a ser investigado en otra causa paralela”. La reflexión final de Horacio Catena sobre el juicio es contundente: “Nunca hubo imparcialidad en el tribunal. Estaba claro que iba a haber condenas.”

Desde Izquierda Socialista junto al sindicalismo combativo (como lo ha hecho la Seccional Oeste ferroviaria encabezada por el Pollo Sobrero e innumerables organizaciones) llamamos a redoblar la campaña por la anulación de estas condenas injustas y arbitrarias. Y por el desprocesamiento de los 6000 luchadores populares judicializados, tal cual lo presentamos como proyecto de ley junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia en el Congreso Nacional a través de los diputados del FIT.