Los extensos paros docentes de este año han puesto de relieve, una vez más, que la cuestión de falta de presupuesto para la educación pública no se ha resuelto.

Escribe:Laura Marrone • Diputada electa CABA • Izquierda Socialista/FIT

Cuando asumió Néstor Kirchner, hace 13 años, voló a Entre Ríos llevando un fondo de emergencia para sofocar un largo conflicto docente. El ex presidente se comprometió en ese momento a “solucionar” el problema al que nos había llevado el gobierno de Menem-Cavallo durante los ´90: desafectar al estado nacional del sostenimiento de la escuela pública, cuando transfirió los “gastos” de salud y educación a las provincias para hacer frente a los pagos de la deuda externa.

Pero el kirchnerismo no cumplió, sino que impulsó su Ley de Financiamiento Educativo sancionada en 2005. Atento a ella Cristina Kirchner se la pasó afirmando, como un logro, que había superado la meta de invertir en educación el 6% del PBI (Producto Bruto Interno) fijado en la misma. En 2014 dijo que se había llegado a una inversión récord del 6,47% del PBI. Recordemos que algunos organismos educativos internacionales aconsejan disponer el 8% del PBI para educación, algo que también es insuficiente. Por eso desde Izquierda Socialista reclamamos que el estado nacional destine el 25% del presupuesto para educación o un mínimo del 10% del PBI nacional.

Nunca el kirchnerismo alcanzó el 6%. En 2014 la inversión educativa fue del 5%. Pero se da la paradoja que, con la transferencia de las escuelas a las provincias durante el menemismo, el estado nacional sólo puso uno de cada cuatro pesos en educación y el resto lo aportaron las provincias. O sea Nación sólo puso el 0,9% (ver recuadro). La misma proporción que existía cuando asumió Néstor Kirchner.

En los 12 años K el estado nacional sólo aportó a la educación universitaria; al Fondo de Incentivo Docente (que representa menos de un dígito de los salarios); ayudas a provincias para que llegaran al piso salarial inicial acordado en la paritaria nacional; para programas nacionales (“Mejoras”, “COAS”, “Formación Docente”), mientras acrecentaba los subsidios a las escuelas y universidades privadas. El pago de los salarios docentes e infraestructura de la educación inicial, primaria y secundaria sigue estando a cargo de las provincias -que también subsidian a las escuelas privadas- Así, la inversión por alumno es totalmente desigual, dependiendo de los recursos de cada provincia y de las decisiones de sus gobiernos. Por ejemplo, en 2014, Salta invirtió $14.769 por alumno y Ciudad de Buenos Aires $46.000. La diferencia no fue porque Ciudad hiciera “más esfuerzo” (ya que solo destina el 22% de su presupuesto a educación, cuando el promedio de las provincias es del 30%). Sino porque, sencillamente, Ciudad usufructúa de mayores recursos por tener radicadas a grandes empresas y multinacionales y el trabajo de más de dos millones de personas del Gran Buenos Aires que cruzan la General Paz cada mañana para dejar el producto de su fuerza de trabajo. Otro caso es Santiago del Estero, cuyos docentes se vieron obligados a comenzar el año con un paro de más de 90 días porque sus salarios llegaban a poco más de $2.000 de básico y menos de $4600 de inicial.

Renacionalizar el financiamiento de la educación

El 90% de los presupuestos de educación de las provincias se destina a salarios. El 10% restante queda para todo lo demás. Por eso hay salarios miserables y muchas escuelas se caen a pedazos. Los comedores escolares son centros de desnutrición de nuestros chicos que pasan los años más preciados para su crecimiento comiendo polenta, arroz y fideos. En muchas escuelas la copa de leche no existe. Jóvenes están dejando de estudiar porque no tienen el boleto estudiantil. ¡Ni hablar de las computadoras que no funcionan o de las escuelas no tienen Internet!

La perspectiva se agrava cada día con la crisis económica al calor de las medidas del gobierno de Macri. Urge que el Congreso Nacional vote una partida de emergencia para las provincias comenzando por las que están en conflicto, partiendo de que al menos cumplan con completar el 1% del PBI que no ponen del famoso 6% que marca su propia Ley de Financiamiento: son $65.000 millones. ¡Hay que exigir que el gobierno nacional envíe ya la partida que falta! ¡Basta de cumplir con los fondos buitres y pagar la estafa de la deuda externa mientras no se cumplen los compromisos, incluso legales, con la educación de nuestros niños!

Además, se debe impulsar una nueva ley que, entre otras acuciantes cuestiones educativas, retome la renacionalización definitiva del financiamiento de la educación pú- blica hasta llegar al 10% del PBI. El estado nacional debe volver a ser el responsable indelegable de financiar la educación estatal con fondos que provengan de la suspensión de los pagos de la deuda externa y el fin de los subsidios a las escuelas privadas.

Ctera habla de 10% del PBI: ¿Y si empezamos por el 1% que falta?

Ctera fue ardiente defensora del discurso K para la educación y nunca denunció la trampa del financiamiento, de la provincialización y la atomización salarial y presupuestaria aquí señalada. Apoyó la Ley Federal menemista y boicoteó todas las luchas docentes que enfrentaron el ajuste educativo. Poco antes de la derrota electoral de Scioli, con la firma de Adriana Puigross, presentó un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento que propone subir el compromiso al 10% del PBI. Nosotros acordamos con subir el porcentaje, reclamamos que sea el estado nacional el responsable de poner ese dinero y que se terminen los subsidios a la escuela privada. Pero Ctera ni siquiera denuncia que nunca se llegó al 6%; que Nación nunca puso más de un cuarto de ese total; no dice de dónde saldrían esos fondos, ya que nunca se opuso al pago de la deuda externa del gobierno anterior y tampoco dice qué hacer para lograr esta nueva ley, más que firmar un petitorio.

La lucha hoy es junto a los docentes de las provincias que se están desangrando. Ctera tiene que convocar a un plan de lucha nacional en apoyo a las provincias en lucha, por la devolución de los días descontados, el cese de la persecución a los docentes de Tierra del Fuego y por una inmediata partida nacional de emergencia del 1% del PBI adeudado, para obtener un salario igual a la canasta familiar, infraestructura y comedores escolares.