Escribe Melina Barbieri

El martes 13 de septiembre se conmemoró con protestas en la capital sanjuanina y el departamento de Jáchal un año del derrame de cianuro de la transnacional Barrick Gold que afectó a cinco ríos. Las masivas marchas pidieron el cierre de la minera Barrick Gold y la remediación inmediata a cargo de la empresa de los daños causados. “Hace un año a esta hora estábamos todos llorando y era durísimo tener que explicarle a tus padres que no le podían dar agua a tus hermanos”, explicaba una asambleísta de Jáchal en la plaza sanjuanina. Dos días después llegó la confirmación de un nuevo derrame de cianuro producido en la mina Veladero.

La multinacional Barrick Gold y el gobierno peronista de Sergio Uñac habían ocultado deliberadamente la información a la población por más de ocho días. Pero la “novedad” de un nuevo derrame, al igual que el año pasado, se filtró por los trabajadores de la mina. Una vez más quedó en evidencia la complicidad entre la empresa minera y el gobierno provincial.

Frente a la noticia filtrada, la Barrick repitió el mismo comunicado de 2015: “no hubo contacto con ningún curso de agua, ni con canales de desvío” (Diario de Cuyo, 15/09). La empresa y el gobierno local y nacional, cual socios, cuidan los mismos intereses. Mientras Macri le quita las retenciones a la Barrick, la multinacional canadiense saquea nuestra cordillera y envenena nuestros ríos bajo el aval de los gobiernos locales. Como demuestran las declaraciones del gobernador Uñac, intentando poner paños fríos al escándalo, pidiendo “desdramatizar la situación” y adelantar que “a priori no hubo ningún tipo de daño” (Clarín, 15/09). Por eso los vecinos lo corrieron a huevazos. Igual repudio recibió el intendente, teniendo que ser cobijado en la comisaría.

No alcanza con una multa o suspender la actividad por unos días. El pueblo de Jáchal e Iglesias, como toda la población de San Juan, no puede seguir tolerando que envenenen su futuro mientras las multinacionales saquean nuestros recursos. Al pueblo no le alcanza para comprar agua mineral, sabe que está tomando metales pesados como indican los últimos análisis en los que se remarca que el agua no es apta para consumo humano ni animal por sobrepasar los límites indicados por la Organización Mundial de la Salud.

San Juan debe terminar con la megaminería contaminante en manos de la Barrick. La explotación de la cordillera pone en riesgo la vida, con el único objetivo de llenar de millones las arcas de la multinacional canadiense. Hay que continuar con los piquetes y las movilizaciones masivas, impulsando cortes de rutas en todas las provincias afectadas por la megaminería, siguiendo el camino que marcaron los asambleístas esta semana.

Desde Izquierda Socialista llamamos a apoyar la lucha de las asambleas ya que en el camino de la más amplia unidad, podemos echar a la Barrick y expropiar sus activos económicos para iniciar la remediación ambiental del daño que generó. Vamos por una Comisión Investigadora, que integre a representantes de las asambleas. ¡Echemos a la Barrick Gold!