Después de la enorme Marcha Blanca del 11 de agosto se reclama la continuidad a través de un plan de lucha. La salud pública no puede esperar.

Escribe: Marcela Martin • Delegada de ATE

Los trabajadores de la salud padecemos en carne propia el deterioro de la salud pública, golpeada por las tremendas condiciones de trabajo, donde en las terapias de los grandes hospitales hay una enfermera para 7 o 10 pacientes. En varias oportunidades debemos decidir a quién atender o a quien dejar morir; o usar el mismo material descartable en parturientas a quienes se les indican antibióticos para evitar infecciones, que además ellas mismas deben comprarse, como en la maternidad provincial. O llevar sus propias sábanas y frazadas porque escasean y no hay calefacción. Además, la falta de ambulancias se lleva la vida de gran cantidad de personas por no “llegar a tiempo”.

Esta situación es la culminación dramática de 20 años de desinversión, precarización laboral (hace 10 años que no hay concursos) y tercerización de los servicios más rentables como cocina, limpieza, ambulancias y lavadero a manos de empresas de amigos o familiares de los funcionarios con sueldos muy por debajo de los estatales.

Hospitales que se caen a pedazos, aparatos que no funcionan, falta de personal, insumos y medicamentos y salarios que no alcanzan, muestran que la salud está en terapia intensiva. Esta situación que se dio con todos los gobiernos, ahora se agudiza con el de Schiaretti (PJ) quien pretende profundizar el ajuste que pactaron con Macri junto a otras medidas, como la armonización de la caja de jubilaciones, los despidos y las suspensiones. El objetivo de este plan no es otro que favorecer el negocio privado de la salud.

Esta realidad motivó que los trabajadores de la salud más allá de las distintas conducciones gremiales, saliéramos a resistir estas políticas desde principios de este año. Arrancamos con asambleas en la mayoría de los hospitales denunciando la responsabilidad del ministerio de salud y del gobierno, exigiendo solución a nuestros reclamos.

Así es como empezaron a sumarse organizadamente, como no había sucedido antes, los residentes, quienes reclaman un salario y condiciones dignas de trabajo, reconociéndose trabajadores explotados. Son cerca de 5000 estos profesionales de la salud en toda la provincia, cobrando $ 45 pesos la hora y trabajando hasta 36 horas sin descanso.

Fue así como llegamos al 11 de agosto y salimos a la calle con la Marcha Blanca en defensa de la salud pública que nos congregó unitariamente a todos. Con la presencia de delegaciones importantes del hospital Córdoba, Neonatal, Maternidad, Rawson, San Roque, Neuropsiquiátrico, Colonia Santa María y otros, destacándose la presencia organizada de cientos de residentes. Como así también una delegación de todo el país de dirigentes de la Cicop (profesionales de la salud bonaerenses) con la presencia de nuestra compañera Mónica Méndez.

Desde el Polo Sanitario hasta la Casa de Gobierno unos 2.000 trabajadores marchamos con eje en tres reclamos centrales: paritarias para salud, no a la armonización de la Caja Jubilatoria, abajo el tarifazo y ni un trabajador menos, en alusión a la caída de 3000 contratos el 31 de agosto.

El sentido reclamo consistió en llamar a la más amplia unidad de todos los sectores de la salud pública provincial y la elaboración de un plan de lucha que frene definitivamente cualquier avance sobre nuestros derechos adquiridos y los de los pacientes, quienes llegan al hospital público en mayor cantidad como secuela inevitable del ajuste. Contra la mercantilización de la salud y mayor presupuesto. Exigimos un plan de lucha a las CGT y CTA de nuestra provincia junto a todos los gremios estatales, para pelear por un sistema de salud pública, integral, gratuita y de calidad para nuestro pueblo trabajador.