Ante la pregunta periodística “si se pensó este año en hacer una sola marcha junto a los partidos de izquierda”, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló: “No se pudo. Nosotros no vamos a hablar mal de Cristina ni de Néstor” (Página12, 6/3). Mostrando que en los 12 años de kirchnerismo Abuelas y otros organismos K se la pasaron apoyando al gobierno.

Escribe: Juan Carlos Giordano

Con la revelación de Estela de Carlotto quedó claro que si en estos años hubo dos convocatorias los 24 de marzo, una, de la que ella es parte, fue para apoyar al gobierno kirchnerista. Y la otra, encabezada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (junto a la izquierda y más de 300 organizaciones) es la que mantuvo correctamente la independencia política, enfrentando al kirchnerismo, que precisamente no defendió los derechos humanos.

La titular de Abuelas reconoce que junto a La Cámpora y otros movimientos sociales K dividieron los 24 de marzo para que no se “critique al gobierno”. Pero el problema no es que ni siquiera le hicieron una sola crítica, sino que lo apoyaron fervorosamente en forma equivocada. Hebe de Bonafini fue más explícita: “el enemigo ya no está más en la Casa Rosada”, dijo entonces. Nada más alejado de la realidad.

Con todo el respeto que nos merece Abuelas en su lucha contra la dictadura, decimos que lamentablemente usaron esa autoridad para apoyar a un gobierno patronal que con medidas cosméticas siguió adelante con la impunidad. Tiene todo el derecho Estela de Carlotto (y Hebe) de apoyar al gobierno anterior. Lo que no puede hacer como dirigente de esa gran lucha, es arriar las banderas de los derechos humanos por ello.

Abuelas siempre elogió al gobierno compartiendo sus palcos y Hebe levantó las marchas de la resistencia. No son ciertas entonces las acusaciones -a las que se sumó el ex montonero y periodista Horacio Verbitsky- de que la “izquierda sectaria dividió las marchas del 24”. Es más, este año el Encuentro Memoria Verdad y Justicia concurrió con su programa a una convocatoria para debatir si había condiciones para una marcha común que enfrentara a Macri, a Obama y denunciara la impunidad de ayer y de hoy, y sectores pro K como Hijos Capital y organismos afines al kirchnerismo, se negaron.

La impunidad de los Kirchner desde que asumieron

Son miles los jóvenes que se movilizan los 24 de marzo. Con ellos compartimos la misma bronca contra Macri por ajustador y reaccionario. A ellos nos queremos dirigir, especialmente a quienes siguen creyendo que el kirchnerismo en esta materia fue “distinto” a los gobiernos anteriores.

A 30 años del golpe ya denunciábamos que mientras el gobierno reeditaba el Nunca Más en las escuelas, declaraba al 24 “feriado nacional”. Hecho repudiado por Nora Cortiñas (Madres Línea Fundadora) porque “no hay feriado para la Memoria, Verdad y Justicia” según el Encuentro. La medida apuntó a cambiar el carácter de lucha de la jornada por uno de fiesta. Pero el gobierno no lo logró.

El PJ kirchnerista usó las banderas de la rebelión popular del Argentinazo para simular que defendía los derechos humanos, cuando nunca lo hizo, ni siquiera en la dictadura. Por eso la Obediencia Debida y el Punto final se anularon por la lucha y la izquierda, no por el gobierno K (ver "¿Quién anuló..."). Teniendo mayoría en ambas cámaras, Néstor Kirchner nunca anuló los indultos a los genocidas. Tampoco aprobó la ley de desprocesamiento de los luchadores sociales ya presentada en 2006 por la izquierda en el Parlamento. No hubo justicia para los responsables políticos de los asesinatos de Kosteki y Santillán y fue el propio Kirchner quien envió la Gendarmería a Santa Cruz contra los petroleros de Las Heras, hoy presos por luchar.

La lucha continúa de la mano del Encuentro Memoria Verdad y Justicia

El kirchnerismo está diciendo que la lucha contra la impunidad comienza con Macri. No es así. Miremos los hechos. De descolgar el cuadro de Videla se pasó a entronar en el Ejército al represor y espía César Milani.

Nunca se tomaron medidas de fondo contra los genocidas, ni sus cómplices civiles. Nunca se expropió a ningún empresario socio de los militares y cómplices del secuestro de trabajadores, como el caso de la patronal Mercedes Benz y Ford. Y se siguió pagando la deuda externa hasta niveles nunca vistos. Deuda que viene de la dictadura, transformándose el kirchnerismo en “pagador serial”, lo cual reivindica Estela de Carlotto.

En los 12 años K tuvimos que sufrir la desaparición de Julio López (de la cual Abuelas y el kirchnerismo ni hablan). La votación de la Ley Antiterrorista ni bien ganó Cristina con el 54% de los votos (ley que se aplicó contra periodistas y luchadores anti mineros). Sufrimos el Proyecto X que persiguió y espió a los luchadores y el avance de la criminalización de la protesta social junto a la negativa a desprocesar a los 6000 luchadores sociales. Y si bien se avanzó en los juicios contra los genocidas, la amplia mayoría de los represores siguen sueltos o se mueren de viejos. Salvo Videla, que murió en cárcel común, siendo el mayor ejemplo de que solo con lucha se puede vencer a la impunidad.

Lo que pasó en los últimos años nos debe llevar a redoblar los esfuerzos para que seamos miles el próximo 24. Ningún gobierno ha logrado doblegarnos. Por eso las banderas contra la impunidad, el ajuste, los sucesivos gobiernos y sus políticas pro imperialistas siguen en las calles. Porque las masas no se reconcilian con quienes asesinaron a miles de compañeros para gobernar para el FMI, las multinacionales, los banqueros y grandes empresarios. A 40 años del golpe seguiremos levantando esas banderas.

Por todo esto es que convocamos a marchar con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia para reivindicar esta trayectoria de lucha que mantuvimos a lo largo de todos estos años.

Los juicios en números

Escribe: Antonio Farés

El titular del CELS, Horacio Verbitsky, difundió recientemente cifras actualizadas sobre los resultados de los juicios a los represores de la última dictadura militar. Al día de la fecha, sólo 662 fueron condenados. Si tomamos en cuenta que funcionaron unos 600 centros clandestinos de detención, la cuenta da algo más de un represor por cada “ESMA”. Muy poco.

Si se le suman las 60 absoluciones y 199 faltas de mérito, el cuadro es aún peor. “Cada dos condenados hubo uno contra quien no prosperaron los cargos ni se afectó su libertad”, explicó Verbitsky (Página/12, 7/3/2015). Solo el 38% de las condenas fueron a prisión perpetua. El resto han sido condenas menores, de entre 3 y 25 años.

Siguen abiertos 925 procesos contra represores por delitos de lesa humanidad y solo el 32% de ellos está detenido en una unidad carcelaria. El resto goza de prisión domiciliaria, están en libertad o se encuentran prófugos.

Las cifras las aportó el periodista K para polemizar contra quienes dicen que hubo una persecución salvaje contra los genocidas en el gobierno K. Pero sus números dejan al descubierto el doble discurso esgrimido durante la “década ganada”.

¿Quién anuló el Punto Final y la Obediencia Debida?

El 12 de agosto de 2003, tras dieciséis años de lucha, se anularon las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Leyes del perdón que venían del gobierno de Alfonsín (UCR)*. El proyecto aprobado (aunque parcialmente) fue presentado originalmente por Patricia Walsh, entonces diputada de Izquierda Unida, que llevó al parlamento el reclamo de años por justicia.

Siempre el gobierno kirchnerista se quiso apropiar de este triunfo popular, adjudicándoselo como propio. Pero la verdadera historia es que desde el gobierno K se hizo todo lo posible para que ese proyecto no se votara. 48 horas antes, la bancada oficialista impulsaba un proyecto alternativo, opuesto al de la nulidad, hablando de “inoponibilidad” de esas leyes, un engendro jurídico que hubiese mantenido la impunidad. Luego, el kirchnerismo tomó sólo una parte del proyecto de la izquierda, negándose a incluir la nulidad de los indultos. Indultos que dos años después, en 2005, la Corte declaró inconstitucionales.

La presión de la movilización popular hizo imposible que Néstor Kirchner siga defendiendo la vigencia de esas leyes. Fue la primera vez que una ley votada por el Congreso quedó nula, es decir, como si nunca hubiese existido. Esto prueba que con la movilización se pueden hacer retroceder leyes votadas cuando son perjudiciales para los trabajadores y el pueblo. La nulidad conquistada en 2003 es la que permitió que se reanuden los juicios y reabran las causas hasta hoy.

* La Ley de Punto Final (1986) otorgó un plazo de 60 días para presentar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, caso contrario, las causas prescribirían. Se presentaron tantas que llevó a la rebelión “carapintada” de Aldo Rico en Semana Santa del ́86 pidiendo impunidad para los militares citados a declarar. En junio de 1987 la UCR hizo votar junto al PJ la Obediencia Debida, por la cual se presumía que los delitos cometidos por personal de las FF.AA. con grado inferior al de coronel no eran punibles, por haber actuado en virtud de la “obediencia debida” a órdenes superiores.

J.C.G.