Escribe José Castillo

A partir del mes de febrero habrá un nuevo mazazo contra el bolsillo popular: aumentos que llegan al 150% en las tarifas de la electricidad de Edenor y Edesur. Con estos valores, un consumidor promedio recibirá facturas de más de 630 pesos por mes. Y habrá otro aumento en el mes de noviembre y un tercero en febrero de 2018.

Todo esto aparece “legalmente justificado” por las audiencias truchas que se llevaron a cabo en 2016. Tanto las generadoras de electricidad (multinacionales del gas y petróleo) como las transportadoras y distribuidoras, se la pasaron tratando desvergonzadamente de demostrar que habían perdido por el “congelamiento de tarifas”. Vulgar mentira: durante todo el ciclo kirchnerista se llevaron millonadas en subsidios que compensaron ampliamente el valor de las tarifas.

Ahora a todas estas empresas que llevan casi 25 años brindando servicios pésimos, con apagones continuos, burlándose de los usuarios, se las “premia” a cambio de la promesa de reducir los cortes en la próxima década. No sólo se les otorgarán incrementos en las tarifas, sino que continuarán recibiendo cuantiosas sumas en concepto de nuevos subsidios (en 2016 recibieron 100.000 millones de pesos).

Este tarifazo es un nuevo guadañazo al salario. Y aún faltan los incrementos de las tarifas de gas que llegarán en el mes de abril. Todo esto hace que existan muchísimos trabajadores que para pagar las tarifas energéticas (luz y gas) utilizan más del 10% de su salario, entrando en la categoría de “pobres energéticos”. Tenemos que salir a rechazar este aumento como el año pasado, con asambleas, presentaciones de amparos colectivos y cacerolazos. Planteando la única salida de fondo, que consiste en la reestatización del conjunto del servicio, gestionado por sus propios trabajadores y las organizaciones de usuarios.