Los tres prófugos fueron noticia nacional. Los anuncios de su falsa captura y el excelente “trabajo en equipo” anunciado por Macri y Patricia Bullrich de las llamadas “fuerzas de seguridad”, fueron papelones encomiables. Macri ha dicho que va a “llegar hasta el final” con el narcotráfico. Nada de eso ocurrirá. La película recién comienza.

Escribe: Atilio Salusso

La red de complicidad tras la triple fuga que puso a la vista de millones el avance del narcotráfico en el país, más que una “telenovela” de verano, ha revelado un capítulo más de un gran flagelo que vino creciendo con el kirchnerismo y continuará con el macrismo, o donde gobiernen otros signos políticos, como “el socialismo” en Santa Fe.

La “impotencia” por tantos días de persecución sin que se llegara a la captura, los papelones anunciándola sin que fuera cierto y la complicidad del arco político, judicial y policial con los prófugos y narcotraficantes, ha generado una crisis política en el gobierno al punto que la ministra Patricia Bullrich estuvo al borde de renunciar.

¿Cómo puede ser que los prófugos se escaparon de una cárcel de máxima seguridad como chanchos por su casa, sortearan varios puestos policiales en Buenos Aires, la propia Capital y Santa Fe? ¿Cómo puede ser que hasta el día de hoy el tal Corradi, autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez por el tráfico de efedrina, hace 44 meses esté prófugo a pesar de tener captura de Interpol? ¿Cómo puede ser que a pesar de poner a todas las fuerzas de seguridad en su búsqueda, los tres fueron capturados, uno tras un choque en una zanja con su camioneta y los otros a través de un capataz de campo y la ayuda de lugareños a caballo?

Se habla de hechos muy graves en boca de los propios funcionarios gubernamentales. Que los prófugos fueron encontrados y luego soltados tras una negociación. Que policías se agarraron a tiros por internas entre ellos por ver quién es más cómplice de los narcos o ayudaran desde Quilmes, territorio de Aníbal Fernández, a los fugados dando pistas falsas. Que hay organizaciones criminales detrás de todo esto, etcétera. Pero lo cierto es que al día de hoy solo hay dos detenidos, la ex suegra de un Lanatta y un amigo del ex jefe de Gabinete de Cristina, el tal “Faraón”, de la barra de Quilmes.

Si todo esto ocurre, es porque las bandas narco que crecieron en la Argentina de Cristina y ahora siguen con Cambiemos, llegaron para quedarse y se multiplican bajo la complicidad de los políticos patronales de turno, jueces, comisarios y gendarmes, que nadie ha desmantelado al día de hoy ni lo hará (más allá de sus discursos y promesas). Porque los gobiernos de turno son parte del problema, no la solución.

Bullrich dijo que el narco se infiltra en todos lados. ¿Pero quién lo permite sino los políticos patronales? ¿Acaso a los jueces y a las cúpulas policiales no las ponen los gobiernos? El problema son esas instituciones de conjunto, no de alguna de sus manzanas podridas, cuyos jefes son socios del gran delito sostenidos por los distintos gobiernos. En este país gobernaron los radicales, distintas variantes del PJ, el PRO, la centroizquierda... ¡Todos son responsables! Por eso las cocinas de paco habitan tanto en las villas de la Capital como en el conurbano, Tigre, Córdoba o Santa Fe.

La campaña presidencial de Cristina de 2007 fue financiada por los capos de la droga. ¿Acaso en la interna del Frente para la Victoria en provincia de Buenos Aires no se acusaron de narcos Aníbal Fernández y Julián Domínguez? ¿Algún juez los llamó a declarar?

En Santa Fe fue condenado el ex jefe policial de Drogas Peligrosas, Hugo Tognoli, por encubrir a los narcotraficantes. Macri se la da de que combate a las mafias: que no mienta. ¿Qué hizo con los talleres clandestinos en la Capital? ¿Y con las redes de trata que pululan por la ciudad? ¿Y las relaciones carnales de los funcionarios del PRO con punteros donde se trafica droga en las villas?

El gobierno lo único que ha hecho es declarar la emergencia en seguridad y penitenciaria; cambió algunos jefes policiales; y llama a confiar en que va a combatir el flagelo. Otro doble discurso al mejor estilo cristinista. El narcotráfico es un gran negocio capitalista donde los gobiernos son socios en menor o mayor grado. Solo con el desmantelamiento de las redes de complicidad políticas, judiciales y policiales, y una política para terminar con el negocio, se podrá librar la gran batalla contra el narcotráfico.

Cómo se combate al narcotráfico

Macri dice que con un “comando único” represivo, superando las “debilidades” de gendarmes y policías o ahora con la Emergencia de Seguridad Pública va a frenar al narcotráfico. Esta política ya fracasó a nivel mundial.

Que haya más presupuesto para que no haya gendarmes persiguiendo narcos en ojotas o mejorar la logística para que funcionen los celulares de los funcionarios y no solo los de los fugados, como sucedió, no soluciona el problema. Porque las cúpulas de las fuerzas de seguridad no están preparadas para combatir los negocios capitalistas (como lo es el narcotráfico), sino para perseguir a los que luchan y espiar opositores.

Crear una DEA como propone Macri (también Scioli o Massa) es una utopía que ya fracasó en Estados Unidos y Latinoamérica.

En 2015 se reunió la Unasur en Montevideo y emitió un documento que sostiene “el fracaso de la guerra contra las drogas”; plantea la necesidad de “un nuevo enfoque para abordar la problemática del consumo y las adicciones” y que “Sudamérica ha sido una de las regiones más afectadas por la lucha contra el narcotráfico”.

Samper, secretario general de la Unasur y ex presidente de Colombia, aseguró opinar desde la “experiencia” de su “propio país”, señalando que “a pesar de todos los esfuerzos de la política prohibicionista actual, hoy en día hay más de 300 millones de consumidores de drogas que aún las siguen consumiendo”, calificando de “fracaso las políticas represivas con los débiles, campesinos y consumidores”. Poniéndose de ejemplo “Uruguay, que en 2013 aprobó la ley que regula la producción y comercialización de cannabis bajo el control del Estado” (Página12, 2/9/2015).

Con ello se está reconociendo que la “guerra contra las drogas” es contra los consumidores y víctimas del narcotráfico, no contra los capos narcos. En Argentina, por ejemplo, el 50% de las causas federales son entabladas contra jóvenes por tenencia de marihuana y solo el 1% tiene a un narco por acusado. Mostrando que la política punitiva, represiva y prohibicionista, lleva a las mafias, más violencia y muertes. Sin embargo, el documento de Unasur no se pronuncia por una política global para enfrentar el negocio narco. Que sería precisamente terminar con el prohibicionismo y la ilegalidad.

Izquierda Socialista plantea la legalización de toda la cadena de obtención de la materia prima, elaboración, distribución, tenencia y consumo del conjunto de las sustancias psicoactivas. Porque la ilegalidad y el prohibicionismo, además de perseguir a los consumidores, asegura superganancias a las mafias y bandas que lucran con esa situación de ilegalidad y a políticas “represivas” que han sido un fracaso.

El narcotráfico es un negocio capitalista muy rentable. Mueve anualmente 600.000 millones de dólares. La mayor parte de esas colosales ganancias se deben justamente a su condición de ilegalidad y se utilizan, en parte, para comprar favores de políticos, policías y jueces. Por eso en Estados Unidos, el principal consumidor del mundo, nunca cae ningún gran capitalista mafioso de la droga. El imperialismo es parte fundamental del problema, ya que lo usó para sus fines intervencionistas en los países semicoloniales, vía la DEA o personal militar directo.

El fracaso del prohibicionismo se mostró con la “Ley Seca” (ilegalización del consumo de alcohol) a principio del siglo pasado en Estados Unidos, cuya implementación promovió el tráfico ilegal y las bandas criminales, la cual posteriormente se tuvo que derogar.

Legalizar las drogas no es para fomentar su consumo, por el contrario, los regímenes más estrictos como el yanqui son donde más se consume. Es para combatir a las mafias y sus crímenes, reducir el consumo y disminuir las muertes y hospitalizaciones por las adicciones.

A.S.