Escribe: Laura Marrone Legisladora electa Izquierda Socialista/FIT CABA

El gobierno nacional anunció la realización de una gigantesca evaluación nacional el 17 de octubre, el Operativo Aprender, a más de un millón de alumnos de escuelas públicas y privadas. Son evaluaciones externas, encargadas a empresas privadas, por fuera de las evaluaciones cotidianas que hacemos en las escuelas. Menem y los Kirchner hicieron otras (llamadas ONE, PISA, etcétera) y ninguna nunca contribuyó a mejorar la educación.

Los propósitos de Aprender son preparar el terreno para instalar las evaluaciones externas, como filtro para que no todos los estudiantes secundarios que quieran seguir en la universidad puedan ingresar -como ya ocurre en Brasil-, modificar los contenidos educativos, seguir avanzando en la privatización de la escuela pública y flexibilizar el trabajo docente.

“Enseñar el disfrute de la incertidumbre”

Mediante las evaluaciones irían ajustando los contenidos a enseñar en función de las necesidades de los empresarios. Bullrich declaró en el Congreso de Educación y Desarrollo Económico que “tenemos que enseñar para el disfrute de la incertidumbre [...] Preparar alumnos para ser emprendedores, porque en un futuro próximo el 60% de las personas van a ser sus propios empleadores”. Según él, las empresas no tomarían personas bajo relaciones salariales, sino por proyectos a término. Buscan cambiar de una “educación para el trabajo”, a una educación para la tercerización y la inestabilidad laboral.

También quieren disciplinar laboralmente a los docentes, anulando el Estatuto laboral Docente, cambiar el ingreso por puntajes y concursos públicos por contratos temporarios elegidos a dedo por el poder político.

Detener este nuevo ataque

La flamante secretaria de Evaluación, Elena Duro, afirmó que los resultados de “Aprender” no serían públicos en lo inmediato, pero apuntan a ello en un futuro. El “ranking de calidad educativa” por escuela provocaría el corrimiento de matrícula según los resultados y, al acabarse las vacantes en las “mejores” fugarían más alumnos a las privadas. Duro señaló que “las actuales pruebas serían para avanzar, paso a paso”, hacia la instalación de la cultura de la aceptación social de que una empresa privada, contratada, pueda definir qué enseñar en las escuelas.

Bullrich sostiene que todo esto se hace para mejorar la educación, al mismo tiempo que acaba de despedir a 200 trabajadores del Instituto Nacional de Formación docente, apoyándose en la situación de precariedad laboral que dejó el gobierno anterior. Macri avanza en los negociados en la educación, privatizando servicios de comedores, de limpieza, administrativos y educativos, evaluaciones, asesoramientos y capacitaciones, además de los subsidios a la educación privada.

Para implementar esta evaluación, el gobierno quiere jugar con la miseria salarial docente, ofreciendo entre $1.000 y $2.000 a quienes la realicen, y más a los directivos que garanticen que se evalúe en sus escuelas. Y pueden contratar a cualquiera, aunque no sea docente. ¡Todo fuera de las normas legales y estatutarias! Docentes, estudiantes, trabajadores y organizaciones sindicales tenemos la inmensa tarea de impedir que se implemente este plan y estas evaluaciones. Llamamos a los docentes a unirnos para no realizar la evaluación y a todos a impulsar una amplia campaña unitaria contra Aprender y en defensa de la escuela pública.