Escribe José Castillo

Se están terminando en todo el país las “audiencias públicas” para legalizar el tarifazo en el gas. Metrogas y Gas Ban (las dos empresas que agrupan a la mayor cantidad de usuarios) han pedido incrementos que orillan el 600%. Ya en octubre pasado las petroleras habían recibido el regalo de aumentos en el precio del gas a boca de pozo de hasta el 400%, a la vez que se establecía un sistema de ajustes semestrales (en abril y septiembre) vigentes a partir del año próximo, sin que nunca se dieran a conocer cuáles eran los costos de esa extracción.

Ahora llegó el turno donde las empresas transportadoras (Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur) y las distribuidoras piden su “tajada” en el tarifazo. Las primeras pidieron incrementos cercanos al 30%. Pero las que “se destacaron” por sus desaforados planteos fueron las distribuidoras. En concreto Metrogas solicitó un aumento del cargo fijo del 566%. Para ejemplificar, un usuario que hoy paga de cargo fijo 38 pesos, pasaría a pagar 254. Recordemos que a eso hay que sumarle el consumo de gas propiamente dicho.

Gas Ban (que cubre un porcentaje importante de la distribución en la Provincia de Buenos Aires) reconoció en un “ejemplo” que presentó durante la misma audiencia lo astronómico de la suba: un hogar promedio del Gran Buenos Aires, con un consumo anual de 1000 metros cúbicos -que alcanza para cocinar, agua caliente y dos estufas terminará pagando 780 pesos por mes de gas. A los directivos de esa compañía no se le cayó la cara de vergüenza al solicitar semejante incremento.

Si se terminan efectivizando todos estos aumentos, la tarifa de gas subirá cuatro veces el año próximo (en enero, abril, julio y octubre) según los “incrementos de costos” de los distintos componentes de la tarifa (dos veces por el valor de gas en boca de pozo y dos veces por transporte y distribución). Además, al establecerse la “dolarización” de las tarifas, cualquier devaluación de nuestra moneda impactará directamente sobre el usuario.

Así termina el 2016, un año en el que tuvimos tarifazos para todos los gustos, tanto del transporte como de la energía eléctrica, el agua y el gas. En algunos casos se los logró frenar parcialmente con movilizaciones, cacerolazos y presentaciones de amparos colectivas. Pero finalmente la tregua de la CGT y las propias maniobras del gobierno en la justicia están logrando hacerlos pasar. De esta forma, empresas privadas monopólicas se verán premiadas con las superganancias que obtendrán, a pesar de que brindan pésimos servicios y provocan accidentes mortales mientras no invierten un peso para extender la red (todavía hoy hay una región entera del país, el noreste, dependiendo del gas en garrafas).

Como si todo eso fuera poco, el gobierno de Macri está proponiendo para dirigir al Enargas (el ente encargado de “controlar” a las empresas privatizadas) nada menos que a Marcelo Figueroa, actual vicepresidente de Adnoc –la petrolera de Abu Dhabi– y ex director de operaciones de Metrogas y como su segundo a Daniel Perrone, que proviene de Transportadora Gas del Sur. Como quien dice, el lobo vigilando a las ovejas.

El 2017 será el año en que se verá plenamente el impacto de estos incrementos en las tarifas. Hay que seguir peleando para que no se efectivicen. Continuando con las asambleas de usuarios, los cacerolazos y las movilizaciones. Reclamando que las boletas vuelvan a los valores que tenían a comienzos de 2016 y peleando por la única salida de fondo: la rescisión de todos los contratos de los servicios públicos privatizados, la reestatización de las empresas y su puesta en funcionamiento bajo la gestión de sus propios trabajadores y usuarios.