Luego de que saliera a luz el entramado de empresas offshore con el denominado Panamá Papers, involucrando al presidente Macri, una nueva filtración devela la novena firma del grupo Socma (Sociedad Macri). Otros miembros de la cúpula empresarial argentina y los bancos también son mencionados.

Escribe Martín Fú

Este año estalló el “Panamá Papers”, un listado de miles de empresas de primer nivel de todo el mundo, de políticos, empresarios y artistas, entre otros, con sedes constituidas en paraísos fiscales donde las ventajas y facilidades para el capital son imbatibles.

Muchos de los empresarios son reconocidos, encabezando en Argentina el presidente Mauricio Macri y el grupo Socma que registran este tipo de empresas en Bahamas desde 1981, en plena dictadura militar. Ledesma, Bolt, Techint, Soldati y Garfunkel son sólo algunas de las otras empresas argentinas que confían tanto en el país y su gobierno, que prefieren fugar sus activos, sin rendir cuentas y sin pagar impuestos.

Las empresas denominadas “offshore” son aquellas que están constituidas fueras del país, en paraísos fiscales donde no tributan ningún tipo de impuesto. Son firmas que se arman rápidamente y gozan de confidencialidad, sin necesidad de presentar balances anuales, ni registro público de datos personales. Mucho menos nombres de accionistas o propietarios. También esta modalidad permite flexibilidad y mejor acceso al crédito internacional.

Haz lo que digo y no lo que hago

El grupo empresario de los Macri conoce al detalle la arquitectura financiera de estas empresas y sus “beneficios”. Hace ya varias décadas viene operando con un conglomerado de empresas offshore. Es por ello que la justicia investiga a Macri por la sociedad Fleg Trading con sede en Panamá, a pesar de que una vez destapado el escándalo el presidente salió a desmarcarse asegurando que la empresa de la que fue vicegerente estaba inactiva. Tiempo después se supo que no sólo no estaba inactiva “sino que se había expandido a Brasil”, multiplicando sus negocios y ganancias. (Página12, 22/9). El presidente mintió.

La novena firma descubierta, Viajoyá.com, incluye a los Macri como accionistas mayoritarios en sociedad con el Banco Galicia, y tiene sede en Bahamas. Uno de los directores de la empresa fue Daniel Chain, en su momento encargado de las inversiones y directivo del grupo Socma y ahora actual secretario de Obras Públicas.

Otros conocidos cercanos al clan Macri son Jorge Macri (intendente de Vicente López) y Nicolás Caputo, con firmas offshore en Florida, Estados Unidos. Es un escándalo que parece no tener fin y salpica a todo el empresariado argentino, muchos de ellos CEOs de este gobierno.

Un gobierno al servicio de los empresarios

El gobierno de Macri, mientras mantiene el robo del impuesto al salario, exime a los grandes empresarios del impuesto a la renta financiera. Permite la fuga de capitales y habla de bajar costos laborales para atraer inversiones y tiene desde hace años la costumbre de fugar sus ganancias a Bahamas. Es a las claras un gobierno empresarial al servicio del capitalismo más voraz, los grandes empresarios y sus negocios, con las empresas offshore incluidas.

Sabemos que muchos trabajadores cansados de las políticas kirchneristas y su corrupción votaron a Macri. Pero el destape de ésta olla a presión ,donde salen las numerosas empresas offshore del presidente y su familia, dan por tierra ese falso discurso. A nueve meses de gestión algo huele mal mientras continúa con la política de ajuste, tarifazo y despidos sobre el conjunto de los trabajadores y sectores populares.

Millonarios y corruptos aportaron al PRO

Una auditoría de la Cámara Electoral denunció serias “deficiencias” en donaciones y gastos tanto de Cambiemos como del Frente para la Victoria: cientos de donantes no pueden justificar su patrimonio, hay empresarios proveedores del estado, eventos proselitistas no declarados y gastos de campaña facturados por organismos públicos (La Nación, 26/9).

Carlos Tomeo (famoso por los 4 millones de pesos que le encontraron en su casa como aportante de la campaña de Aníbal Fernández) aportó $ 95.000 a la última campaña presidencial de Macri. También lo hicieron cinco personas vinculadas a la firma Eva SA por 400.000 pesos. Eva SA ganó en noviembre de 2015 una licitación en la ciudad de Buenos Aires para la operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de restos de poda y residuos orgánicos, cuando la ley lo prohíbe. Tampoco se declararon gastos publicitarios del PRO por $ 100.000 facturados por la Ceamse, un organismo estatal.

Gabriela Michetti y el dinero sucio

Escribe Claudio Funes

La denuncia de ‘robo’ presentada por Gabriela Michetti trató de ocultar que el dinero sucio financia las campañas electorales de los partidos patronales, en este caso el partido de gobierno.

A raíz de la denuncia para que se investigue el origen del dinero que supuestamente le fuera sustraído, Michetti fue imputada por la fiscalía. Se trata de $245.000 y 50.000 dólares que no queda claro qué hacían en su casa. “Era dinero para la cena anual de la fundación SUMA”, “los dólares me los prestó mi pareja para pagar una maestría a mi hijo”, “soy honesta”, declara la vicepresidenta.

Tras haber pedido su sobreseimiento, la denuncia contra la vice fue ampliada con el argumento de la existencia de contradicciones entre lo expuesto ante la justicia y sus declaraciones a los medios. Resalta también la poca transparencia en el manejo de las donaciones.

La fundación SUMA presidida por Michetti fue creada en 2009, recién presentó balances ante la Inspección General de Justicia en el año 2016, luego de la denuncia. La vicepresidenta dice haber pagado sueldos por $165.000 durante el año 2014, pero la fundación se inscribe como empleadora en julio de 2016, esto significa que tenía empleados no declarados.

Michetti calla la relación entre SUMA y el Grupo Farallón, del empresario Eduardo Gutiérrez, procesado en la causa López y con Carlos Morales Comini, acusado de proxeneta. Ambos aportaron a la campaña de Macri. Queda claro que la fundación tenía por objeto recaudar dinero de quién sea y hasta por fuera de la ley.

De todo esto debe venir la intención de Macri de intentar una nueva reforma política para blanquear lo que ya hizo Michetti: que los empresarios financien a los partidos patronales, algo que hasta ahora estaba “prohibido”, por lo menos, eso dice la ley.