En Argentina hubo unas cuantas dictaduras. Sin duda, la peor de todas, la más antiobrera y genocida, se inició el 24 de marzo de 1976. Duró seis años, hasta que aquel régimen represivo fue echado por la movilización popular.

Escribe: Mercedes Petit

El presidente Perón había fallecido en julio de 1974. Desde 1971 el dictador Lanusse, el radical Balbín y el propio Perón desde su exilio en Madrid, fueron poniendo en marcha una apertura electoral para cerrar el ascenso obrero iniciado con el Cordobazo en 1969. En octubre de 1973 Perón asumió un tercer período presidencial, acompañado por su esposa Isabel como vice.

Isabel asumió la presidencia en julio de 1974 en medio del accionar de las bandas fascistas de la Triple A y de las organizaciones guerrilleras, y con crecientes conflictos obreros que no cesaban a pesar de la complicidad de la burocracia peronista con el gobierno y las bandas fascistas.

La movilización y la huelga general de 1975, el Rodrigazo, puso al rojo vivo la incapacidad de Isabel Perón de derrotar a la clase obrera, a pesar de la represión fascista con secuestros, detenciones y asesinatos de dirigentes obreros y populares. Las acciones provocativas de la guerrilla exacerbaban la represión y creaban confusión entre las masas con su “guerra de bolsillo”.

En 1976 seguían las huelgas, pero la traición de los burócratas peronistas impidió que se diera una nueva huelga general que pudiera derribar al gobierno de Isabel y también evitar el golpe militar. La ausencia de una dirección revolucionaria reconocida por las masas impidió desarrollar la lucha para frenarlo.

Así llegó el golpe

El 24 de marzo de 1976 finalmente se produjo el alzamiento militar, que derrocó a Isabel y la mandó presa al sur. Videla y compañía no estuvieron solos. Ricardo Balbín, el principal dirigente radical, definía a las huelgas obreras como “guerrilla industrial” y ocho días antes del golpe declaró al diario La Prensa que “estas fuerzas armadas son las mejores que he visto en mi vida”.

Dos días después del golpe, el emblemático empresario peronista Jorge Antonio decía en la revista Siete Días: “Si las fuerzas armadas vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidas sean.”

Sectores importantes del empresariado venían promoviendo la salida golpista desde 1975 y fueron sus principales beneficiarios para incrementar sus grandes fortunas. Los Martínez de Hoz, Arrieta, Pérez Companc, Fortabat, los Rocca o Franco Macri son algunos de los nombres emblemáticos de aquellos cientos de grandes patrones que fueron cómplices o protagonistas directos de la dictadura, así como las multinacionales como Ford, Mercedes Benz y tantas otras (véase El Socialista No 308, 17/2/2016, “El rol de los empresarios durante la dictadura”).

Desde el primer día, las fuerzas del ejército tuvieron impunidad para meterse directamente en las fábricas para secuestrar a miembros de las internas, delegados o simples trabajadores. La cúpula de la Iglesia Católica fue un activo apoyo de los genocidas, todos ellos “fervientes” religiosos. Hubo varios embajadores e intendentes de la UCR y el peronista Anchorena fue embajador en Francia. El 1o de diciembre de 1978, cuando ya eran de un impacto mundial las denuncias de los asesinatos, torturas y “desapariciones”, con miles de exiliados en distintos países, Videla pudo hacer una cena en El Molino. Brindó allí con los radicales Balbín y Trocoli, treinta ex diputados peronistas y hasta dos ex diputados “comunistas”, Mira y Cominguez, ya que el Partido Comunista le daba total apoyo a los “militares patrióticos” (Gente, 7/12/78).

¿Y los Estados Unidos?

El gobierno de Macri está exultante porque recibirá la visita de Obama, justamente los días 23 y 24 de marzo. No podemos culparlos del mal gusto de elegir esa fecha ya que la fijó el propio Obama como una subescala de su histórica visita a Cuba (ver Las razones del viaje de Obama). Pero es una colosal mentira asociar a los gobiernos yanquis a una defensa de los derechos humanos.

El imperialismo yanqui en los setenta (así como antes y después) tuvo una injerencia directa en el impulso a los golpes militares, cuya expresión más pública fue el caso de Chile, contra la Unidad Popular. Pinochet tuvo el apoyo directo de la CIA y de empresas como la ITT en su sangriento golpe contra Allende y los trabajadores y el pueblo chileno en 1973.

En 1976 aplaudió el inicio de la dictadura, cuyos rasgos ultrarepresivos y genocidas se conocieron tempranamente. Ya hemos mencionado el papel de multinacionales como la Ford, que cedió terrenos para centros clandestinos de detención. Sus empresas y grandes bancos apoyaron y financiaron la gestión económica de Martínez de Hoz y fueron parte del festín de superexplotación, grandes ganancias y especulación de aquellos tiempos. En octubre de 1976 el secretario de Estado Henry Kissinger no pedía que se respetaran los derechos humanos sino “que se termine rápido con la subversión” (véase “El imperialismo yanqui apoyó a la dictadura”, El Socialista No 309, 2/3/16). La movilización contra el genocidio de aquellos años fue poniendo al descubierto el siniestro Plan Cóndor: el intercambio de información de los servicios secretos de las dictaduras latinoamericanas, coordinado por la CIA y el gobierno yanqui, para ubicar, espiar y en muchos casos detener, torturar o asesinar a los exiliados políticos.

Ni olvido ni perdón

A pesar de la feroz represión y de los miles de presos, secuestrados, torturados, asesinados, “desaparecidos” y exiliados ya para 1977 empezaron a despuntar las primeras manifestaciones de la resistencia. Algunos conflictos obreros y la lucha de las madres de los desaparecidos dando la vuelta a la Plaza de Mayo, los jueves a la tarde.

Al iniciarse la década de los ochenta comenzó a sonar, primero casi como un murmullo, aquel “se va a acabar, se va acabar, la dictadura militar”. En 1982, luego de la traición a la lucha por la recuperación de las Malvinas, la movilización popular tomó el protagonismo principal. La debilidad del general Bignone, sucesor de Galtieri, expresaba la caída de la otrora todopoderosa dictadura. En las calles se reconquistaban libertades.

Desde entonces comenzó a desarrollarse una lucha que se transformaría en emblemática para nuestro país y el mundo: la búsqueda de los “desaparecidos” que habían sido asesinados, la exigencia del juicio y castigo a todos los genocidas. Y la búsqueda y recuperación de los bebés robados a sus madres desde los centros de detención. Se plasmó en un grito “juicio y castigo a los culpables”. Esta lucha ya tradicional, que ha pasado a las siguientes generaciones y que ha sido tomada por los jóvenes desde sus escuelas y universidades, se expresará en las marchas multitudinarias que viviremos el 24 de marzo en todo el país. La necesidad de movilizarse contra los sucesivos gobiernos patronales (ayer los Kirchner, hoy Macri), sus políticas de ajuste y sumisión al imperialismo, confluye con la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy y por eso, 40 años después de aquel día tan negro, habrá decenas y decenas de miles en las calles.

La prohibición al PST

El Partido Socialista de los Trabajadores (PST) tenía unos 4.000 militantes (con unos 2.000 en la Juventud Socialista de Avanzada). Desde 1972 poseía legalidad electoral y una fuerte presencia en los principales gremios. A su participación en las huelgas y conflictos, la lucha contra la patronal, el gobierno y sus bandas fascistas y su defensa de la independencia política de clase, las acompañaba con la constante polémica contra las acciones provocadoras de las organizaciones guerrilleras, el PRT-ERP y los Montoneros. En el último periódico que publicó en la legalidad antes del golpe, el 20 de marzo, sacó un breve artículo titulado “Guerrilla: del aislamiento a la desesperación” (Avanzada Socialista No 182). Criticaba el estallido de una poderosa bomba en el estacionamiento del edificio del comando general del ejército. Esas acciones servían para exacerbar la represión y el accionar de las bandas fascistas.

Al día siguiente del golpe, la junta militar “congeló” la actividad pública de los partidos patronales. En el caso del PST, en decreto aparte, se estableció su prohibición. La sola pertenencia al PST constituía desde ese día un delito.

El partido ya actuaba en la semiclandestinidad desde meses antes. Sufría atentados de bombas contra sus locales. Ya habían sido asesinados desde 1974 dieciséis compañeros y había numerosos presos. Hasta 1982 la cifra de asesinados y desaparecidos llegaría a cerca de cien (ver “El PST antes y después del golpe”, El Socialista No 309, 2/3/2016).

Muchos militantes salieron al exilio. Su máximo dirigente, Nahuel Moreno (cuyo nombre figuraba desde tiempo atrás en las listas de la Triple A) se instaló en Colombia. Desde Bogotá, desde fines de 1976 se empezó a impulsar la denuncia de la represión y una campaña específica por el compañero trabajador metalúrgico secuestrado y desaparecido Arturo Apaza y por la libertad de Francisco Páez, preso desde 1975.