La privatización de la empresa Gas del Estado en 1992 fue un crimen alevoso contra los intereses de los trabajadores y el pueblo. Los gobiernos que sucedieron al menemismo no la revirtieron. Los socialistas revolucionarios planteamos la reestatización para garantizar tarifas accesibles a la población y las inversiones necesarias para la ampliación de la red de distribución. Nuestra experiencia histórica demuestra que mediante la reestatización de la exploración, explotación, distribución y comercialización de los hidrocarburos, se pueden revertir los retrocesos producidos por la privatización.

Al cabo de sus 46 años de existencia, entre 1946 y 1992, Gas del Estado se había convertido en una de las empresas de distribución de gas más importantes en el mundo. El 5 de marzo de 1945 se nacionalizó el gas, hasta entonces explotado por la empresa inglesa Primitiva de Gas, y el 1 de enero de 1946 se creó la Dirección Nacional de Gas del Estado, quedando las tareas de distribución separadas de las de la empresa YPF, encargada de la producción. Desde 1929 el estado argentino fijaba los precios del mercado interno del gas, una política implementada a pesar de las presiones del oligopolio encabezado por transnacionales como la holandesa Shell y la Standard Oil del magnate yanqui Rockefeller. Con la creación de Gas del Estado, se bajaron los costos de producción, bajaron las tarifas y se amplió la red de distribución.

En 1949 se culminó la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, con una extensión de 1605 km, en virtud del cual comenzó la comercialización del gas natural como servicio público. Se superó así la dependencia respecto de las importaciones de carbón de hulla desde el Reino Unido. El rápido crecimiento del consumo de gas natural, la construcción de más de 20 mil kilómetros de gasoductos y la distribución a través de tuberías, tanques y cilindros, colocó a finales de la década del ‘60 a la Argentina como uno de los tres países con mayor aprovechamiento del recurso, solo por detrás de Estados Unidos y la Unión Soviética. Al momento de su privatización en 1992, Gas del Estado proveía gas directo al 45% de la población. El consumo se repartía en 53% para la industria, 27% para generación de electricidad, y 20% para consumo doméstico, mientras que la tarifa había bajado progresivamente hasta representar apenas el 6% del costo que tenía en 1946.

La privatización marcó el retroceso

Gas del Estado se privatizó en 1992, en una servil aplicación de las órdenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional por parte del peronismo de Menem y Cavallo, y se dividió en once empresas con mayoría de capital privado extranjero, nueve de distribución y dos de transporte. La criminal maniobra la impuso de manera fraudulenta el Partido Justicialista en el Congreso (ver recuadro sobre los “diputruchos”) y se concretó la venta de la empresa por menos de la décima parte de su valor, estimado en más de 25 mil millones de dólares.

La rapiña de empresas como Metrogas, que recibió la concesión para gestionar por 35 años la distribución del gas en la Ciudad de Buenos Aires y once municipios del conurbano, marca una gestión caracterizada por las subas de tarifas y la desinversión. El saqueo fue de tal magnitud, que Metrogas fue quebrada y la terminó recomprando YPF en mayo de 2013.

La gestión privada de la extracción y distribución del gas, que ha reportado ganancias desquiciantes a unos pocos empresarios y funcionarios, ha resultado un fracaso total desde el punto de vista del pueblo trabajador. Hay que reestatizar toda la actividad gasífera para garantizar las inversiones necesarias y así seguir ampliando la red de distribución, revertir el tarifazo y hacer valer el derecho de la población a este servicio de fundamental importancia.

La comedia de los “diputruchos”

En una atropellada votación, sin debate, la tarde del 26 de marzo de 1992, el bloque parlamentario peronista aprobó la privatización de Gas del Estado. A duras penas había reunido los 130 parlamentarios requeridos para poder sesionar. Sin embargo, la prensa rápidamente se percató de que una de las bancas era ocupada por un farsante. Mientras intentaba huir, Juan Kenan fue interceptado por los periodistas, y ante las cámaras admitió que no era diputado. A pesar de que se había destapado el fraude peronista, se mantendría en pie la tramposa votación que privatizó Gas del Estado.

Kenan era empleado del diputado del PJ Julio Manuel Samid, hermano del empresario de la carne Alberto Samid. Al igual que otros cinco impostores, se había hecho pasar por diputado. Los otros cinco diputados que disfrazaron a sus empleados para que votaran en la sesión privatizadora fueron Felipe Solá, Carlos Romero, Nicolás Becerra, Eduardo Varela y Carlos Manfredotti. Kenan y Samid fueron condenados por el fraude a algunos meses de prisión en 1994, pero la condena nunca se ejecutó.