Luego de la aparición de 36 sobres con 153.000 pesos provenientes de coimas, trece comisarios fueron apartados y un juez ordenó detener a seis de ellos. Un escandaloso video revela la sociedad entre la policía y el delito.

Escribe Martín Fú

Lo dijo un vecino en estos días: “el delito viaja en patrullero”, y así se titula esta nota. Desde hace muchos años los trabajadores sabemos que la policía no está para cuidarnos y que las rondas de los patrulleros no son garantía de mayor seguridad.

La olla se destapó otra vez cuando se encontraron sobres con dinero, prolijamente rotulados, en la Jefatura Departamental de La Plata. El dinero provenía de trece comisarías de esa ciudad y de la división Patrulla Motorizada. Tan obscena fue la imagen de los sobres que el mismo fiscal de la causa, Marcelo Martini, afirmó: “la recaudación ilegal de la Policía es un modus operandi que viene desde hace tiempo y que recién ahora se ha podido demostrar”. Tampoco descartó que “parte de este dinero fuera para más arriba” (Télam, 28/9).

Todos los involucrados ocupaban altos cargos en la jefatura policial, y si bien el juez ordenó la detención de seis de ellos, todos siguen libres. En lo que va del año más de 2000 efectivos de la bonaerense fueron desafectados por diversas faltas. Estos hechos tocan neurálgicamente la cúpula policial y desentraman una vez más que la connivencia entre el delito y las fuerzas de seguridad se gesta desde lo más alto de la cadena de mandos.

En la misma semana que estallaba el escándalo de la asociación ilícita de los comisarios se difundía el video de la denominada “banda del millón”, que se adjudicaba el robo de un banco en General Rodríguez, entre otros casos. A cara tapada pero vistiendo chalecos, distintivos y armas policiales, el portavoz denunciaba a la policía por violar el acuerdo previo de liberar la zona y no disparar. En su “descargo” se rehusaban a pagar la “astilla” (parte del botín) a la policía por no respetar su promesa de no intervenir durante el robo y despejar la zona de patrullas y efectivos policiales.

Hay que desmantelar el aparato represivo corrupto

Quienes deberían cumplir la función de garantizar seguridad (la policía y sus mandos), resultaron ser los cabecillas y organizadores de bandas delictivas. Generan, desde el barro de la ilegalidad, millonarios negocios extraídos del juego, droga, prostitución, seguridad adicional a comerciantes, y abriendo y ampliando la cancha para el delito liberando zonas. Paralelamente a la aparición del video se fueron conociendo varios testimonios de comerciantes platenses, donde cuentan cómo pagaron coimas a la policía desde diciembre de 2015 hasta abril de 2016 por servicios de “seguridad”.

En la pasada campaña electoral Cambiemos jugó fuerte con la promesa de brindar mayor seguridad a la población. Luego de nueve meses en el gobierno con Macri en nación y la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires, la genuina demanda de inseguridad de gran parte de la población sólo tuvo como respuesta el despliegue de más efectivos en las calles. Se le dio a las cúpulas policiales mayor estructura y hombres para controlar sus negocios, sin que eso disminuyera un ápice la tasa de delitos, que en su inmensa mayoría son cometidos contra los trabajadores y sectores populares.

El modelo de abarrotar las calles céntricas del conurbano con más policía es un fracaso. A medida que Scioli primero y Vidal después lo implementaban, la cantidad de delitos crecía proporcionalmente. En 2016 se llegó al récord de cantidad de policías que prestan servicio en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense tiene sus réplicas en otras fuerzas, como la de Córdoba de Schiaretti o la de Santa Fe de los “socialistas” de Lifschitz. Son policías que desde su entraña arrastran la podredumbre más profunda. Policías ávidas de asociarse con el delito o salir a reprimir cuando el poder político lo pide. Hay que desmantelar todas las cúpulas policiales corruptas y su aparato recaudador. Por todo ello es necesario que los comisarios sean elegidos por el voto popular, pudiendo ser fácilmente removidos de sus cargos en donde los vecinos a través de sus organizaciones barriales controlen y puedan decidir cuáles son las prioridades de los barrios en materia de seguridad. Que todos los jefes policiales cómplices del delito y corruptos sean destituidos y encarcelados.