La Iglesia Católica habilitó la apertura parcial de sus archivos. Una lavada de cara al servicio de la reconciliación con los genocidas del golpe del ‘76.

Escribe Martín Fú

La apertura de archivos que anunció la iglesia pondría a disposición de la justicia, familiares directos y organizaciones de derechos humanos el intercambio epistolar entre los familiares de las víctimas con la Conferencia Episcopal. El acceso a dichos documentos no sería público y no contempla comunicaciones internas de la iglesia durante el periodo 1976-1983.

Dicen que se trata de una medida “excepcional pedida por el Papa Francisco”, ya que el Vaticano sólo desclasifica sus documentos una vez pasados los cincuenta años de los hechos y según el cardenal Mario Poli, el objetivo es la “reconciliación” (Página12, 30/16). El arzobispo Arancedo, agregó sobre la apertura parcial de los archivos que “tal vez la Iglesia no hizo todo lo que podría haber hecho” (Página12, 26/10), el mismo que continúa con sus rondas por los penales visitando a los genocidas.

El Papa intenta con este anuncio lavarle la cara a la cúpula eclesiástica argentina cómplice del golpe, mostrándose como un pontífice “distinto”, siendo el principal operador en pos de la reconciliación, en sintonía con diversos sectores que pretenden bajo esa bandera garantizar la impunidad.

La iglesia lo sabía

La inmensa mayoría de la iglesia, a través de la jerarquía eclesiástica, acompañó a la dictadura militar. De los juicios se desprende que más de 120 religiosos, con diferentes responsabilidades, integraron grupos de tareas, interrogaron a los detenidos o aplicaron torturas. Unos 400 capellanes fueron asignados a “zonas militares” que incluían cuarteles y centros de detención.

Había tres grandes tareas para los religiosos: otorgar un aval cristiano a los militares y legitimar la represión; brindar apoyo moral hacia las tareas ilegales lavando las culpas de los torturadores y utilizar el secreto de confesión de los detenidos como herramienta para extraer información de las víctimas. Treinta y cinco de ellos fueron denunciados e imputados.

Adolfo Scilingo al confesar sus crímenes detalló que los capellanes de la ESMA lo hacían sentir mejor al darle una explicación y consentir los vuelos de la muerte. La Armada hasta ese momento no contaba con ningún procedimiento para el destino final de los secuestrados y fue, según Scilingo, la jerarquía eclesiástica quien ideó los “vuelos de la muerte” como una “solución cristiana”. Eran épocas donde el cardenal Raúl Primatesta afirmaba que “la Argentina ha sufrido un asalto marxista con intento de toma del poder y las fuerzas armadas se han resistido”.

A pesar de diversos y desgarradores testimonios aportados en los juicios contra los prelados, el cura Von Wernich es el único condenado por crímenes de lesa humanidad y sigue siendo sacerdote a pesar de cumplir prisión efectiva. El mismo Bergoglio como jefe de los Jesuitas en aquellos años es sindicado por Emilio Mignone, del CELS, como paradigma “de pastores que entregaron sus ovejas al enemigo sin defenderlas ni rescatarlas” (Página12, 14/03/2013) en referencia al secuestro y tortura de los curas jesuitas Jalics y Yorio, que no contaron con la bendición del hoy Papa.

Todo esto demuestra sin lugar a segundas interpretaciones la responsabilidad de los altos mandos eclesiásticos, la complicidad y el rol fundamental de la iglesia como institución para justificar y participar activamente en la represión ilegal. No se puede esperar más luz de los escasos y controlados aportes que pueda hacer la iglesia con estos archivos, que no aportaran elementos para enjuiciar y condenar a los genocidas. No hay que dejarse engañar ni depositar ninguna confianza tanto en el Papa como en la iglesia. Solo la movilización logrará la cárcel para los genocidas y sus cómplices civiles y eclesiásticos.