Escribe: Laura Marrone

El 9 de marzo pasado asistí en calidad de testigo a una nueva audiencia en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5 a cargo del juez Oyarbide en Comodoro Py en el marco de la causa de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista) que investiga, entre más de 1.500 casos, el asesinato de César Robles Urquiza, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), ocurrido en noviembre de 1974. La audiencia consistía en un reconocimiento fotográfico de más de 800 registros de personal de seguridad presumiblemente partícipe de la organización paraestatal creada durante el gobierno de Perón a fines de 1973.

La reapertura de la causa se inició en el 2006, cuando se determinó que los crímenes de la Triple A se encuadraban como de “Lesa Humanidad”, es decir que no prescriben. En 2006, declaré que César había gritado que estaba siendo secuestrado por las Tres A y que el personal policial uniformado que presenciaba el hecho dejó actuar a la banda de civil que lo secuestró. En 2014, en otra audiencia junto a la querellante Andrea Robles, hija de César, cuestionamos que a 8 años de reabierta la causa no se hubiera convocado a los policías de la Comisaría 12 que correspondían a la zona del secuestro (Centenera y Rivadavia). En 2016, el expediente tiene la lista de los casi 50 policías que pertenecían a la Comisaría 12. Pero a la fecha, ninguno ha sido citado por Oyarbide, cuestión que reclamamos nuevamente.

Los hechos señalados dan cuenta por sí solos por qué después de 42 años el aparato paraestatal de la Triple A sigue impune. El estado y la justicia hacen recaer sobre la querella la responsabilidad de proveer elementos probatorios, siendo el estado el que tiene la responsabilidad por los delitos de lesa humanidad y los resortes para que, mediante la apertura de los archivos de las fuerzas de seguridad de la época, realice una investigación conducente que lleve a la cárcel a los asesinos de César y de los demás asesinados.

 Triple A fue la organización paraestatal que Perón encomendó a su Ministro López Rega, “el brujo”, como conductor político. La conducción operativa estuvo a cargo de Rodolfo Almirón y Juan Morales, policías federales que habían sido dados de baja por corruptos. Estos mantenían reuniones con los militares en Campo de Mayo quienes conocían su accionar. Los integrantes de la Triple A recibieron asesoramiento de organismos internacionales. López Rega, siendo secretario privado de Perón durante su exilio en Madrid, mantenía vínculos con integrantes de la Organización del Ejército Secreto que torturó y secuestró a los revolucionarios en Argelia y con militares guatemaltecos que, asesorados por la CIA, habían sembrado el terror y la desaparición de prisioneros políticos, iniciando el laboratorio estadounidense del terror en la década del ́60. La Triple A, a su vez, tenía fuertes vínculos con la burocracia sindical de la CGT, entre ellos con Lorenzo Miguel, quien a su vez persiguió, torturó y asesinó a compañeros del PST y a activistas sindicales, que se le oponían en la UOM.

Los crímenes de la Triple A no son tan conocidos porque durante los años posteriores a la dictadura no fue de interés del Partido Justicialista ventilar la responsabilidad de Perón en el comienzo del empleo del terror y la muerte para combatir a la izquierda y a los luchadores populares. Nuestro compromiso: seguir exigiendo la investigación y castigo.