Escribe Claudio Funes

En marzo de 2012 la Corte Suprema emitió un fallo donde precisa los alcances del artículo 86 del Código Penal. Resuelve que el aborto practicado por un médico no será punible con las penas establecidas en el artículo 85 si “se evita un peligro para la vida de la madre” o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”. El fallo ordena no judicializar estos episodios.

En el año 2015 el Ministerio de Salud de la Nación, en base a este fallo, actualizó la guía para la interrupción del embarazo con el objeto de estandarizar su práctica. Hasta el momento son ocho las provincias que cuentan con estos protocolos.

El 12 de octubre pasado la ministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, firmó el acto administrativo 2095 que adhería a la normativa de la Nación. De este modo establecía los pasos a seguir en hospitales y clínicas privadas para asistir a mujeres que podían abortar amparadas por el nuevo Código Civil y el Código Penal. El 25 de octubre, ante las presiones de la iglesia, la disposición quedó congelada por orden de la gobernadora Vidal.

El secretario Legal y Técnico de Vidal, Julio Conte Grand, tiene reconocidos lazos con el Opus Dei. Antes, otro integrante de su gabinete, Joaquín de la Torre, de extracción peronista, actuó como abogado para impedir que una joven con síndrome de Down accediera a un aborto. Caso que llegó hasta la Suprema Corte bonaerense.

El gobierno de Vidal está en contra del derecho al aborto seguro, legal y gratuito, y contra el acceso al aborto no punible. Con su postura retrógrada deja sin protección a miles de mujeres, demostrando que la política no está definida por el género, sino por la clase para quien se gobierna. Organizaciones sociales repudiaron la decisión de Vidal. Desde Izquierda Socialista, como parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito, seguiremos luchando para que cada mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo y evitar así las 500 muertes por año que causa el aborto clandestino.