La semana pasada se conocieron los números del aumento de la desocupación. El gobierno quiere usar esos datos para asustar a los trabajadores y así seguir atacando al empleo y el salario. Hay que implementar urgentes medidas para frenar los despidos y generar en forma inmediata nuevos puestos de trabajo.

Escribe: José Castillo

Es información oficial del Indec: al segundo trimestre de este año el desempleo ascendía al 9,3%. Los grandes conglomerados con mayor presencia de la clase obrera son los que registran mayor desocupación, todos con valores arriba del 11%: Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mar del Plata. Si miramos los índices por edades, la realidad también es alarmante: en la franja juvenil (hasta 29 años), el desempleo trepa hasta el 18,9%. Se terminó la polémica: efectivamente, más de 200.000 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo durante el 2016. La información del organismo de estadísticas también registra un incremento en el trabajo en negro, que asciende al 33,4%.

En abril pasado, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina informó que la pobreza había aumentado del 29% al 34,5%, lo que significa 13 millones de personas, 1,4 millones más que en la medición anterior.

Esta es la realidad social que generan despidos y salarios ostensiblemente por debajo de la inflación. El gobierno de Macri mintió todo el tiempo, sosteniendo que las medidas de ajuste eran necesarias para que en el segundo semestre viniera la “lluvia de inversiones”, que traería, supuestamente, trabajo y prosperidad. Ahora, ante la evidencia de los números, busca asustar a los trabajadores diciéndoles que no tienen que reclamar por sus salarios, sino “cuidar sus empleos”. Afirmación cínica: fue el propio gobierno el que inauguró la ola de despidos en masa en el sector público, y el que se negó a cualquier política de limitación de despidos, reemplazándola por un “compromiso a no despedir” firmado por sus empresarios amigos que por supuesto ni siquiera cumplieron.

Por un plan de obras públicas para dar trabajo genuino

Los planes del gobierno para “incrementar” el trabajo se reducen al “programa primer empleo”, que consiste en reducciones en las cargas sociales para las empresas que tomen jóvenes que ingresan al trabajo formal durante los tres primeros años. O sea, busca “fomentar” el empleo juvenil por medio de la reducción del costo salarial empresario. O como anunció el ministro Triaca, comenzar a discutir toda una agenda para aumentar la “productividad” de los trabajadores, léase mayor explotación vía flexibilización laboral.

La propuesta del Frente de Izquierda es radicalmente opuesta: hay que empezar por decretar la emergencia laboral, prohibiendo suspensiones y despidos, con la sanción de expropiación -y puesta en funcionamiento bajo gestión de sus trabajadores- a toda fábrica que viole esta disposición. Al mismo tiempo, hay que lanzar un conjunto de medidas para darle trabajo a la enorme masa que hoy no lo tiene. Que comienza repartiendo las horas de trabajo entre todos los ocupados y desocupados, sin afectar el salario.

Pero fundamentalmente hay que poner en marcha un gran plan de obra pública. Porque esto permitiría poner masivamente en marcha a la industria de la construcción, la más afectada por los despidos (se perdieron 60.000 puestos de trabajo desde comienzo de año) y a la vez, la más multiplicadora de empleo. Este plan debe ser realizado directamente por el estado en sus distintos niveles (nacional, provincial y municipal) bajo el control de los propios trabajadores y las organizaciones de desocupados, evitando así el clásico “negociado” de la obra pública que termina generando superganancias para los monopolios contratistas.

Este plan tiene que servir para resolver las más candentes necesidades populares, empezando por la construcción de viviendas, siguiendo por las carencias de infraestructura en los barrios (asfalto, cloacas), la construcción y reparación de escuelas y hospitales, y las obras que están hoy paradas, como las más urgentes para evitar inundaciones. Solo así, con el conjunto de este plan, se estará en condiciones de garantizar trabajo digno y genuino para todos lo que hoy no lo tienen. Y debe ser financiado con impuestos a las grandes fortunas y con los fondos de la inmediata suspensión de pagos de la usurera e ilegal deuda externa.

Desempleo 5,3 millones de trabajadores afectados

Si a la desocupación del 9,3% le sumamos el 7,7% de la “subocupación demandante” (gente que trabajó menos horas de las que quiere y busca otro trabajo) y el 3,5% de la “no demandante” (gente que trabajó menos horas de las que quiere, pero no busca otro trabajo), tenemos un 20,5% de la Población Económicamente Activa con serios problemas de empleo. Estos valores suman 5,3 millones de trabajadores. Una de cada cinco personas en edad de trabajar tienen serios problemas de inserción laboral: o no consigue trabajo o lo que consiguen no les alcanza para satisfacer sus necesidades de ingreso y requieren de otro trabajo para completar su jornada laboral, que no encuentran.

Trabajamos más horas que los europeos

El presidente Macri acusó a los trabajadores por la “falta de competitividad” de la industria. Se hizo eco de los reclamos empresarios de “mayor disciplina laboral”. Esto se debería al ausentismo. Sin embargo, un informe de la OCDE, reproducido por el diario La Nación (domingo 28 de agosto), lo desmiente rotundamente. En la Argentina se trabajan en promedio 1899 horas anuales, un número superior al de todos los países imperialistas. Para comparar: en Alemania se trabajan 1371 horas al año, en Holanda 1419, en Noruega 1424, en Dinamarca 1457 y en Francia 1482. Los patrones argentinos prefieren, porque les sale más barato, superexplotar a un mismo trabajador con jornadas interminables antes que tomar a otro. Desde la izquierda decimos exactamente lo opuesto: hay que repartir las horas de trabajo entre toda la población económicamente activa, sin afectar el salario.

Sueldazos en el PAMI

Carlos Regazzoni, titular del PAMI, acaba de crear 351 nuevos cargos, muchos de ellos con sueldos que alcanzan hasta 161.000 pesos mensuales. El monto de estos salarios representa el 90% del recorte de 500 millones de pesos que la actual gestión llevó adelante con el gasto anual de medicamentos (Página 12, 29/8).

Como se puede apreciar, se despidieron trabajadores para acomodar amigos, lo que vienen denunciando los trabajadores.

Valiéndose de argumentos tales como la existencia de “ñoquis”, el gobierno de Macri y sus cómplices lleva despedidos 80.000 trabajadores estatales, entre nacionales, provinciales y municipales. Repudiable.