El 28 de noviembre se estrelló el avión en el que viajaba el prometedor equipo de fútbol brasileño Chapecoense. Un entramado de mafias guiadas por la desquiciada búsqueda del lucro a toda costa llevó a cabo las acciones que llevaron a este desenlace.

Escribe Simón Rodríguez

Las responsabilidades detrás de la caída del vuelo de la empresa Lamia retratan el modo en que operan los negocios capitalistas en nuestra región, con total desprecio por las vidas humanas. Las investigaciones apuntan a la irresponsabilidad de un piloto que se negó a hacer escala para cargar combustible, y que a catorce minutos de estrellarse aún no alertaba a los controladores aéreos de la emergencia. Detrás de estas decisiones operaba una lógica terrible. El piloto Miguel Quiroga, también copropietario de la aerolínea, pretendía ahorrar 10 mil dólares al no abastecerse en Bogotá; no avisó hasta el último momento de la falta de combustible para eludir una multa de 25 mil dólares. Con un estricto criterio capitalista, apostaba con las vidas de 77 personas, incluyendo la propia.

El vuelo había sido autorizado, pese a que la controladora aérea Celia Castedo advirtió que la autonomía de vuelo no superaba el trayecto del viaje. Esto sucedió posiblemente por presiones de las máximas autoridades de la aviación civil boliviana, destituidas luego del accidente, entre las que figuraba un familiar del militar retirado y gerente de Lamia en Bolivia, Gustavo Vargas.

El registro de Lamia en Bolivia se había realizado en 2015 a nombre de pilotos y empleados, para encubrir la relación de propiedad existente con la empresa Lamia de Venezuela, cuyo propietario es Ricardo Albacete, un ex senador procesado judicialmente en varias ocasiones, bajo acusaciones diversas que incluyen la defraudación. El dueño de Lamia en Venezuela alquilaba los tres aviones a la empresa boliviana del mismo nombre, pero formalmente no hay relación de propiedad entre las dos empresas. Las conexiones políticas de Albacete le servían para ofrecer vuelos charter a selecciones nacionales sudamericanas muy por debajo de los precios internacionales, llegando a trasladar a la selección argentina, a la venezolana y a diversos clubes. Como se supo luego del accidente de la tragedia, el seguro contratado por Lamia para cubrir accidentes es de apenas 25 millones de dólares, y no cubre los imputables a la negligencia de los pilotos. Pese a que Albacete es propietario de otras empresas, como Gurimetal, Alba Energy, Iteca, Hotel 12 con 12 y Constructora Vimaca, la empresa boliviana alega no tener más que deudas y probablemente intentará eludir el pago de las indemnizaciones a las víctimas. Pero nada impidió que los directivos de la Conmebol, ávidos de negocios, contrataran los servicios de Lamia.

La prensa oficial venezolana señaló que Lamia, creada en 2009, sería una empresa mixta con capital público y privado. También le atribuyó el financiamiento de un fondo estatal venezolano proveniente del endeudamiento externo con China. Pero la empresa nunca voló en Venezuela, pese a contar con el apoyo de tres gobernadores chavistas. La conexión china de Albacete cobró notoriedad cuando representó a su socio, el magnate Sam Pa, en el intento de comprar un astillero en Vigo, Estado español.

Sam Pa a su vez es un burgués ligado a la nomenclatura del Partido Comunista de China. Detenido en octubre de 2015 bajo cargos de corrupción en Pekín, Sam Pa desarrolló durante décadas importantes negocios en Angola, donde se asoció al vicepresidente del país, Manuel Vicente, y a la petrolera estatal Sonangol, como accionista mayoritario de la empresa mixta China-Sonangol. También realizó negocios en Tanzania, incluyendo el alquiler de aviones para vuelos comerciales, uno de los cuales se estrelló en 2012, así como en Guinea, Madagascar, Corea del Norte y Sierra Leona, a donde habría viajado con Albacete en septiembre de 2015 con la intención de promover una línea aérea; el viaje se habría realizado en el mismo avión que 14 meses después se estrellaría cerca de Medellín. Todos estos negocios de Sam Pa fueron apuntalados por el financiamiento estatal chino y las conexiones políticas con el PCCh.

La corrupción de las autoridades civiles y militares de Venezuela y Bolivia, los negocios de la Conmebol, la depredación de la burguesía china en Latinoamérica y los fraudulentos empresarios “nacionales”, confluyó en este crimen del que fueron víctimas los jugadores del Chapecoense y demás pasajeros. Un crimen que resume el retorcido capitalismo actual y que no debe quedar en la impunidad.