El gobierno utilizó el máximo tribunal para intentar avanzar hacia la disolución del parlamento. La maniobra destapó la crisis del chavismo y se evidenciaron divisiones internas, ante lo cual Maduro ordenó retirar las antidemocráticas sentencias y en pocas horas fueron modificadas. Este fracaso mostró la debilidad que subyace a su intento de avanzar hacia una dictadura abierta.

Escribe Simón Rodríguez Porras

Desde que el gobierno perdió las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN), en diciembre de 2015, aprovechó su control absoluto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ir anulando en los hechos al parlamento. Este proceso dio un salto con las escandalosas sentencias 155 y 156, publicadas el 27 y el 29 de marzo de este año. En la primera de ellas, el TSJ ordenó a Maduro modificar la ley antiterrorista, la ley contra la corrupción, el código penal y el código de justicia militar, todo con el objetivo de perseguir a los parlamentarios opositores considerados como “traidores a la patria” sin fueros. En la sentencia 156, se dictaminó que “no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas” con transnacionales en la industria petrolera, eliminando el requerimiento de que los contratos sean aprobados por el parlamento. Desde hace una década, la industria petrolera es operada por empresas mixtas en las que hasta un 40% de las acciones son propiedad de transnacionales como Chevron, Repsol o ENI, una realidad muy alejada de la imagen “antiimperialista” que el chavismo trata de proyectar. La sentencia 156 buscaba facilitar la continuidad de ese saqueo, facultando además a Maduro para modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos y otorgando funciones parlamentarias al propio TSJ.

El golpe de timón generó fisuras en el gobierno. La Fiscal General, la ultrachavista Luisa Ortega Díaz, calificó las sentencias como inconstitucionales. La crisis fue tal que Maduro revirtió la decisión. El Consejo de Defensa de la Nación, compuesto por altas autoridades civiles y militares, convocado por Maduro para la madrugada del 1 de abril para apoyar la decisión del TSJ, terminó exhortando a una revisión de las sentencias. A las pocas horas el TSJ anunció que había “corregido” las sentencias, pero no han sido publicadas. Desde el 4 de abril ha habido protestas populares en varias ciudades, sometidas a una dura represión.

¿Ofensiva de la derecha o deriva dictatorial de Maduro?

El pueblo trabajador sigue sufriendo la escasez de alimentos y medicinas, mientras el gobierno recorta al mínimo las importaciones para pagar deuda externa. El enorme repudio popular al gobierno ante los efectos devastadores del ajuste es el trasfondo de la orientación autoritaria que adopta Maduro. La intención de atornillarse al poder a toda costa e impedir que la movilización popular o la vía electoral pongan fin al gobierno chavista es lo que explica la usurpación de funciones del parlamento, la eliminación de la legalidad electoral de la mayoría de los partidos políticos, la realización de razzias asesinas por parte de policías y militares en zonas populares, la anulación de libertades sindicales, la suspensión de todas las elecciones y la criminalización de la protesta y la disidencia. Un cuadro que nada tiene que ver con el “socialismo” del que habla el chavismo, sino con el intento de consolidar un brutal régimen capitalista.

Maduro cuenta a su favor con la crisis de los partidos de la oposición patronal, agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Subordinada al gobierno de Estados Unidos, la MUD acató los lineamientos de Obama y el Papa de conciliar con el gobierno para evitar un estallido social, firmando declaraciones conjuntas en las que se comprometió a “cooperar” con el gobierno en materia económica. Luego dio un giro y centró su actividad en apoyar las gestiones del secretario general de la OEA, Almagro, para que presionara al gobierno en el plano diplomático. Pero está tan dividida que ni siquiera pudo fijar una posición común ante el proceso de proscripción electoral de la mayoría de los partidos. Algunos partidos de la MUD concurrieron al proceso y otros lo cuestionaron. Mientras que el gobierno de Trump no define una orientación clara hacia Venezuela, Maduro le lanza puentes, llegando a llamarlo “amigo” y “camarada”.

Una alternativa de izquierda

El Partido Socialismo y Libertad (PSL), que se enfrenta tanto al gobierno como a la oposición patronal, denunció el apoyo de la MUD a la injerencia de la OEA: “Es suicida cifrar la más mínima expectativa en lo que puedan hacer los gobiernos antipopulares, ajustadores y represivos del continente en relación con nuestro país… no podemos contar más que con nuestras propias fuerzas, con la imparable movilización masiva del pueblo trabajador y con la solidaridad de los trabajadores y los pueblos de Latinoamérica y el mundo. De los gobiernos del continente y de la OEA no podemos esperar nada bueno, son enemigos históricos del pueblo venezolano” (PSL, ¡No a la injerencia de la OEA!, 2 de Abril).

La salida a la crisis que plantea el PSL pasa por la movilización contra el gobierno, para derrotar sus planes entreguistas, como la entrega de concesiones mineras en el Arco Minero del Orinoco y contratos a empresas mixtas petroleras con transnacionales, y para imponer una salida obrera y popular a la crisis, partiendo de que cese el pago de la deuda externa y se inviertan esos recursos urgentemente en la importación de alimentos y medicinas, así como en un aumento general de salarios.

Venezolanos residentes en Argentina se pronuncian ante la crisis

Un grupo de activistas venezolanos suscribieron el manifiesto titulado Un llamado urgente a la solidaridad con el pueblo trabajador venezolano, en el que reclaman a organizaciones chavistas, como Patria Grande o el Frente Popular Darío Santillán, a romper con el gobierno de Maduro y solidarizarse con los sectores obreros y populares que sufren actualmente el ajuste y la represión. Los activistas expresan su repudio a “toda injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela y los llamados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la intervención de la OEA” al tiempo que llaman a “la solidaridad de los pueblos latinoamericanos con el pueblo trabajador venezolano”. Apoyan las propuestas de la oposición de izquierda en Venezuela y exigen que “se respeten la libertad sindical y las demás libertades democráticas del pueblo venezolano”. El texto completo se puede leer en izquierdasocialista.org.ar y para adherir se puede escribir al correo solidaridadconvzla@gmail.com