Se está avanzando en un proyecto de reforma política en el Congreso, que lejos de imponer “transparencia” o “beneficiar al votante” como dicen desde el gobierno de Cambiemos sigue imponiendo normas antidemocráticas y proscriptivas para la izquierda.

Escribe Atilio Salusso

El gobierno de Macri dice que la implementación del voto electrónico -como parte de una reforma política- va a beneficiar a los partidos “chicos” porque impediría el robo de boletas. El Frente para la Victoria, por su parte, rechaza el voto electrónico defendiendo que se sigan usando las boletas como hasta ahora, para seguir con su aparato electoral ya aceitado al servicio del fraude y el clientelismo que practica desde hace décadas. Sin embargo, el gran problema en las elecciones no está solo en la forma en que se vota, sino en los procedimientos clientelares y en el resto de las maniobras a las que nos tienen acostumbrados los partidos patronales.

Los gobernadores, por ejemplo, tendrán la posibilidad de mantener sus propios sistemas electorales basados en la ley de lemas, colectoras o acoples para manipular y distorsionar la voluntad popular en las elecciones provinciales. Una muestra de esto fue el escándalo con represión incluida en el escrutinio de las pasadas elecciones en Tucumán para que gane el candidato del Frente para la Victoria, el actual gobernador Manzur. Maniobras que también practica el “transparente” Cambiemos: recordemos cuando se paró el escrutinio en Santa Fe (gobernada por el Partido Socialista y los radicales) donde se decía que el Frente de Izquierda no había logrado superar el piso en las PASO, pero luego en el escrutinio definitivo lo superó. Lo mismo vale para el PJ. Otro caso fue cuando se impidió por fraude que nuestra compañera Liliana Olivero saliera diputada nacional por Córdoba en la última elección, ante lo cual el PJ y la UCR se opusieron a abrir las urnas para contar nuevamente los votos en el escrutinio definitivo.

El gobierno, a su vez, quiere destrabar con otra ley la prohibición de que los empresarios aporten a las campañas de los partidos patronales, para legalizar lo que ya se hizo con los empresarios de la efedrina aportantes de la campaña de Cristina y el Frente para la Victoria en las presidenciales de 2007. O de quienes a través de ONGs aportaron para el PRO, por lo cual se está investigando a la vicepresidenta Gabriela Michetti. También hay denuncias de aportantes a la campaña de Cambiemos de empresarios contratistas del estado y de personajes involucrados en la trata de personas, entre otras perlitas.

¡Basta de perjudicar a la izquierda!

Entre los cambios que se van a implementar, hay muchos que sonperjudiciales para la izquierda. La reforma convalida las PASO. Mantiene ese mecanismo proscriptivo que, con el verso de que sirve para dirimir en una interna los candidatos de los partidos (cosa que no es tal, ya que Scioli, por ejemplo, fue puesto a dedo por Cristina), intenta proscribir a la izquierda. Impone el requisito de lograr el 1,5% de los votantes para poder presentarse a una elección, un filtro extra a todos los requisitos que ya están en curso.

Pero el proyecto de reforma actual agrega una nueva restricción: que en las PASO solo se vote a una lista, impidiendo que por ejemplo alguien vote a un partido tradicional para un cargo ejecutivo y pueda votar a la izquierda para un cargo legislativo. Por eso estamos lisa y llanamente por la eliminación de las PASO, porque son un mecanismo proscriptivo que implementó Cristina Kirchner y ahora profundiza el macrismo con el apoyo del “renovador” Massa y otros partidos patronales.

A su vez, se mantienen los pisos antidemocráticos de vieja data, como por ejemplo el de tener que obtener el 3% del padrón electoral (que asciende al 5 o 6% de los votantes) para lograr un diputado nacional. Esto hace que, en muchos casos, la izquierda obtenga cientos de miles de votos en algún distrito pero no logre sacar un diputado por no poder superar esa traba. Eso es lo que le pasó a nuestro compañero Juan Carlos Giordano en 2001. También se mantiene la disposición de que se debe obtener el 2% de los votos en dos elecciones consecutivas para no perder la personería electoral, obligando a tener que volver a sacarla, teniendo que afiliar nuevamente a miles de personas.

Ante este debate, proponemos que se eliminen las PASO y todas las disposiciones proscriptivas hacia la izquierda. No al 3% y al 2% del que hablamos. A su vez, debería eliminarse el Senado, una cámara aristocrática y antidemocrática que solo permite que la integren los partidos patronales (se eligen solo 2 por provincia, la misma cantidad en Santa Cruz que en Buenos Aires), devaluando el voto obrero y popular de las grandes concentraciones. Para terminar con el presidencialismo, se debería implementar una Cámara Única nacional, con diputados electos proporcionalmente, tomando el territorio nacional como distrito electoral único. Dicha Cámara tomaría medidas legislativas y ejecutivas a la vez, con diputados que ganen lo mismo que una directora de escuela, como parte de las medidas para terminar con un régimen patronal al servicio de gobernar para los de arriba.