El Senado aprobó lo que se conoce como “Ley de cannabis medicinal”, un proyecto acordado por el PRO con todos los bloques de ambas cámaras, que tiene por objeto crear un programa de investigación (privada y pública) del uso médico, terapéutico o paliativo de la planta del cannabis y sus derivados.

Escribe Nicolás Nuñez

Por un lado, crece el reclamo en nuestro país por la legalización de la marihuana, y por otro, el gobierno de Cambiemos tiene como prioridad una política de “combatir el narcotráfico” que deviene en persecución y criminalización del autocultivo y el consumo.

Por caso, se encuentra hace más de 40 días detenida la activista Adriana Funaro por producir el aceite con el que trataba los insoportables dolores de la artrosis que sufre y que compartía con pacientes de diversas edades y patologías. En la Argentina se producen alrededor de 15 mil detenciones al año relacionadas a la marihuana, de las cuales el 85% refiere a consumo personal o cultivadores.

“No más presos por cultivar, regulación del cannabis ya”, fue una de las pancartas que encabezó el año pasado la marcha habitual de todos los primeros sábados de mayo de cada año, y cuya columna de 150 mil personas fue encabezada por chicos en sillas de ruedas que padecen epilepsia refractaria. Este reclamo popular fue desviado por el accionar parlamentario de los partidos patronales (PRO, peronistas y radicales), que operaron para que el proyecto saliente se limite únicamente al impulso de la investigación sostiendo la criminalización del autocultivo y el consumo.

Frente a este escenario, organizaciones como “Mamá Cultiva” celebraron la aprobación del proyecto, en tanto implica un cambio en la concepción del estado respecto de una planta cuyo uso se encuentra criminalizado hace 50 años, y por el camino que abre a que miles de usuarios del cannabis medicinal puedan tener finalmente acceso legal a sustancias que mejoran su calidad de vida. Pero las limitaciones, como lo demuestra el caso de Funaro, cuya detención domiciliaria fue ratificada por un juez 48 horas después de aprobada la ley, están a la vista.

El debate parlamentario dejó explicitamente de lado la discusión respecto de la legalización del cannabis (y del resto de la sustancias psicoactivas) para uso recreativo. Sigue primando el criterio de mantener legales algunas drogas (tabaco, alcohol, psicofármacos) comercializadas por poderosos oligopolios y multinacionales, y circunscribir otras al plano de la ilegalidad. Desde Izquierda Socialista seguimos insistiendo en que la legalización acompañada por la regulación y producción por parte del Estado con el control de las organizaciones de consumidores es el camino para acabar con venenos de alcance masivo como el paco; para garantizar el acceso económico a los productos medicinales; para el control de la calidad de lo que se produce y la cantidad de lo que se consume; para la generación de campañas nacionales y masivas contra el uso problemático de las drogas; y para desarticular al narcotráfico quitándole el nicho de donde provienen sus ganancias.