El represor y ex general retirado Eduardo Alfonso se había fugado del país en 2012. Cuatro años después se entregó, cercado por las fuerzas de seguridad paraguayas. Todo este tiempo estuvo en Paraguay con una identidad falsa. Entró y salió de nuestro país más de 30 veces sin ser detectado. Es innegable la complicidad de las fuerzas policiales argentinas, paraguayas y de Interpol.

Alfonso no es un represor cualquiera, es un pez gordo. Fue el número 2 del ejército bajo las presidencias de De la Rúa y Duhalde. Siempre cumplió un rol activo defendiendo a los militares acusados de crímenes de lesa humanidad.

Fue uno de los miembros del grupo de tareas que asesinó a Antonio García, secuestró y desapareció a Beatriz Recchia, en 1977, cuando estaba embarazada de Bárbara, hoy nieta recuperada número 97. Entrevistamos a Juliana García Recchia, hija de Antonio y Beatriz y querellante en la causa.

¿Qué nos podés decir sobre la captura de Alfonso?

Es un triunfo enorme por el cual venimos luchando hace 4 años. En cada marcha los 24 de marzo y sin bajar los brazos nunca. Insistiendo permanentemente para que la justicia haga su trabajo. Ahora que sabemos que Alfonso pudo moverse con impunidad gracias a sus conexiones se confirma lo que siempre decimos: los represores de ayer son protegidos por las actuales fuerzas armadas y de seguridad. Porque ningún gobierno desmanteló el aparato represivo de la dictadura. Ahora la pelea es por lograr la condena con cárcel efectiva y común por su responsabilidad en este caso. Que no se vuelva a salvar como en 2009 cuando la cámara federal de San Martín aplicó la teoría de la “obediencia debida” ya anulada.

¿Por qué se dilata tanto la resolución del caso?

Todos los casos de crímenes de la dictadura toman años en resolverse. Los genocidas se mueren impunes o se fugan. Alfonso incluso formó otra familia en Paraguay además de la que tiene acá. Entraba y salía del país cuando quería. Es una impunidad completa. Tendría que invertirse la carga de la prueba. Es decir, presumir que todos los militares que participaron del golpe y la represión son culpables, tienen que ir a la cárcel y ellos encargarse de demostrar en todo caso que son inocentes. Nada de esto estuvo en la política del gobierno anterior y eso se ve en los números de militares juzgados y condenados. Son muy pocos, son juicios a cuentagotas. Y desde ya, nada de esto forma parte de la agenda del macrismo.

Los familiares y organismos de derechos humanos llevamos las causas adelante con nuestros propios recursos, sin nada de ayuda. Por todo esto creo que es fundamental que nos sigamos movilizando hasta que no quede ni un solo represor en libertad.