Escribe Arturo Pisani

El Consejo Deliberante de Andalgalá el pasado 8 de septiembre aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe la megaminería en toda la localidad. Es sin dudas un triunfo de la movilización de todo el pueblo, que sufrió la represión y judicialización luchando contra Agua Rica y la política minera del kirchnerismo.

Rápidamente los diputados del Frente para la Victoria condenaron la ordenanza y denunciaron que da muerte al progreso de la provincia. Páez, el intendente de Andalgalá, dice “que no se aplica a todo el municipio, solo a los proyectos cercanos”. Por eso no debemos depositar ninguna confianza en estos funcionarios, cuyos partidos patronales (PJ y UCR-Cambiemos) reafirmaron una y otra vez la continuidad de la entrega a las megamineras saqueadoras y contaminantes.

La ordenanza es un paso en la lucha contra la megaminería, pero en otras provincias hemos visto como las leyes se violan. Por eso la movilización del pueblo de Andalgalá y la de todos los territorios afectados, con la más amplia unidad, es el camino para echar a todas la megamineras; exigir una ley nacional que prohíba la megaminería en todo el país; cerrar todos los proyectos megamineros y expropiar sus activos para resolver el pasivo ambiental.