El presidente dijo que hay que rediscutir “la totalidad de los convenios colectivos de trabajo”, mientras era aplaudido a rabiar por los empresarios. Viene por la flexibilización laboral y la baja salarial, un ataque en toda la línea contra el movimiento obrero.

Escribe José Castillo

La escena sucedió en la Conferencia Industrial de la UIA de la semana pasada. Macri afirmó que “la Argentina no puede salir al mundo ni aceptar los desafíos del siglo XXI con convenios colectivos del siglo XX”. Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, salió con todo a defender flexibilizar los convenios. Lo mismo hizo el vicepresidente segundo, Luis Betnaza, que moderó el panel donde el Ministro Triaca que afirmó que para la patronal “hay “80 convenios que están en la mira para ser modificados”. Trascendió que los primeros serían los de gráficos, la carne, Smata, Luz y Fuerza, el Somu e incluso Sanidad, el gremio de Héctor Daer, uno de los secretarios del triunvirato de la CGT. Toda la Conferencia de la UIA fue una tribuna de propaganda contra los trabajadores: su propio presidente Adrián Kaufmann sentenció: “hay situaciones que llevan muchas décadas y deben ser actualizadas”. Miguel Braun, el secretario de Comercio, defendió los salarios por productividad: “hay que producir más por hora de trabajo”, afirmó. El Vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, por su parte agregó: “tenemos que poner la productividad como una batalla entre todos. Habrá que ver si hay convenios que están frenando esto”.

Todos reconocieron al convenio petrolero de Vaca Muerta para la extracción de petróleo no convencional acordado entre los gobernadores y el burócrata sindical Guillermo Pereyra (Secretario General del Sindicato petrolero de Neuquén) como el modelo a seguir. Efectivamente, este acuerdo es un “ejemplo” de derechos perdidos por los trabajadores, tanto en salario (no se pagarán más las largas horas para llegar a los lugares de trabajo, sumamente alejados) como en mayor ritmo de trabajo (menos trabajadores por pozo para realizar la misma tarea) en incluso en riesgo de accidentes laborales (se obliga a trabajar “con viento” o a armar los equipos en la oscuridad, actividades prohibidas hasta ahora por la peligrosidad que conllevan). El otro “ejemplo” que tiene para mostrar el gobierno es su convenio con Mc Donalds, que con la excusa de “capacitación de jóvenes” terminó siendo tan flexibilizador y negrero que fue cuestionado por la justicia por violar “el derecho internacional y la constitución nacional”.

La propia burocracia sindical de la CGT también “aportó lo suyo”: avaló que el tema entre en la agenda de discusiones de la Mesa del Diálogo y la Producción. En la reunión del miércoles pasado, mientras se anunciaba con bombos y platillos un supuesto “acuerdo antidespidos” hasta marzo, se acordaba la creación de siete mesas de trabajo por rama y temática para revisar la “productividad laboral”, lo que en concreto significa avanzar en la modificación de los convenios. Los empresarios y el gobierno buscan imponer lo que llaman la “polifunción”, o sea que todo trabajador pueda ser obligado en su horario de trabajo a realizar cualquier actividad, más allá de su especialidad. “Esto no es flexibilidad, es una nueva agenda consensuada con los gremios” dijo Triaca, revelando la complicidad de la burocracia sindical (Clarín, 23/11).

Los convenios colectivos de trabajo fueron una gran conquista de la clase trabajadora, obtenidos tras años de lucha. El gobierno y las patronales mienten cuando dicen que en casi todas las actividades rigen los convenios de 1975. La inmensa mayoría ya fueron modificados en la década menemista, y en todos los casos los cambios fueron en contra de los trabajadores, quitándoles beneficios y flexibilizando las condiciones de trabajo. A posteriori, en el propio siglo XXI, se modificaron más de 300 convenios. Por otro lado, ¿qué quiere decir el gobierno cuando habla de convenios del siglo pasado? Efectivamente, las conquistas más importantes de la clase obrera, como las ocho horas de trabajo o el descanso dominical fueron conquistas ya no del siglo XX, sino del siglo XIX. Sobre ellos se basa la dignidad del trabajo, y las defendemos a muerte, contra las violaciones cotidianas que hacen ya hoy las patronales, con convenios o sin ellos.

El gobierno de Macri se juega ahora a una modificación radical, de “todos” los convenios. Ni la dictadura se había animado a tanto. Buscan mejorar las ganancias de las empresas a costa de los derechos conquistados por los trabajadores. Se trata de una declaración de guerra contra la clase trabajadora. Si se avanza en este sentido, nos enfrentaremos a una durísima pelea. En la que, una vez más, ya tenemos a los burócratas sindicales pactando con el gobierno y los empresarios. Por eso será más urgente que nunca que el sindicalismo combativo, las nuevas comisiones internas, los cuerpos de delegados y las agrupaciones antiburocráticas avancemos en la coordinación para enfrentarla.

Bancarios reabrieron la paritaria

La realización de paros y asambleas como parte de un plan de lucha rindió sus frutos para los trabajadores bancarios. Lograron bonos entre 8 mil y 12 mil pesos, la reapertura de la paritaria y un aumento salarial con un piso del 24% para el año que viene (en el que el gobierno asegura que la inflación no superará el 17%). Queda demostrado que el camino para evitar el robo salarial es la movilización.

Más de 100 mil trabajadores de la Asociación Bancaria, lograron estos acuerdos que permiten preservar su salario real ante los embates de índices inflacionarios que vienen destruyendo los ingresos de la mayoría de los asalariados argentinos. La mayoría de los trabajadores no logró sostener el valor real de sus salarios ante el ajuste del gobierno, avalado por la tregua de la CGT.

Judiciales bonaerenses paran 48 horas

Escribe Benjamín Gandolfo Comisión Directiva AJB San Martín

La medida se definió en las asambleas departamentales como respuesta a la reunión paritaria que tuvo lugar con el gobierno la semana pasada, fruto de una medida cautelar que obligó al gobierno a sentarse en la mesa de negociación. Sin embargo, en dicha reunión, el gobierno no hizo ninguna propuesta de reajuste al 32,5% acordado en mayo para el 2016, lo que ratifica que apuesta al desgaste de la capacidad de movilización de los judiciales, que venimos de realizar más de 40 días de paro en lo que va del año y decenas de movilizaciones. Ante la inminencia de las fiestas, es necesario una movilización de todos los gremios bonaerenses que unifique el reclamo de reajuste salarial y obligue al gobierno a sentarse a negociar, como se hizo en mayo con la gran movilización a La Plata de 50.000 estatales. A la vez, hay que comenzar a preparar desde las bases un plan de lucha para 2017.