Escribe Simón Abreu

Entre el 5 y 6 de noviembre, una ola de terror machista recorrió la provincia de Entre Ríos. La noche del sábado, el prefecto Orlando Ojeda asesinó con un arma de fuego a su ex pareja Romina Ibarra, luego se trasladó al hogar de Norma Milessi, de quien se estaba divorciando, y también la asesinó a balazos. Pese a las denuncias en su contra desde 2009 por violencia de género, el funcionario tenía porte legal de armas de fuego.

El domingo a la mañana Miguel Ángel Rodríguez hirió de bala a Evangelina Moledo, quien podría sufrir paraplejía permanente a causa de las heridas. Horas después, Juan Pablo Ledesma asesinó a cuchilladas a su ex pareja Johana Carranza, a las dos hijas de ambos (de cinco y siete años de edad) y al novio de Carranza, Carlos Peralta.

El lunes se realizaron marchas en Concepción del Uruguay y Paraná, la capital de Entre Ríos, de un millar de personas cada una, repudiando los femicidios, exigiendo la declaratoria de una emergencia por violencia de género y la aprobación de una ley provincial.
En 2016 se han cometido 12 femicidios en Entre Ríos. Ha habido más de 2 mil denuncias por violencia contra las mujeres, lo que representa casi 300 denuncias de violencia por cada cien mil mujeres, apenas un indicio del grado de violencia machista. Muchas más denuncias no se realizan debido a la inexistencia de una política gubernamental que brinde protección integral a las víctimas, que no cuentan con albergues o subsidios. La ley 26.485 contempla un subsidio para mujeres víctimas de violencia, pero el gobierno no la implementa.

Cifras de distintas ONG estiman que más del 75% de los asesinos son parejas o ex parejas de las víctimas. La noción patriarcal de que el hombre es propietario de su pareja es la base de estos crímenes de odio contra las mujeres.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich trató de salvar su responsabilidad culpando a los jueces de Entre Ríos, pero ellos solo reproducen una política machista que encabeza el propio gobierno nacional. Prueba de ello es que Macri sigue destinando una miseria del presupuesto nacional para prevenir y combatir la violencia de género. Como dicen Mujeres de Izquierda Socialista, los gobiernos son los responsables.