En un fallo histórico condenaron a los ex secretarios de transporte del gobierno kirchnerista, Ricardo Jaime (6 años) y Juan Pablo Schiavi (9 años) y a los dueños y gerentes de la empresa TBA concesionaria del ferrocarril Sarmiento al momento de la masacre. La justicia les dio la razón a los familiares de las víctimas y a los ferroviarios del Sarmiento: la corrupción mata. Algunas condenas fueron leves, algunas absoluciones incomprensibles y se condenó injustamente al mótorman, Marcos Córdoba.

Escribe: Antonio Farés

Tras conocerse las sentencias condenatorias contra la mayoría de los 29 acusados en el juicio por la Masacre de Once, la sala de audiencias del Tribunal Oral Criminal N°2 en Comodoro Py estalló en aplausos, llantos y gritos de justicia. Los abrazos entre familiares, sobrevivientes, trabajadores ferroviarios, abogados y periodistas iban y venían tras casi 4 años de lucha para que esta masacre no quede impune.

La sentencia reflejó lo que se probó con lujo de detalles en el juicio: existió un plan criminal para desviar millones en subsidios hacia otras empresas del grupo Cirigliano. Fondos que deberían haberse utilizado para el mantenimiento de los trenes, vías, señales y sistemas de seguridad. Se demostró también que todos los funcionarios encargados de controlar el destino del dinero y el estado del servicio habían recibido 400 denuncias de parte del cuerpo de delegados del Sarmiento, encabezado por Rubén “Pollo” Sobrero y que, no obstante ello, continuaron con la “fiesta de los subsidios”.

Al conocerse las condenas, Sobrero fue categórico en sus primeras declaraciones: “Finalmente la justicia nos dio la razón a los familiares, sobrevivientes y trabajadores ferroviarios. Estas 52 muertes evitables fueron producto de la corrupción, la privatización y la desidia de funcionarios y empresarios. Es un primer triunfo de la movilización de los familiares de las víctimas, los ferroviarios del Sarmiento y el conjunto del pueblo trabajador que siempre acompañó este reclamo”.

Las condenas, las absoluciones

Es innegable la importancia que tienen las condenas a Schiavi, Jaime y a Claudio y Roque Cirigliano, así como al resto de los funcionarios y gerentes. Algunas son demasiado bajas en comparación al daño causado, como por ejemplo los 5 años de prisión para Jaime, a los que debe sumarse 1 año de una condena en suspenso por un juicio previo donde confesó ser un corrupto. También es para destacar que el tribunal haya ordenado que se inicie la investigación contra el ex ministro Julio De Vido, el gran ausente en este juicio. Un informe de la CNRT (intervenida por De Vido) da cuenta del estado calamitoso del Sarmiento. No hay forma que el ex ministro ignorara la existencia de ese documento.

Resulta inadmisible que estos corruptos asesinos sigan libres. Ninguno va a ir preso hasta que en las apelaciones quede firme la sentencia. Es una cachetada para los miles y miles que luchamos contra la impunidad que siempre beneficia a los poderosos.

Algunas absoluciones son indigeribles, como la de Mario Cirigliano, el verdadero arquitecto del desvío de fondos a empresas fantasmas. O la de Antonio Sícaro de la CNRT, quien debía controlar y no lo hacía. Condenan a los funcionarios y a los empresarios, pero dejan libres a quienes debían controlar a ambos.

Otra condena que no se entiende es la que se dictó sobre el maquinista Marcos Córdoba (3 años y medio). Si se probó que el tren no estaba en condiciones, nada se le puede recriminar al conductor quien intentó en vano frenar una formación sin frenos, tal cual se demostró en las pericias técnicas. Seguiremos reclamando su absolución, ya que esta condena quiere dejar sentado que los trabajadores tienen una parte de responsabilidad en esta trama mafiosa que ocasionó las muertes y centenares de heridos, cuando no es así.

El 30 de marzo cuando se conozcan los fundamentos del fallo acompañaremos a los familiares en caso de que decidan apelar estas absoluciones y las condenas insuficientes.

Nunca más un Cromañón ferroviario

Este primer triunfo contra la corrupción y la impunidad da un impulso enorme a la pelea de fondo para que estas masacres evitables no se repitan. Se debe implementar de inmediato el planteo de los ferroviarios del Sarmiento de reestatizar todo el sistema ferroviario bajo gestión, administración y control de sus trabajadores, técnicos y organizaciones de usuarios. Investigando todos los fraudes al estado y el vaciamiento que hicieron las empresas que operaron el servicio tras la privatización, que continuó durante los gobiernos de De la Rúa, Duhalde y los Kirchner. Reabriendo los talleres y volviendo a contratar a todo el personal despedido antes y después de las privatizaciones.

Nada de esto está en las previsiones del macrismo, que votó a dos manos la ley ferroviaria de Randazzo que va hacia una mayor entrega de nuestros ferrocarriles. Llamamos a seguir la lucha contra la impunidad y la corrupción y por un ferrocarril al servicio de los trabajadores y el pueblo.