Permitió a los banqueros cometer todo tipo de estafas y hacer ganancias multimillonarias. Hubo depositantes estafados una y otra vez. Decenas de miles de trabajadores bancario fueron despedidos. Pero, increíblemente, esta ley de la dictadura sigue plenamente vigente. Ningún gobierno posterior a 1983 quiso derogarla.

Escribe José Castillo

Hacía apenas un año que la dictadura genocida de Videla estaba en el poder. Los militares y sus socios empresarios habían aprovechado el terror y la represión sobre el movimiento obrero para lograr bajar los salarios en un 40%. Así llegamos a comienzos de 1977, donde Martínez de Hoz promulgó la ley que va a cambiar de raíz el sistema financiero argentino. Se trató en realidad de dos normas: la ley 21.495 llamada de “descentralización de los depósitos bancarios” y la ley 21.526, más importante, de “régimen para las entidades financieras”.

La nueva ley se hizo a medida de los intereses de los banqueros, quitando todos los controles y limitaciones que habían existido hasta entonces (ver “cada vez más saqueo”). Se desregularon totalmente las tasas de interés: a partir de ese momento los bancos las podrían fijar a voluntad. También se redujeron al mínimo los requisitos para abrir entidades financieras. Prácticamente sin control se habilitó a cualquier buitre financiero local o extranjero a tener su banco y la cantidad de sucursales que quisiera, donde podría realizar sin restricciones cualquier operación “financiera” dentro o fuera del país.

Explosivamente se crearon montones de bancos y financieras, muchos de ellos de dudoso origen. En apenas dos años hubo casi 1.200 sucursales bancarias nuevas. Rápidamente florecieron todo tipo de “bicicletas financieras”. Mientras se hacían fortunas “jugando” con el dólar y tasas de interés astronómicas, los préstamos se tornaron carísimos y prácticamente prohibitivos para el trabajador o el pequeño comerciante.

Ya en 1980 se produjo la primera crisis, con la quiebra del Banco de Intercambio Regional (BIR), que arrastró a otras 37 entidades. Se calcula que fueron estafados 350.000 ahorristas. Después vendría, siempre bajo el amparo legal de esta ley de Martínez de Hoz, la llamada estafa de la resolución 1050. En este caso, por la indexación usuraria que se fijó a los créditos hipotecarios, decenas de miles de trabajadores no pudieron seguir pagando las cuotas de sus créditos y terminaron perdiendo sus casas. En 1982, ya con Domingo Cavallo a cargo del Banco Central, la ley de Entidades Financieras fue el paraguas legal que hizo posible la estatización de toda la deuda externa privada argentina (que incluía la de unos cuantos bancos privados).

Ni Alfonsín ni Menem se plantearon jamás derogar esta vergonzosa norma de la dictadura. Peor aún, durante el menemismo se la “perfeccionó” dándole el tratamiento de bancos locales a las filiales de los bancos extranjeros establecidos en nuestro país y haciéndole creer a los ahorristas que los depósitos en dólares tendrían plena garantía del Estado. Todo esto no impidió que en la década del 90 siguieran quebrando entidades, dejando su tendal de ahorristas estafados y empleados bancarios desempleados. Así pasaron los escándalos del Banco Mayo, Patricios y tantos otros, a la vez que se concentraba y extranjerizaba el sistema. Al mismo tiempo se privatizaron la gran mayoría de los bancos provinciales.

En la crisis de diciembre de 2001 se pudo ver claramente cuál era el rol de la ley de entidades financieras de la dictadura, que “avaló legalmente” el robo más grande a los ahorristas de toda la historia, a la vez que autorizó al Banco Central a poner todos los recursos financieros del estado para que los banqueros mantuvieran (y ampliaran) sus ganancias.

El kirchnerismo, a pesar de su discurso presuntamente “antineoliberal” se negó rotundamente a derogar esta ley nacida al calor del genocidio. Argumentó que algunas modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central, realizadas en 2012, eran suficientes para terminar con los privilegios de los banqueros. Claramente no fue así. Durante esos años, como lo reconoció entonces la propia presidente Cristina Fernández de Kirchner, “se la llevaron en pala”. Efectivamente, en los 12 años de kirchnerismo las ganancias del sector fueron récord, mientras se les garantizaba incluso el no pago de impuestos sobre la renta financiera. Ahora el macrismo, haciendo uso de las propias atribuciones de esta ley, habilita nuevas bicicletas financieras y negociados, mientras el crédito para el consumo o para la adquisición de viviendas sigue teniendo tasas usurarias.

La ley de entidades financieras es la más importante ley “económica” de la época de la dictadura que continúa en vigencia. Cuáles son los requisitos para abrir un banco, a qué regulaciones e inspecciones tiene que someterse, cómo se “protege” a los ahorristas y qué está autorizado el banco a hacer con ese dinero (si prestarlo productivamente o meramente usarlo para especular) está regido por una norma escrita por Martínez de Hoz y refrendada por Videla. Alfonsín, Menem, De la Rua, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner se negaron explícitamente a derogarla. Macri, obviamente, la usa a su favor. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda lo decimos con todas las letras: hay que eliminarla ya mismo y reemplazarla por otra que plantee la nacionalización de la banca, al servicio de un programa económico alternativo obrero y popular.

Sistema financiero: Cada vez más saqueo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA), organismo de control de todo el sistema bancario, fue creado en 1935 como una entidad privada y “a la medida” de los intereses británicos, entonces hegemónicos en nuestro país. Será estatizado en 1946 por el peronismo, que a la vez procedió a nacionalizar los depósitos bancarios. Así, los distintos bancos comerciales que seguían existiendo (tanto públicos como privados) recibían depósitos de sus clientes, pero ese dinero ingresaba en su totalidad al BCRA. Luego el Banco Central decidía cuánto dinero entregaba a cada banco para otorgar préstamos, con qué objetivo y a qué tasa de interés. Los bancos comerciales, eran entonces meros intermediarios del Banco Central y recibían por ello una comisión, que constituía su “ganancia”. La nacionalización de los depósitos bancarios (medida parcial, ya que, como vemos, seguían existiendo los bancos privados) permitió no obstante que se pudiera crear una enorme cantidad de préstamos para el consumo popular, para el crédito hipotecario (construcción de viviendas) y para el desarrollo industrial en general.

Con la caída del peronismo en 1955 se modificó este sistema y los bancos volvieron a operar tomando depósitos y otorgando préstamos según su propia decisión. Pero el Banco Central todavía ejercía un fuerte control sobre las entidades, fijando las tasas de interés máximas que estas podían cobrar y estableciendo estrictos límites a los negocios financieros que podía realizar cada uno.

El gobierno peronista de 1973 volvió a nacionalizar los depósitos, estableciendo un sistema similar al de 1946. El estado tomó otra vez control de los depósitos. Claro que ahora las políticas económicas de Perón y su sucesora Isabel estaban muy lejos de las del primer gobierno peronista. Primó el ajuste y esta vez no hubo ni préstamos para el consumo ni políticas de desarrollo industrial.

La ley de entidades financieras de la dictadura vino a dar por tierra en 1977 con toda la historia anterior. No sólo derogó la nacionalización de los depósitos, sino que eliminó todas las regulaciones anteriores que habían controlado parcialmente al sistema entre 1935-1946 y 1955-1973. Desde hace 40 años, los banqueros están habilitados a hacer prácticamente lo que quieren con el ahorro de los depositantes.

J.C.

¿Por qué estatizar la banca?

Los bancos cumplen una función estratégica en la economía. Pensemos en las enormes masas de dinero que suman todos los sueldos que van quedando en los bancos mientras nosotros lo retiramos de a poco por los cajeros automáticos. Son astronómicas las sumas que entran diariamente a las entidades financieras y van a parar provisoriamente a los tesoros de los bancos. Este es el primer motivo por el que decimos que no es un “negocio” cualquiera. No se puede dejar a los banqueros la seguridad de nuestros ahorros o de la riqueza popular. En la historia reciente argentina, la estafa a los ahorristas en 2001 es un ejemplo claro de porqué.

Por otra parte toda esa masa de dinero es un enorme recurso que debe ser aprovechado. Los bancos privados lo hacen sacando la mayor ganancia para ellos. No importa con que jugada especulativa o parasitaria. Nosotros, en cambio, decimos que todos los bancos privados, nacionales o extranjeros, deben ser estatizados. Para que esa masa de dinero se concentre en una gran banca nacional que dé crédito para el consumo, préstamos hipotecarios para que se pueda acceder a la vivienda propia, crédito para cooperativas o pequeños productores y para financiar al Estado en la construcción de escuelas, hospitales u obras de infraestructura. La tarea de gestión de esa banca nacionalizada puede perfectamente ser llevada adelante por los propios trabajadores bancarios, que conocen perfectamente su mecánica. Así, una banca estatizada y bajo control de los trabajadores estará en condiciones de aportar a un auténtico programa económico obrero y popular.

J.C.