Escribe: Antonio Farés

Los dueños de Radio Continental impidieron al famoso conductor radial kirchnerista seguir al aire con sus programas, dando por finalizado por anticipado el contrato con ambas partes. De entrada queremos ser claros: rechazamos la decisión, no porque haya sido un acto de censura, sino por el simple hecho de repudiar una acción patronal al no respetar el contrato de un periodista. Víctor Hugo tildó este hecho de “censura” señalando al gobierno de Macri y al Grupo Clarín por esta “situación agobiante, asfixiante y terrible para la democracia y la libertad de expresión”. Pero Víctor Hugo no está prohibido en ningún otro medio. De hecho, ha salido a hacer su descargo en cuanta radio y canal de TV pudo. Tampoco está “en el exilio” como dijo al hacer su programa desde el espacio cedido por otra radio.

Es inaceptable que Víctor Hugo Morales hable contra la censura cuando en los últimos años nunca defendió a sus colegas censurados por criticar al gobierno que él defendía a rajatabla. Nunca abrió la boca para defender a Juan Michelli o Pepe Eliaschev. O el caso del periodista santiagueño Juan Pablo Suárez al cual se le aplicó la Ley Antiterrorista. Fernando Bravo, de Continental, rompió relaciones con Víctor Hugo cuando este se negó a repudiar un escrache violento que le habían hecho sectores K.

Si Víctor Hugo es víctima, lo es del propio doble discurso kirchnerista. Radio Continental fue comprada por empresarios mexicanos (vía testaferros) que son además propietarios de Canal 9 y otras radios, a pesar que la propia Ley de Medios lo prohíbe, cosa que reconoció el propio Víctor Hugo. Pero el ex titular del AFSCA Martín Sabatella y Cristina Kirchner autorizaron esas adquisiciones ilegales al tiempo que se las negaban a los medios opositores.

Los periodistas alineados con el kirchnerismo ya venían denunciando al macrismo por la intervención del AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y la derogación por decreto de la Ley de Medios. Pero lo que no dicen es que la Ley de Medios fue un verso. No trajo ninguna “pluralidad de voces” tal cual lo vaticinamos desde Izquierda Socialista al momento de aprobarse dicha norma.

Esa ley sirvió para crear nuevos multimedios K financiados con pauta oficial. Hoy la nave insignia de estos conglomerados de medios, el Grupo 23 de Spolsky y Garfunkel, está siendo vaciada. Cientos de trabajadores de prensa no cobraron sus salarios ni aguinaldos y podrían quedar en la calle. Radio América lleva varios días de paro y el diario Tiempo Argentino no está saliendo a la venta. Estos empresarios K recibían millones en concepto de pauta oficial, amasaron una enorme fortuna en la “década ganada” y hoy los platos rotos los están pagando los trabajadores.

En resumen, de ninguna forma se pudieron oír las voces de los trabajadores, los sectores populares y la izquierda. Los medios alternativos obtuvieron licencias a cuentagotas o fueron directamente perseguidos como en el caso de Antena Negra TV.

Ni antes con el kirchnerismo, ni ahora con Macri hay libertad de expresión. La verdadera libertad de expresión sólo existirá cuando se reparta democráticamente el espacio en los medios gráficos y audiovisuales, permitiéndosele tener acceso a expresarse a todos, con los fondos suficientes para papel, imprentas, licencias y equipos para radio y TV provistos por el estado, empezando por las organizaciones políticas y sindicales de la clase trabajadora y la izquierda, hoy virtualmente silenciadas.

Nada de esto ocurrió con el kirchnerismo ni vendrá de la mano de Macri y sus ministros Hernán Lombardi o el “milico” Oscar Aguad, quienes ahora usaran la ley para nuevos negocios con otros empresarios.