Escribe: Laura Marrone Legisladora electa Ciudad de Buenos Aires

El 25 de agosto pasado la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la ley que incorpora al Estatuto del Docente el derecho a la licencia por violencia de género para las docentes que se desempeñan en escuelas de esa ciudad. Luego de más de un año de debates, de petitorios firmados por las docentes en las escuelas a impulso de Ademys y del aporte de profesionales de la salud y de la justicia se logró que el texto final quitara la exigencia del PRO de la denuncia judicial previa como requisito para acceder a este derecho.

Desde el FIT habíamos presentado un proyecto que titulamos “Modificaciones al Estatuto del Docente sobre cuestiones de género”. Este proyecto que recogía debates de los encuentros nacionales de la mujer, propuso además de la licencia, el derecho a la reubicación transitoria de lugar de trabajo para las personas que la requirieran a partir de encontrarse asistidas por instituciones del estado en el marco de la Ley 26.485 de protección integral a la mujer víctima de violencia de género. Su inclusión estuvo en debate, pero al cierre del mismo, y sin motivo claro, el PRO, el Frente para la Victoria y el sindicato UTE (Celeste) lo dejaron “para más adelante”.

El proyecto del FIT también incluía la licencia por fertilización asistida que requiere a veces largos tratamientos, que no se condicen con licencias por enfermedad. Asimismo, establecía la extensión de la licencia materna-paterna, partiendo de que los niños recién nacidos pueden ser atendidos por ambos (padre o madre), en el marco de la construcción de una nueva cultura antipatriarcal. Tampoco estos puntos fueron incluidos.

Desde Izquierda Socialista, junto a los compañeros Marcelo Ramal (PO) del Bloque del FIT, y del PTS, Patricio del Corro, plantamos el compromiso de seguir luchando por estos derechos así como su extensión al resto de los trabajadores de la ciudad: salud, administración, cultura, servicios. Vaya este pequeño triunfo como aliciente para presentar el reclamo en todas las legislaturas del país y su tratamiento en el congreso nacional para su incorporación a la legislación, que norma sobre la relación laboral de las trabajadoras en relación de dependencia con empresas privadas.