Crece la bronca ante los aumentos astronómicos de las tarifas. El gobierno de Macri trata de frenarla poniéndole un tope a los incrementos del 400 y 500%. El gas y la electricidad deben ser servicios públicos, no negocios para la ganancia capitalista.

Escribe: José Castillo

Van llegando las boletas a las casas de los usuarios. Los aumentos superan todo lo imaginable. Se suman las anécdotas de quien recibe incrementos del 700, 800 y más del 1.000%. Con más velocidad van creciendo las protestas, manifestaciones, asambleas y todo tipo de iniciativas. Comenzando por Bariloche la primera en ser multitudinaria y Río Grande (Tierra del Fuego), todos los días aparecen nuevas acciones en distintas provincias y ciudades. El lunes 6 se realizó en Buenos Aires el Encuentro Abierto contra el Tarifazo, un primer intento de coordinación exigiendo retrotraer las tarifas al valor del 10 de diciembre. Y ya hubo marchas en el conurbano bonaerense y se preparan otras.

El gobierno de Macri, al ver crecer la movilización y la organización de los usuarios, creyó que podía parar esta bronca estableciendo que ningún hogar familiar recibiera facturas con aumentos superiores al 400% (o 500% si es un comercio). O planteando subsidiar una parte del costo de la tarifa a los clubes de barrio. ¡Es vergonzoso! Siguen siendo tarifazos mayúsculos, diez veces más que cualquier aumento salarial según las paritarias fijadas para este año.

Muchos trabajadores y vecinos se preguntarán: ¿cuál es la salida? Porque venimos de 12 años de “tarifas bajas” (por lo menos en el área metropolitana, porque varias provincias ya habían tenido aumentos anteriores) mientras las ganancias de las empresas eran sostenidas por enormes subsidios financiados por el Estado. Los pulpos privatizados se embolsaban ese dinero, al mismo tiempo que no cumplían ningún plan de inversiones y brindaban un servicio paupérrimo. Mientras tanto, el noreste argentino seguía (y sigue) sin estar conectado a la red de gas natural. Innumerables barrios populares y pueblos del interior tampoco, debiendo resignarse a pagar los más altos precios de las garrafas. En el caso de la luz eléctrica, los cortes ya pasaron a ser parte de la vida cotidiana.

Ahora el macrismo quiere pasar a otro “modelo”, basado en reducir los subsidios y reemplazarlos por aumentos de tarifas. Nuevamente con calidad del servicio más que deplorable y sin ningún proyecto de nuevas inversiones. Ambos esquemas garantizan las ganancias a las empresas privatizadas a costa del bolsillo del trabajador.

¡Hay que terminar con las privatizadas!

Nosotros insistimos que la única salida pasa por rescindir la totalidad de los contratos y proceder a reestatizar todos los servicios públicos privatizados, colocando su gestión y administración en manos de los trabajadores de esas empresas y de las organizaciones de usuarios. El modelo de la privatización fracasó, sea en su versión menemista-aliancista (con tarifas dolarizadas), en su versión kirchnerista (con subsidios) o ahora en la de las “supertarifas” macristas. Tenemos que pasar a algo totalmente opuesto. Porque la electricidad, el gas, al igual que el agua y el transporte, son servicios públicos esenciales, derechos que deben ser garantizados. No son simples mercancías vendidas para generar ganancias a sus dueños. Por eso no pueden ser privadas. Una vez estatizadas, y no dependiendo por lo tanto de la lógica de la ganancia, cada una de estas empresas deben fijarse como objetivo, de la misma forma que lo hace una escuela con la educación o un hospital con la salud, llegar al 100% de los usuarios, garantizándole el acceso irrestricto al servicio y brindar tarifa social a quien la necesite.

La gestión por parte de los que conocen, tanto la técnica del funcionamiento de los servicios (sus propios trabajadores) como los problemas concretos de funcionamiento (los usuarios), será, a la vez, la que permitirá que esto funcione correctamente.

Finalmente, las inversiones necesarias para garantizar y mejorar la calidad y la ampliación necesaria de los servicios deben financiarse con el dinero que hoy se destina a subsidiar las ganancias de las actuales privatizadas. Y si fuera necesario resolver el problema de descapitalización existente en estas empresas, habría que obtenerlo por medio de impuestos cobrados a las grandes fortunas y con el dinero que se debería usar del no pago de la deuda externa.

El nuevo CEO de YPF Un hombre del imperialismo francés

No bastó que Miguel Galluccio -tras firmar el contrato de entrega de Vaca Muerta a Chevrónse haya retirado cobrando una “indemnización” de más de cinco millones de dólares. Ahora “viene lo mejor”. El nuevo Ceo de YPF será nada más ni nada menos que Ricardo Darré, hasta hoy presidente y Ceo de exploración y producción de la multinacional francesa Total en su sede de los Estados Unidos. Darré es todo “un hombre” de Total: trabaja en esa empresa desde 1987. La multinacional francesa es una de las competidoras de YPF en nuestro país. Como se dice: un nuevo zorro para cuidar el gallinero.

Prat Gay pide perdón a los españoles

El Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, en su reciente gira a España le “pidió perdón” a las empresas españolas por cómo habían sido tratadas en la Argentina en el pasado reciente.

¡Increíble! ¡Nosotros somos los que todavía estamos esperando disculpas y más que disculpas que devuelvan todo lo que se robaron! ¿Debemos pedirle perdón a Iberia, la SEPI y Marsans que se dedicaron sistemáticamente a vaciar Aerolíneas Argentinas durante 20 años? ¡Si llegaron a sacarle las gomas nuevas a los aviones en Madrid y cambiárselas por usadas! ¿Debemos pedirle perdón a Repsol, que reventó nuestras reservas de gas y petróleo? ¡Si encima el kirchnerismo les pagó con creces más que el valor actual de la compañía! ¿Será que tendremos que disculparnos con las empresas que siguen haciendo ganancias extraordinarias en nuestro país, como Telefónica, o las que utilizan trabajo esclavo con la complicidad de los gobiernos para hacer las prendas que luego venden en los shoppings, como Zara?

Prat Gay: más rastrero no se puede ser.

Margarita Barrientos: Lo sufren los más pobres

Margarita Barrientos, la referente social que siempre muestra Mauricio Macri, contó que al comedor social que administra en el barrio porteño de Villa Soldati le llegó la factura de electricidad por $11.000 mil pesos. “Usamos mucha calefacción eléctrica porque no tenemos gas natural en el comedor”, señaló la fundadora de Los Piletones. Invitada al programa de Mirtha Legrand, Barrientos reveló que todos los meses Macri le dona la mitad de su sueldo, 66 mil pesos. La dirigente social reveló también que “faltó comida por más de dos días” en Los Piletones y lo atribuyó a que “viene mucha más gente que la que venía antes”.

“A fines del año pasado recibíamos 1800 personas y ahora estamos preparando 2300 platos de comida por día”, resumió. Si lo dice Margarita...

Los dueños de las privatizadas ¿Quiénes son?

Los tarifazos tanto de la electricidad como del gas tienen beneficiarios concretos. Empresas transnacionales y grandes pulpos locales que se reparten esas superganancias.

En el caso de las distribuidoras de electricidad, si bien hay una gran cantidad de compañías que brindan el servicio en las diferentes provincias, el 75% del total está bajo el control de Edenor (cuyo dueño es Pampa Energía, uno de los “nuevos” grupos económicos que surgieron en esta última década, liderados por Marcelo Midlin), Edesur (controlada por Distrilec, del grupo italiano Enel) y Edelap (con una estructura accionaria más compleja, pero dirigida por McFarlane, propiedad del actual CEO de Edenor).

La distribución de gas está en manos de nueve compañías que se repartieron todo el territorio nacional. En el área metropolitana están Metrogas (hoy propiedad de YPF) y Gas Natural Ban (propiedad de la multinacional española Gas Natural Fenosa). Toda la Patagonia y Tierra del Fuego está bajo el monopolio de Camuzzi Gas del Sur (que pertenece al grupo italiano Enel Spa y a la vez controla Camuzzi Gas Pampeano). En Córdoba, Cuyo, Catamarca y La Rioja, la empresa es Ecogas (propiedad de Eni Italia y la yanqui E.ON.US.LLc). En las provincias mesopotámicas y Santa Fe la distribuidora es Litoral Gas (perteneciente a la francesa GDF Suez y al grupo Techint). Las restantes licenciatarias son Gas Nea (Grupo Gaz de Francia, Roggio y Bridas) y Gas Nor (Cartellone Energía -empresa argentina- y Gasco Internacional de Chile).