Escribe: Mariano Farre

En 25 días se produjeron 26 homicidios. Uno de los más resonantes fue el de un hombre de 56 años asesinado en noviembre pasado cuando quiso evitar el robo del comercio de su esposa. En los últimos días, un joven de 22 años corrió la misma suerte cuando le robaron su celular. Esto hizo estallar la bronca.

Miles de personas convocadas por las redes sociales (los medios dicen 20.000) se manifestaron el pasado jueves 25 de agosto frente a los tribunales y la casa de gobierno en Rosario. No es casualidad: el Frente Progresista de Lifschitz y Binner (Partido Socialista-UCR) es inseguridad e impunidad.

El problema de la inseguridad es el de mayor preocupación popular en la provincia. Tiene su raíz en la miseria, el narcotráfico y la complicidad policial, judicial y gubernamental. Santa Fe es la provincia más peligrosa del país con 12 homicidios por año cada 100.000 habitantes. Mucho más que Buenos Aires (con 7,4) y muchísimo más que Córdoba (3,8). Desde hace varios años Rosario es noticia en el país por la instalación de bandas narcos, por la relación de éstas con la jefatura de la policía y por la nueva ola de asesinatos que se ha desatado recientemente. La provincia de Santa Fe -y Rosario en especial- tiene una ubicación clave por ser un nudo de comunicación terrestre, fluvial y marítimo con el resto del país, con países vecinos y con todo el mundo. Pero esto explica solo parcialmente el auge del narcotráfico, que se desarrolló a partir del ascenso del Frente Progresista (Partido Socialista-UCR) en 2007.

La miseria creciente que azota a Rosario genera un enorme caldo de cultivo para la violencia. Miles de jóvenes sin ningún futuro son empujados a la marginalidad y en muchos casos son usados como “carne de cañón” por las bandas de delincuentes, muchas devenidas en organizaciones de narcotraficantes. Esto produjo un tremendo aumento de la violencia social. Pero la acción del narcotráfico no se podría haber desarrollado sin la complicidad policial y judicial. El caso del jefe de la policía santafesina Tognoli y su sociedad con los narcos es una prueba de ello. Se supo que un juez tenía bienes de los Cantero (banda de Los Monos) a su nombre. O el hecho de la computadora de una banda narco que “desapareció” durante un mes, luego de un allanamiento, y reapareció completamente en blanco.

Los partidos del sistema, incluyendo obviamente al Frente Progresista, siguen diciendo que “combaten al narcotráfico” anunciando que Macri enviaría más gendarmes, lo que ya mostró durante el kirchnerismo con Berni a la cabeza que no da ninguna solución. Solo suma casos de violencia hacia la juventud pobre, que sufre el escarnio de la prepotencia de los gendarmes.

En este contexto se produjo esta ola de asesinatos, varios en intentos de robo. La masiva movilización centró su exigencia en justicia para los casos más recientes, y para varios casos de homicidio donde hay policías involucrados. Corrientes como el PTS aseguran que fue una movilización por “mano dura” (La Izquierda Diario, 26/8). El PTS siempre sostiene lo mismo frente a esta problemática, catalogando de “derecha” cualquier reclamo, e ignorándolo. En el otro ángulo, el partido Ciudad Futura (Chavistas-ex Frente Popular Darío Santillán) que cuenta con tres concejales, sostiene como salida un comité de crisis integrado por representantes del gobierno municipal y provincial, la justicia, la cámara de diputados provincial y que el Concejo Deliberante transmita sus sesiones vía streaming. O sea, que a la “crisis” la manejen los responsables de la inseguridad.

Desde Izquierda Socialista consideramos absolutamente legítimo que los vecinos se organicen y luchen por justicia ante los homicidios, sean por fuerzas de seguridad, bandas narco o en ocasión de robo. Y denunciamos que en casi todos los casos la corrupción policial, judicial y del gobierno están involucradas. Por ello planteamos ir hasta las últimas consecuencias en estos reclamos.

Pero también luchamos por un plan económico que termine con el hambre, la miseria y la desocupación. Para que se brinde trabajo y educación a millones de jóvenes. Planteamos la necesidad de desarticular la verticalidad y corrupción del aparato policial y judicial, con la elección popular de comisarios y jueces, y que dichos cargos sean revocables. Por que los centros vecinales y asambleas barriales organicen alarmas comunitarias y otros mecanismos para disuadir el delito y a las bandas de narcos. Y sostenemos que las drogas deben ser legalizadas y controladas por el estado, para terminar con las mafias que se aprovechan de esta situación, tomando la problemática como un asunto de salud pública.