Escribe Simón Abreu

Las cifras del Indec revelan que la inflación sigue cabalgando por encima de los estimados del gobierno. El mes de octubre cerró en 2,4%, muy por encima del 1% de las proyecciones oficiales. De esta manera, al cierre del año, la inflación estará alrededor del 45%, lo cual supone un duro golpe para los bolsillos de los trabajadores y demás sectores populares, cuyos aumentos salariales estuvieron significativamente por debajo, con un aumento promedio de 32% en las paritarias. Ni qué hablar del 40% de los trabajadores que trabajan totalmente en negro. De la misma manera, no puede haber la menor confianza en la proyección oficial de 17% de inflación para el próximo año. Todo indica que será muy superior.

El bono de fin de año de 2 mil pesos sugerido por el gobierno, de por sí irrisorio, no será pagado a todos los trabajadores. Como parte de su estrategia de permitir al gobierno avanzar con el ajuste, la CGT sigue en su tregua propatronal y deja que cada gremio pelee individualmente el monto del famoso bono de fin de año. Por eso el monto negociado varía enormemente: algunos trabajadores como los petroleros y textiles no obtendrán un peso, mientras que en el otro extremo los aceiteros recibirán 26 mil pesos (La Nación, 27/11).

Los trabajadores del sector privado recibirán entre 2.000 y 7.000 pesos, según el gremio, entre ellos el del Neumático, Alimentación, Uocra y metalúrgicos. Los bancarios y camioneros, que realizaron acciones de lucha, cobrarán entre 8.000 y 12.000 pesos, además los bancarios lograron reabrir la paritaria (ver recuadro). En el sector público el bono estará en la mayoría de los casos entre 2.000 y 3.500 pesos, sólo para una parte de los empleados.

Para hacerse una idea de lo minúsculo que resulta este bono, se calcula que la canasta navideña, que comprende el costo de una cena para cinco personas con ingredientes tradicionales, se ubicará este año entre 800 y 1200 pesos, un 40% más que la del último año.

En total complicidad antiobrera, el gobierno pretende esperar a marzo de 2017 para convocar a la reunión del Consejo del Salario, donde quiere fijar un salario testigo a la baja que discipline el resto de las pautas salariales en las paritarias. Todo con la venia del triunvirato cegestista (Schmid, Daer y Acuña) que le ha permitido a los empresarios y al gobierno el sideral robo salarial de todo este año calculado en un promedio por trabajador entre 15 y 10.000 pesos cada uno.

Desde la izquierda y el sindicalismo combativo consideramos que es necesario unificar las luchas con la bandera de un aumento salarial de emergencia, que lleve el salario mínimo al monto de la canasta familiar y aumente en 6.000 pesos las jubilaciones. Que se reabran las paritarias, indexando los aumentos a la inflación trimestralmente. Las razones para realizar un paro general siguen más vigentes que nunca, y sin duda ésta será nuevamente la principal exigencia de los trabajadores al iniciar el 2017.