Mientras las empresas siguen recibiendo subsidios y todo tipo de prebendas, amenazan con cortar los servicios y no pagar los salarios si no se efectiviza el tarifazo. Es un chantaje intolerable: hay que reestatizarlas.

Escribe: José Castillo

La pulseada por el tarifazo sigue en un impasse. Por ahora todo congelado. Mientras el gobierno espera un fallo favorable de la Corte, las empresas empezaron a chantajear. Las distribuidoras de gas (Metrogas, Gas Ban y otras) no están pagando las horas extras. Desde Edenor emitieron comunicados “avisando” que si no se aprueba el tarifazo “se pone un tremendo riesgo sobre el servicio”. En Edesur ya hubo intentos de despidos semanas atrás. Al mismo tiempo, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, se multiplican los apagones.

Los ministros Aranguren y Prat Gay le hacen eco a las empresas y se suman a las amenazas. Afirman que si no suben las tarifas el estado tendrá que poner 80.000 millones de pesos en subsidios, y que eso saldrá de recortar la obra pública. Por supuesto, en la lógica de ambos ministros, no está que las empresas pierdan ni un centavo. Su razonamiento es simple: hay que garantizar como sea las ganancias de estos pulpos. O los pagan directamente los usuarios con las tarifas, o se los darán en subsidios recortando otras partidas.

No son los únicos que juegan para las empresas. También lo hacen los ex secretarios de Energía de gobiernos anteriores. A los que no se les cae la cara de vergüenza, ya que fueron parte del desastre a que se ha llegado. Tampoco al kirchnerismo, que ahora se “opone” demagógicamente al aumento, cuando entre 2008 y 2014 aumentó entre tres y siete veces la tarifa de gas.

Todo es un robo escandaloso. Tanto el precio de la generación de energía eléctrica como el importe del gas en boca de pozo representa cerca del 60% del valor de las boletas que llegan a los usuarios. ¿Quién define esos precios? El gobierno. El macrismo -siguiendo un “modelo de negocios” creado por el kirchnerismo- le está garantizando a los monopolios gasíferos y petroleros precios sostén muy por encima del valor internacional (en el caso del petróleo 77 dólares el barril, cuando a nivel internacional oscila los 45, lo que implica un “regalo” de 6.500 millones de dólares anuales). Todo con la excusa de que así se garantizarían nuevas inversiones y puestos de trabajo. Mentira total: los propios trabajadores petroleros del Golfo de San Jorge en Chubut están denunciando que las empresas ni siquiera cumplen los compromisos mínimos de no despedir, firmados meses atrás.

En el caso del gas, entre 2005 y 2015 la producción cayó más de un 25% y terminamos importándolo a precios astronómicos por miles de millones de dólares. El gobierno, supuestamente para “estimular la producción”, estableció en 5 dólares el precio en boca de pozo. Un valor escandalosamente por encima del internacional, fijado en base a un “costo de extracción” que nadie controla, ya que se toma de “declaraciones juradas” de las propias empresas.

Todos se llevan millonadas: los pulpos petroleros y gasíferos, las transportadoras y las distribuidoras. Como siempre, pagamos los trabajadores. ¡Esto no va más! Hay que seguir movilizados peleando porque no se aplique el tarifazo y se retrotraigan todas las boletas a los valores de diciembre. Sin confiar un segundo en la justicia y sus fallos. Y ahora más que nunca, reclamar que se vayan todas las privatizadas: las que brindan el servicio domiciliario (como Edenor, Edesur, Metrogas, Gas Ban, etcétera); las transportadoras y también los pulpos gasíferos y petroleros que se llevan la “crema” del negocio.

En el caso de las empresas de servicios públicos hay que reestatizarlas y ponerlas a funcionar bajo gestión de trabajadores y usuarios. Y en el negocio gasífero-petrolero, luego de rescindir todas las concesiones, hay que conformar una gran YPF 100% estatal, que concentre todo el proceso, cubriendo la exploración, extracción, refinado y comercialización. De esta forma podremos efectivamente garantizar que la energía (que incluye electricidad y calefacción) llegue a los sectores populares con tarifas sociales y servicios de calidad.

70 millones para Metrogas y Camuzzi

En medio del debate por el tarifazo el gobierno sigue girando fondos de subsidios a las empresas. El jueves pasado les dio 42,66 millones de pesos a Metrogas y 25,38 millones a Camuzzi Gas Pampeano. Estos fondos, llamados irónicamente “asistencia económica transitoria”, ya habían significado otros giros para Gas Natural Ban, Litoral Gas, Gasnor, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas) y Gasnea. Lo peor es que el gobierno “no descarta” nuevas asistencias. Como vemos, sigue la fiesta de los subsidios para las privatizadas.

Macristas, kirchneristas y centroizquierdistas

Los gobernadores a favor del tarifazo

Mientras diputados de la oposición patronal “hacen como que se oponen”, el gobierno de Macri colecciona apoyos al tarifazo. Ya salieron a respaldarlo varios gobernadores del Frente Para la Victoria: Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Juan Manuel Urtubey (Salta). También el cordobés Juan Schiaretti. Y lo más vergonzoso fue el apoyo del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, del Partido Socialista, casi en la misma semana que el PRO anunciaba el lanzamiento de Cambiemos en la provincia, “robándole” a los radicales y preparándose para ganarles la provincia. Es que todos, más allá de la retórica demagógica, están a favor de la suba de tarifas porque comparten el modelo de servicios públicos privatizados.