Escribe Ezequiel Peressini

En la madrugada del 22 de enero, la policía de la provincia de Córdoba asesinó a Franco Amaya en un control policial. Franco andaba en moto con su primo cuando la policía le exigió frenar, no pudiendo hacerlo por falta de frenos. Así, y por un disparo por la espalda, se suma a uno más de los pibes asesinados por las fuerzas represivas de nuestro país. De 1983 a la fecha ya son 4.960 los jóvenes asesinados por la policía en nuestros barrios, cárceles y comisarías. Hoy en nuestro país un joven es asesinado cada 25 horas por las fuerzas represivas.

Los asesinos de Franco fueron detenidos a pedido de la fiscal, pero el gobierno busca desligar su responsabilidad aludiendo a que es un “caso aislado”, cuando en realidad es el gobierno de la provincia quien impulsa la mano dura a través del código de convivencia que sostiene la figura de “actitud sospechosa”. Por eso el principal responsable del asesinato de Franco es el gobierno de Schiaretti y sus ministros y jefes policiales.

El mismo 22 por la tarde se realizó una movilización convocada por la familia para exigir justicia. La bronca se hizo sentir y la repuesta de la justicia fue la represión y detención de diez jovenes, entre ellos cuatro menores, muchos de ellos conocidos y amigos de Franco. Desde nuestra banca en la legislatura estuvimos presentes en la movilización y logramos la liberación de los pibes, que al salir denunciaron las provocaciones y violencia que ejerció la policía.

A partir de este escandaloso episodio, el gobierno pasó a retiro al comisario de la regional y propone capacitar por unos meses más a la policía provincial. Desde Izquierda Socialista continuamos acompañando a los familiares de Franco exigiendo justicia y la absolución de los pibes imputados. Como así también reclamamos la elección directa de comisarios y jueces, la revocabilidad de sus mandatos, juicio y castigo a todos los agentes y funcionarios relacionados con la dictadura militar y el desmantelamiento de las fuerzas represivas.